En materia de seguridad pública, el manifiesto también adopta una postura firme. Bajo el lema ''Queremos seguridad, no anarquía'', los legisladores respaldan el fortalecimiento de las fronteras, una inmigración ordenada y el apoyo a las fuerzas policiales para garantizar comunidades más seguras. La declaración representa un contraste con sectores progresistas que durante los últimos años promovieron reformas profundas en los cuerpos policiales y criticaron con dureza las políticas de control migratorio.
El compromiso también incluye llamados a la responsabilidad fiscal y a una administración más eficiente del gobierno federal. Sus impulsores sostienen que el país necesita controlar el gasto público y administrar con prudencia los recursos de los contribuyentes, alejándose de propuestas que implican fuertes incrementos del presupuesto estatal.
Otro de los pilares del documento es la defensa de la libertad de expresión y el rechazo a los extremos ideológicos. Los firmantes aseguran representar una corriente ''moderada y sensata'', alejada del radicalismo de izquierda.















