El Gobierno de EEUU vinculó los fondos federales al cumplimiento de nuevas medidas de seguridad electoral y pide aprobar la ''Ley SAVE'' para exigir prueba de ciudadanía al votar.
La administración de Donald Trump intensificó su ofensiva para reforzar la seguridad electoral en Estados Unidos al advertir que los estados que se nieguen a colaborar con los nuevos requisitos impulsados por el gobierno federal podrían perder fondos públicos.
Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo que los funcionarios electorales que ignoren información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrían enfrentarse a multas, sanciones e incluso penas de prisión, dependiendo de la gravedad de sus acciones.
Las declaraciones de Mullin se produjeron durante una conferencia de prensa celebrada un día después del discurso del presidente Trump sobre la necesidad de garantizar elecciones libres y justas. En esa intervención, el mandatario anunció la des-clasificación de información de inteligencia que revela impactantes vulnerabilidades relacionadas con potenciales ataques informáticos, explotación de los sistemas electorales e injerencia extranjera.
La administración de Donald Trump anunció un refuerzo en la seguridad electoral e instó a los estados a cumplir con la ley
Para la administración Trump, la protección del proceso electoral constituye una prioridad nacional. Mullin sostuvo que el gobierno federal está proporcionando a los estados herramientas e información destinadas a fortalecer sus sistemas de votación y detectar posibles irregularidades. En ese contexto, aseguró que aquellos responsables electorales que, pese a recibir esos recursos, decidan no actuar para corregir vulnerabilidades podrían ser considerados responsables de las consecuencias.
Aunque el secretario no especificó qué legislación podría aplicarse ni cuáles serían los cargos concretos en un eventual proceso judicial, insistió en que los funcionarios públicos tienen la obligación de proteger la integridad del sistema electoral cuando cuentan con información suficiente para hacerlo.
Uno de los principales instrumentos impulsados por el DHS es la ampliación del programa SAVE, que permite a las autoridades electorales comparar los registros de votantes con bases de datos federales de inmigración para identificar posibles inscripciones de personas no elegibles para votar. Actualmente, 23 estados participan en esta iniciativa, mientras que otros, incluidos Mississippi, Dakota del Norte y Virginia Occidental, todavía permanecen fuera del programa.
El secretario de Seguridad estadounidense anunció que el gobierno federal está trabajando con los estados para llevar a cabo una modernización y fortalecimiento del sistema electoral
Mullin cuestionó públicamente a los estados que aún no se han incorporado al sistema de verificación federal y aseguró que deberían explicar a sus ciudadanos las razones de esa decisión.
''Todo estado que no participe con nosotros debería responder una pregunta muy sencilla: ¿por qué no? ¿Qué tienen que ocultar?'', afirmó el secretario. A su juicio, la cooperación entre los gobiernos estatales y el ejecutivo federal no debería interpretarse como una cuestión partidista, sino como una medida básica para proteger la confianza de los ciudadanos en las elecciones.
El DHS también anunció nuevas condiciones de seguridad electoral para los beneficiarios del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional administrado por FEMA. Según Mullin, la recepción de determinados fondos federales estará condicionada al cumplimiento de estándares mínimos destinados a fortalecer la infraestructura electoral frente a amenazas internas y externas.
Además, el secretario explicó que trabaja junto al secretario de Comercio, Howard Lutnick, en nuevos requisitos tecnológicos y de seguridad que complementarán esas medidas. Paralelamente, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) publicará en los próximos 30 días una versión actualizada de su estrategia nacional para proteger la infraestructura electoral.
El Departamento de Seguridad Nacional trabaja codo a codo con el Departamento de Comercio para alcanzar el objetivo de unas elecciones más seguras
Otro de los anuncios más destacados fue la revelación de que el Departamento de Seguridad Nacional identificó alrededor de 250.000 registros de votantes en California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania que, según la evaluación preliminar del organismo, pertenecen a personas que no son ciudadanos estadounidenses. La administración republicana considera que estos hallazgos justifican la necesidad de ampliar las verificaciones entre los padrones estatales y las bases de datos federales para evitar que personas no autorizadas puedan figurar en los registros electorales.
Mullin reiteró que todos los estados deberían adherirse al programa de seguridad del DHS para facilitar el intercambio de información y fortalecer la detección de registros potencialmente irregulares. Según sostuvo, el gobierno federal está dispuesto a colaborar con todas las administraciones estatales para garantizar procesos electorales más seguros y transparentes.
En el plano legislativo, el secretario volvió a reclamar al Congreso la aprobación inmediata de la Ley SAVE America, una iniciativa respaldada por el presidente Trump que exigiría prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante en elecciones federales y establecería la obligatoriedad de presentar una identificación con fotografía al momento de emitir el sufragio.
El líder la mayoría republicana en el Senado, afirmó que aún no cuentan con los votos necesarios para aprobar la legislación apoyada por el presidente Trump
Mullin afirmó que la propuesta debería aprobarse ''de inmediato'', argumentando que reforzaría la confianza pública en el sistema electoral y ofrecería mayores garantías frente a posibles irregularidades.
No obstante, el futuro del proyecto continúa siendo incierto en el Senado. El líder de la mayoría republicana, John Thune, reconoció que actualmente su partido no dispone de los 60 votos necesarios para superar un eventual bloqueo parlamentario de los demócratas, lo que dificulta el avance de la iniciativa pese al firme respaldo de la Casa Blanca.
