Las tropas estadounidenses desplegadas en determinadas zonas de defensa a lo largo de la frontera sur pueden tener autoridad para realizar arrestos, según una nueva opinión jurídica del Departamento de Justicia que respalda una pieza clave de la estrategia fronteriza del presidente Donald Trump.
La opinión, elaborada por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) y publicada el 14 de agosto, concluye que los militares no violan la ''Ley Posse Comitatus'' al arrestar a personas sospechosas de cometer delitos dentro de una Área de Defensa Nacional designada.
La legislación federal generalmente limita la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de aplicación de la ley dentro de Estados Unidos. Sin embargo, la OLC determinó que esas restricciones no impiden que los militares desempeñen determinadas funciones relacionadas directamente con la protección de instalaciones y propiedades de Defensa.
El dictamen proporciona así un nuevo respaldo jurídico a la política de Trump de utilizar a las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad fronteriza y dificultar los cruces ilegales.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una nueva opinión que respalda la estrategia de Trump para realizar arrestos a lo largo de la frontera con México
Trump emitió el año pasado un memorando presidencial que ordenó establecer Áreas de Defensa Nacional en distintos sectores de la frontera. Desde entonces, el gobierno federal ha designado seis de estas zonas en California, Arizona, Nuevo México y Texas.
La OLC explicó que la ''Ley Posse Comitatus'' no prohíbe necesariamente las acciones militares que tienen como objetivo principal asuntos relacionados con la defensa nacional o cuestiones militares, incluso cuando esas actuaciones puedan tener un efecto incidental sobre la aplicación de la ley.
''Las acciones principalmente militares o relacionadas con asuntos exteriores'' pueden quedar fuera de las restricciones de la legislación cuando no se realizan con el propósito de ejecutar las leyes civiles, señaló la oficina.
Thomas Elliot Gaiser, fiscal general adjunto para la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia
El análisis también se basa en la autoridad histórica de los comandantes militares para mantener el orden dentro de las instalaciones bajo su control. Según la OLC, los responsables de las bases estadounidenses han tenido tradicionalmente capacidad para impedir el ingreso no autorizado y detener a personas que invadan propiedades militares.
La oficina jurídica concluyó además que las tropas pueden arrestar a individuos que se encuentren ''justo afuera'' de una instalación militar cuando la detención esté relacionada con una infracción cometida dentro de la propiedad.
Esta interpretación adquiere especial importancia en las zonas fronterizas designadas por la administración Trump, donde las autoridades buscan reforzar la protección de áreas estratégicas para la defensa nacional.
La legislación federal establece que ingresar sin autorización a una instalación militar constituye un delito menor que puede conllevar hasta seis meses de prisión y una multa de 500 dólares. La violación de determinadas normas de seguridad relacionadas con propiedades de Defensa puede ser castigada con hasta un año de prisión y una multa de hasta 100.000 dólares.
La OLC también determinó que las fuerzas armadas pueden llevar a cabo arrestos ''justo afuera'' de una instalación militar
La administración Trump ha defendido una mayor participación militar en la frontera como parte de una estrategia destinada a recuperar el control de zonas donde se producen cruces ilegales y otras actividades relacionadas con la seguridad fronteriza. El nuevo dictamen ofrece una base jurídica más clara para que las tropas puedan responder ante determinadas violaciones dentro de las áreas designadas.
El dictamen llega mientras la administración Trump continúa ampliando el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad fronteriza. Para el gobierno, la medida permite proteger de manera más efectiva instalaciones y terrenos estratégicos y responder ante intrusiones sin convertir a los militares en una fuerza policial general.
Con el respaldo jurídico de la OLC, la administración Trump obtiene mayor claridad sobre las circunstancias en las que los militares pueden realizar arrestos. El dictamen refuerza así la estrategia del presidente de utilizar los recursos federales disponibles para fortalecer la seguridad fronteriza y proteger las zonas críticas para la defensa de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump ha respaldado una mayor intervención de las fuerzas armadas en la protección de la frontera sur de los Estados Unidos
