Un juez federal bloqueó la decisión del presidente Donald Trump de remover a Roger Rogoff como fiscal federal del Distrito Oeste de Washington, ordenó al Departamento de Justicia reconocerlo como titular del cargo.
El juez Stanley Bastian, designado por el expresidente demócrata Barack Obama en 2013, emitió el jueves una orden preliminar que reinstala a Rogoff y prohíbe al gobierno tratarlo como si hubiera sido legalmente removido.
El caso gira en torno a una situación poco habitual. Rogoff había sido designado por jueces federales para ocupar temporalmente el puesto de fiscal federal después de que la oficina quedara sin un titular confirmado por el Senado. Trump lo despidió menos de una hora después de que asumiera el cargo en julio. Posteriormente, Rogoff acudió a los tribunales para impugnar su destitución.
Los críticos del juez sostienen que el fallo puede ampliar indebidamente el papel de los tribunales en la administración del Poder Ejecutivo. Desde esta perspectiva, permitir que jueces federales designen a un fiscal y después impidan al presidente removerlo podría crear una estructura en la que el Poder Judicial tenga una influencia extraordinaria sobre funcionarios responsables de aplicar las políticas del Ejecutivo.
Bastian concluyó que, mientras la vacante no sea cubierta mediante una designación confirmada por el Senado, Rogoff debe continuar ejerciendo como fiscal federal. Su orden impide al Departamento de Justicia y a funcionarios de la Casa Blanca despedirlo nuevamente, tratarlo como removido, bloquear su acceso a los recursos de la oficina o impedirle ejercer sus funciones.
Un juez designado por el socialista Barack Obama impidió a la administración Trump, remover a un fiscal federal
La decisión provocó fuertes críticas de sectores conservadores y de abogados, que consideran que el fallo invade las facultades constitucionales del ejecutivo. La Casa Blanca sostuvo que los fiscales federales están bajo la autoridad del presidente y cuestionó que un juez pueda impedir al mandatario ejercer sus atribuciones sobre funcionarios del Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia también rechazó la decisión y presentó inmediatamente una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. El expediente judicial confirma que el gobierno presentó el recurso el mismo 1 de octubre, apenas horas después de la orden de Bastian.
El Departamento de Justicia reaccionó de forma contundente, presentando una apelación a tan solo horas de la orden del juez designado por Obama
La disputa tiene además antecedentes jurídicos relevantes. En 1979, la Oficina de Asesoría Jurídica del propio Departamento de Justicia emitió una opinión sobre la facultad presidencial para remover fiscales federales designados por tribunales. El documento, titulado ''Power to Remove Court-Appointed U.S. Attorneys'' aborda específicamente la autoridad presidencial en este tipo de situaciones.
El gobierno también sostiene que precedentes de la Corte Suprema respaldan una amplia facultad presidencial para remover funcionarios del Ejecutivo. Entre ellos se encuentra el caso ''Myers v. United States'', de 1926, aunque la cuestión específica de los fiscales designados judicialmente plantea circunstancias distintas que deberán ser examinadas por tribunales superiores.
El conflicto llega en medio de otras disputas entre la administración Trump y tribunales federales por el control de fiscalías estadounidenses. Casos similares se han producido en Nueva Jersey, Nueva York y Virginia, aunque la controversia de Washington tiene una particularidad: es un desafío directo a la facultad del presidente para destituir a un fiscal elegido por jueces federales durante una vacante.
Mientras el proceso continúa, Rogoff permanecerá reconocido judicialmente como fiscal federal
La decisión de Bastian, por tratarse de una orden preliminar, no representa necesariamente la resolución definitiva del caso. El Noveno Circuito deberá revisar ahora la apelación presentada por el gobierno y podría mantener, modificar o suspender la medida. La controversia también podría eventualmente llegar a la Corte Suprema.
Mientras continúa el proceso, Rogoff permanece reconocido judicialmente como fiscal federal del Distrito Oeste de Washington. El caso podría convertirse en un precedente importante sobre la separación de poderes y los límites de la autoridad presidencial frente a fiscales nombrados mediante el procedimiento especial previsto por la legislación federal.
