La mayoría conservadora respaldó la autoridad del gobierno de Trump para controlar el acceso al asilo, en medio de un inusual enfrentamiento entre magistrados.
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Tras un fallo de la Corte Suprema sobre la política migratoria de Estados Unidos que reforzó las facultades del gobierno federal para controlar el ingreso de inmigrantes en la frontera sur, se produjo un inusual y tenso intercambio entre dos de los magistrados del máximo tribunal. La decisión, redactada por el juez Samuel Alito y respaldada por la mayoría conservadora, confirmó la legalidad de rechazar a migrantes antes de que ingresen oficialmente al país para presentar solicitudes de asilo.
El fallo generó una escena poco habitual dentro de la Corte Suprema cuando la jueza socialista Sonia Sotomayor decidió leer íntegramente desde el estrado su disidencia de 35 páginas, un recurso reservado para expresar un desacuerdo especialmente profundo con una decisión de la mayoría.
Mientras Sotomayor exponía sus argumentos y calificaba la resolución como ''gravemente equivocada'', el ambiente dentro de la sala reflejó la fuerte división ideológica existente entre los magistrados. Según reportes de medios estadounidenses, Alito reaccionó visiblemente incómodo durante la lectura, balanceándose en su asiento, inclinándose hacia adelante y apoyando el mentón sobre sus manos mientras observaba el techo.
Al concluir la intervención de Sotomayor, Samuel Alito respondió con un breve comentario que evidenció su molestia. El magistrado afirmó que, de haber sabido previamente que su colega leería toda la disidencia desde el estrado, habría ampliado considerablemente sus propias observaciones para responder detalladamente a sus críticas.
El juez conservador Samuel Alito tuvo un fuerte cruce con la jueza progresista Sonia Sotomayor por la política migratoria del gobierno de Trump
En lugar de prolongar el intercambio, Alito invitó a quienes seguían la audiencia a consultar el texto completo de la opinión mayoritaria, donde se encuentran las respuestas jurídicas a los argumentos planteados por Sotomayor. También recordó que la política objeto del litigio había sido aplicada tanto por administraciones demócratas como republicanas, dejando en claro que no se trataba de una medida exclusiva de un solo partido político.
El caso, identificado como ''Mullin v. Al Otro Lado'', analizó la legalidad de la práctica conocida como ''metering'', mediante la cual las autoridades limitan el número diario de personas autorizadas a presentar solicitudes de asilo en los puertos oficiales de entrada a Estados Unidos. La mayoría conservadora concluyó que esta política es compatible con la legislación federal, al considerar que el derecho a solicitar asilo comienza una vez que el extranjero ha ingresado formalmente al territorio estadounidense.
Para la mayoría del tribunal, la decisión reafirma la autoridad del gobierno federal para administrar de manera ordenada la frontera y hacer cumplir las leyes migratorias aprobadas por el Congreso. Los jueces sostuvieron que controlar el ingreso al país resulta indispensable para preservar el funcionamiento del sistema de inmigración y evitar que la capacidad de procesamiento de solicitudes de asilo se vea superada.
La socialista Sonia Sotomayor leyó su disidencia de 35 páginas y generó un gran malestar entre los jueces conservadores
La opinión disidente, encabezada por Sotomayor, sostuvo una interpretación muy distinta e infantil. La magistrada advirtió que el fallo tendrá importantes consecuencias humanitarias, al impedir que personas que huyen de persecuciones o situaciones de violencia puedan acceder al procedimiento de protección internacional previsto por la legislación estadounidense.
En su disidencia, Sotomayor afirmó que la decisión provocará que más personas sean obligadas a regresar a lugares donde enfrentan riesgos por motivos de raza, religión, nacionalidad o persecución política, e incluso advirtió que más migrantes podrían perder la vida ''como consecuencia de esta interpretación de la ley''.
El intercambio entre ambos jueces llamó la atención por romper con la tradicional prudencia que suele caracterizar a la Corte Suprema. Aunque las diferencias ideológicas entre los magistrados son frecuentes, resulta poco común que las respuestas entre colegas se produzcan públicamente durante la lectura de las opiniones, ya que el tribunal procura mantener una imagen institucional de respeto mutuo pese a sus desacuerdos.
El presidente Donald Trump lleva a cabo una política migratoria mucho más centrada en el cumplimiento de la ley que su predecesor demócrata, Joe Biden
La jornada también consolidó el protagonismo de Samuel Alito dentro del máximo tribunal. El magistrado redactó tres de las cuatro opiniones mayoritarias emitidas ese día, incluida otra resolución favorable a la administración del presidente Donald Trump en materia migratoria.
En esa decisión separada, la Corte autorizó al gobierno federal a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes provenientes de Haití y Siria, eliminando la protección que impedía temporalmente su deportación. Ambas resoluciones fueron interpretadas como un respaldo a las facultades del Poder Ejecutivo para aplicar y modificar políticas migratorias dentro del marco establecido por el Congreso, reforzando una visión que prioriza el control fronterizo y el cumplimiento estricto de la legislación vigente.
