El gobierno de Trump investiga a Minnesota por falta de transparencia en el manejo de 210 millones de dólares

El gobierno demócrata de Minnesota enfrenta nuevas acusaciones de falta de transparencia en la administración de fondos federales, después de que una investigación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos revelara que las autoridades estatales se negaron reiteradamente a proporcionar información sobre el destino de más de 210 millones de dólares destinados a programas de capacitación laboral y asistencia a desempleados.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo recomendó declarar en situación de incumplimiento al Departamento de Empleo y Desarrollo Económico de Minnesota (DEED), luego de que la agencia estatal ignorara múltiples solicitudes de documentación relacionadas con subvenciones federales.

El inspector general de Trabajo, Anthony D’Esposito, calificó la conducta de Minnesota como una ''obstrucción deliberada'' y advirtió que el gobierno federal adoptará medidas para garantizar la rendición de cuentas.

''Nuestros auditores e investigadores están concentrados en esta falta de cooperación y exigiremos plena responsabilidad. Una supervisión federal rigurosa no es negociable'', afirmó D’Esposito, quien aseguró que no permitirá que la resistencia estatal facilite potenciales fraudes o perjudique a los trabajadores estadounidenses.

Más de 210 millones de dólares sin documentación suficiente

La investigación comenzó en abril y examinó 48 subvenciones federales otorgadas a Minnesota entre el 1 de octubre de 2023 y el 1 de abril de 2026, por un valor aproximado de 253 millones de dólares.

Según un memorando publicado en septiembre, los auditores solicitaron información sobre 26 subvenciones que representaban exactamente 210.898.737 dólares. Sin embargo, después de cuatro meses de requerimientos, las autoridades estatales no habían entregado los datos necesarios.

Los recursos estaban destinados a programas de formación para adultos, asistencia a trabajadores despedidos, oportunidades laborales para jóvenes, empleo comunitario para adultos mayores y reinserción laboral de personas que habían cumplido condenas de prisión.

La falta de documentación impidió comprobar si los beneficiarios realmente existían, cumplían los requisitos de participación, recibieron los servicios declarados o percibieron los salarios registrados. También imposibilitó verificar si las organizaciones encargadas de ejecutar los programas habían documentado correctamente sus actividades.

Aunque los investigadores aclararon que la ausencia de información no demuestra por sí misma que los 210 millones de dólares fueran utilizados indebidamente, advirtieron que representa un riesgo significativo de irregularidades financieras y deficiencias de supervisión.

Minnesota se defiende y cuestiona las exigencias federales

En lugar de entregar la documentación solicitada, el DEED defendió su actuación argumentando que las exigencias federales eran excesivamente invasivas.

La agencia aseguró que los investigadores solicitaron información privada de más de 30.000 residentes y participantes de programas laborales. Según las autoridades estatales, Minnesota tiene la obligación de colaborar con los mecanismos de supervisión, pero también debe proteger los datos personales de sus ciudadanos.

Sin embargo, esta explicación no resolvió las preocupaciones de los auditores, quienes consideran indispensable acceder a los registros para determinar si los recursos públicos fueron administrados correctamente.

La controversia plantea nuevos interrogantes sobre la capacidad del gobierno estatal para garantizar controles efectivos sobre fondos federales destinados a sectores vulnerables.

Nuevos cuestionamientos tras millonarios escándalos de fraude

La investigación se produce en un contexto especialmente complicado para Minnesota, donde la administración del presidente Donald Trump ha intensificado el escrutinio sobre irregularidades en programas financiados con dinero de los contribuyentes.

Las autoridades federales han investigado esquemas fraudulentos que, según algunas estimaciones citadas en investigaciones anteriores, podrían haber provocado pérdidas de hasta 9.000 millones de dólares. Uno de los casos más conocidos es el escándalo de ''Feeding Our Future'', una organización vinculada con un fraude de aproximadamente 250 millones de dólares destinados originalmente a proporcionar alimentos a niños necesitados.

El caso expuso graves fallas en los mecanismos de control y supervisión estatal, alimentando las críticas contra la administración demócrata de Minnesota. Trump y sus aliados también han cuestionado a la congresista demócrata socialista Ilhan Omar por sus vínculos con personas relacionadas con estas irregularidades. Omar ha rechazado las acusaciones.

Por su parte, el gobernador demócrata Tim Walz abandonó este año su candidatura a la reelección, en medio del creciente escrutinio sobre el manejo de fondos federales.

Walz justificó su decisión afirmando que necesitaba concentrarse en proteger a los residentes de Minnesota frente a quienes se aprovechan de la generosidad de los programas públicos.

Mientras tanto, D’Esposito reiteró que su oficina no tolerará la falta de cooperación estatal y utilizará las herramientas disponibles para investigar cualquier posible utilización indebida de los recursos.