Los legisladores republicanos de Tennessee aprobaron un proyecto de ley que busca criminalizar la permanencia de inmigrantes indocumentados en el estado tras recibir una orden de deportación final, consolidando un enfoque más estricto sobre la inmigración y reforzando el cumplimiento de la ley federal. La iniciativa fue respaldada por el Senado estatal controlado por republicanos con un contundente voto de 26 a 6, después de haber recibido previamente 73 votos a favor y 22 en contra en la Cámara de Representantes.
De ser promulgada, la ley convertiría en un delito menor de Clase A la permanencia de inmigrantes que no cumplan con su orden de deportación dentro de un plazo de 90 días. Los infractores podrían enfrentar hasta 11 meses y 29 días de cárcel, una multa de hasta 2,500 dólares, o ambas sanciones. Además, el proyecto contempla un delito independiente para quienes reingresen al estado tras haber sido deportados, también calificado como Clase A.
El líder de la mayoría republicana en la Cámara, William Lamberth, patrocinador de la medida, aseguró que el proyecto refuerza la legalidad y la seguridad del estado, llenando un vacío en la aplicación de la ley federal. ''Cuando alguien ha agotado todas sus opciones y se le ha ordenado salir del país, es ilegal permanecer, tanto bajo la ley federal como, si este proyecto se aprueba, bajo la ley estatal'', declaró durante la audiencia del Comité Judicial de la Cámara.
El promotor de la medida destacó el llenado de los vacíos legales que tiene la ley federal de inmigración
Los defensores de la iniciativa argumentan que la medida fortalecerá la aplicación de la ley y enviará un mensaje claro de que las violaciones migratorias no serán toleradas en Tennessee. Aseguran que establecer consecuencias concretas a nivel estatal refuerza la capacidad de las autoridades locales para cooperar con agencias federales y disuadir a quienes intenten permanecer de manera ilegal en el estado.
Esta propuesta se suma a un conjunto de medidas impulsadas por los legisladores republicanos en el estado sureño, que incluyen la restricción de beneficios públicos para inmigrantes indocumentados y la ampliación de la participación estatal en la vigilancia migratoria. Según los promotores, estas acciones coordinadas buscan garantizar que las políticas federales de inmigración se cumplan efectivamente y proteger la seguridad de las comunidades locales.
El gobernador republicano Bill Lee aún no ha confirmado si firmará la ley de inmediato, aunque su aprobación podría convertir a Tennessee en un modelo piloto para un esfuerzo más amplio del Partido Republicano de expandir la aplicación estatal de la ley de inmigración en todo el país. Analistas destacan que la medida podría establecer un precedente importante sobre cómo los estados pueden complementar la legislación federal para fortalecer la seguridad y el cumplimiento legal.
Los legisladores que respaldan el proyecto, han considerado que la medida protege la legalidad, refuerza la seguridad pública y establece un marco claro para abordar la inmigración irregular. De aprobarse, Tennessee se posicionaría como un ejemplo de cómo los estados pueden tomar un papel más activo en la implementación de las políticas migratorias, enviando un mensaje firme sobre el respeto a la ley y la protección de las comunidades locales.
El gobernador de Tennessee no aclaró de forma inmediata cuando firmará la ley para que entre en vigencia
