Washington busca frenar políticas escolares que excluyen a las familias de decisiones sobre identidad de género y garantizar el acceso parental a los registros.
El Departamento de Educación abrió investigaciones contra cinco distritos de distintos estados por políticas que permitirían mantener en secreto de las familias los cambios de identidad de género de los estudiantes. La administración Trump busca reforzar los derechos de los padres y garantizar que las instituciones educativas cumplan las leyes federales sobre privacidad y acceso a los registros escolares.
La iniciativa, anunciada el miércoles, apunta a prácticas que excluyen a los padres de decisiones especialmente sensibles sobre sus hijos y permiten implementar los salvajes procesos de transición de género sin informarles ni solicitar su consentimiento.
Las investigaciones están a cargo de la Oficina de Políticas de Privacidad Estudiantil (SPPO), que puso bajo examen a cinco sistemas educativos: Colonial School District, en Pensilvania; Eau Claire Area School District, en Wisconsin; Thompson School District, en Colorado; Community Unit School District 300, en Illinois; y St. Paul Public Schools, en Minnesota.
El gobierno de Donald Trump lanzó una investigación contra cinco distritos escolares a lo largo del país por excluir a los padres de niños en cuestiones de género
El gobierno sostiene que estos distritos implementaron planes confidenciales de apoyo de género en los que se consulta a los estudiantes sobre los nombres y pronombres que prefieren utilizar, el acceso a servicios de orientación y las condiciones bajo las cuales las escuelas deberían mantener esa información fuera del conocimiento de sus padres o tutores.
Las autoridades también cuestionan que algunos establecimientos almacenen esos documentos en sistemas separados de los registros educativos a los que pueden acceder las familias. De acuerdo con las denuncias, determinadas políticas permiten que el personal escolar utilice el nombre legal y el sexo del estudiante cuando se comunica con sus padres, mientras emplea nombres y pronombres diferentes dentro de la institución.
El director de la SPPO, Frank Miller, defendió las investigaciones y advirtió que las escuelas no pueden decidir unilateralmente qué información comparten con las familias.
El director de la Oficina de Políticas de Privacidad Estudiantil, Frank Miller, defendió las investigaciones llevadas a cabo por el gobierno federal
''La práctica de las escuelas de ocultar a los propios padres la información más sensible sobre sus hijos es inaceptable", afirmó. También remarcó que la legislación federal establece los límites de actuación de las instituciones educativas y que los padres son los primeros responsables de las decisiones relacionadas con la vida y la educación de sus hijos.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, respaldó públicamente la medida. En una publicación del pasado miércoles, sostuvo que resulta inadmisible que un distrito escolar excluya a las familias de decisiones tan delicadas.
''Como madre y abuela, es inconcebible que cualquier distrito escolar excluya a los padres de las decisiones más sensibles sobre sus hijos'' escribió. Además, aseguró que el gobierno utilizará todas las herramientas a su alcance para impedir que las familias permanezcan desinformadas.
La secretaria de Educación del gobierno de Trump aseguró que utilizarán todas las herramientas disponibles para impedir la desinformación de las familias
Las políticas cuestionadas por Washington
Las investigaciones buscan determinar si los distritos violaron dos leyes federales: la Ley de Protección de los Derechos de los Alumnos (PPRA), que establece requisitos de consentimiento parental para determinadas encuestas sobre información sensible, y la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), que garantiza a los padres el acceso a los registros educativos de sus hijos.
Entre las políticas examinadas, ''Colonial School District'' reconoce a los estudiantes el ''derecho a mantener privada su condición de género'' y establece que no se requiere un consentimiento adicional de los padres o tutores. Su formulario también pregunta a los alumnos qué adulto consideran de confianza y si desean que sus familias sean informadas.
En Wisconsin, el plan de ''Eau Claire'' consulta a los estudiantes qué tan seguros se sienten al comunicar a sus padres su identidad o transición de género, qué integrantes del personal escolar consideran personas de confianza y qué baños o vestuarios prefieren utilizar.
En un distrito escolar de Pensilvania, las escuelas reconocerán la ''privacidad'' de los alumnos a decidir su género sin que los padres se enteren
Por su parte, las directrices de ''Thompson School District'' indican que los empleados deben conversar con los alumnos sobre las posibles dificultades de involucrar a sus padres. El formulario de ''Community Unit School District'' 300 permite que los estudiantes determinen qué cantidad de información se comparte con sus familias.
En Minnesota, la política de inclusión de género de ''St. Paul Public Schools'' establece que la escuela y el estudiante decidirán el nivel de participación parental en las transiciones sociales. Su plan de apoyo también solicita el nombre, género y pronombres preferidos.
El incumplimiento de FERPA o PPRA puede derivar en la pérdida de fondos federales, una herramienta que el Departamento de Educación puede utilizar para exigir modificaciones en las políticas escolares.
El incumplimiento de directrices efectuadas por el Departamento de Educación podría derivar en la quita de fondos federales a las escuelas y sus distritos
Una ofensiva federal que ya alcanzó a otros estados
Las nuevas investigaciones se suman a una serie de medidas impulsadas por la administración Trump contra distritos y autoridades educativas acusados de ocultar información sobre la identidad de género de los estudiantes.
En julio, los departamentos de Educación y Justicia intervinieron en los casos de ''Anne Arundel County Public Schools'', en Maryland, y ''Ann Arbor Public Schools'', en Michigan. En el primer distrito, las autoridades federales denunciaron que la información sobre identidad de género era tratada de forma clasificada como un dato médico confidencial que no podía compartirse con los padres. Una familia descubrió mediante un correo electrónico que la escuela utilizaba pronombres masculinos para referirse a su hija.
En agosto, el Departamento de Educación alcanzó un acuerdo con ''Topeka Public Schools'', en Kansas. El distrito aceptó compartir con los padres los planes de apoyo de género existentes, dejar de elaborar nuevos documentos de ese tipo, revocar políticas contrarias y capacitar a sus empleados sobre las leyes federales. Aunque sus autoridades rechazaron las conclusiones del gobierno, aceptaron las condiciones para preservar el financiamiento federal.
El Departamento de Justicia también presentó una demanda contra ''Kansas City Public Schools'' por permitir que los estudiantes solicitaran excluir a sus padres de reuniones relacionadas con planes de transición de género. El distrito niega haber infringido la legislación.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda contra un distrito escolar en Kansas por permitir que los estudiantes puedan excluir a sus padres de reuniones relacionadas con cuestiones de género
California también quedó bajo presión federal. En enero, la SPPO determinó que el Departamento de Educación estatal continuaba incumpliendo FERPA. Washington cuestionó especialmente la influencia de leyes y directrices estatales, entre ellas la AB 1955, que presionan a los distritos para mantener en secreto los planes de apoyo de género y evitar que las familias accedan a esa información.
McMahon acusó entonces a California de abusar de su autoridad al presionar a los funcionarios escolares para que ocultaran a los padres información sobre las denominadas transiciones de género de sus hijos.
En marzo de 2025, el gobierno también había abierto investigaciones similares contra los departamentos de Educación de Maine y California.