La administración Trump recurrió a la Corte Suprema para defender su política de detención obligatoria de inmigrantes ilegales que permanecen en Estados Unidos sin haber sido admitidos formalmente, incluso cuando llevan años en el país. El gobierno sostiene que la legislación federal exige mantenerlos bajo custodia mientras avanzan sus procesos de deportación, sin garantizarles automáticamente una audiencia para solicitar libertad bajo fianza.
La petición, presentada por el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, en el caso ''Raycraft v. Lopez-Campos'', fue registrada ante la Corte Suprema el 24 de junio. El documento no aparecía inicialmente en el sitio web del tribunal debido a las reglas aplicables a determinadas presentaciones sensibles, pero la oficina de información pública proporcionó una copia a los medios el 26 de junio.
La administración Trump sostiene que la sección 1225 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) obliga al gobierno a detener a determinados inmigrantes que ingresaron ilegalmente y que nunca fueron admitidos formalmente en Estados Unidos. Según la interpretación del ejecutivo, esa obligación continúa mientras se desarrollan los procedimientos de expulsión.
El argumento se basa en una disposición que establece que determinadas personas que buscan ser admitidas en Estados Unidos ''deberán ser detenidas'' cuando un funcionario migratorio determine que no tienen derecho a ingresar de manera clara e inequívoca.
La administración considera que esta norma también alcanza a inmigrantes que ingresaron ilegalmente y posteriormente fueron encontrados dentro del territorio estadounidense sin haber recibido una admisión formal. Para el gobierno, permitir que esas personas sean liberadas mientras esperan sus procesos de deportación debilitaría la capacidad de las autoridades para hacer cumplir las leyes migratorias.
Los inmigrantes involucrados en el litigio sostienen una interpretación diferente. Argumentan que, una vez que ya se encuentran dentro del país, la sección 1225 deja de ser aplicable porque ya no están ''buscando admisión''. Según esa postura, debería utilizarse la sección 1226 de la INA, que permite procedimientos de fianza y audiencias ante jueces de inmigración.
Sin embargo, la Casa Blanca ha presentado la medida como parte de su estrategia para terminar con las políticas conocidas como ''catch and release'', mediante las cuales algunos inmigrantes eran liberados mientras esperaban sus audiencias migratorias. Para la administración, endurecer la detención busca garantizar que las órdenes de expulsión puedan ejecutarse efectivamente y reducir los incentivos para permanecer ilegalmente en el país.
