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Europa

En medio de la guerra en Ucrania, el Parlamento Europeo vota para sancionar a Polonia y Hungría por ser “de derecha”

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El Parlamento Europeo votó 478 a 155 a favor de imponer sanciones a los dos países que han puesto el pecho contra la ola de refugiados y la amenaza rusa contra la Unión Europea.

El Parlamento Europeo votó este jueves por la mañana a favor de imponer sanciones a Hungría y Polonia, sus dos estados miembros que más han estado ayudando a Ucrania frente a la invasión rusa y que mayor cantidad de refugiados ucranianos han recibido desde el 24 de febrero.

¿La razón? La Comisión Europea, que vendría a ser el Poder Ejecutivo del bloque comunitario, asegura que los gobiernos húngaros y polacos han pasado leyes “de derecha” que van en contra de la Carta Orgánica de la Unión Europea. Estas son leyes en contra del adoctrinamiento de género en las escuelas, leyes para combatir las fake news y controles a la inmigración ilegal.

Es por esto que Ursula Von der Leyen, la presidente de la Comisión, pidió al órgano legislativo que imponga sanciones contra estos dos países, dificultando su acceso al presupuesto de emergencia de la Unión, al que han contribuido por años pero ahora no podrán utilizar para palear la recesión causada por la pandemia.

Hungría había pedido que se posponga la votación por el momento, especalmente dado que la crisis humanitaria del conflicto ruso-ucraniano se extendió al territorio húngaro y polaco. Hasta el 8 de marzo, Polonia había recibido la asombrosa cifra de 1.412.503 refugiados, mientras que Hungría ocupaba el segundo lugar con 214.160.

Sin embargo, las autoridades del Parlamento dijeron que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quería que se posponga para no darle una mala imagen antes de las elecciones del 3 de abril, y procedieron a votar igual. La votación resultó en 478 votos positivos contra 155 negativos.

En un comunicado de prensa publicado poco después de la votación, el Parlamento Europeo insistió en que “ya era hora que la Comisión Europea comenzara a tomar medidas para proteger el presupuesto de la Unión de los estados miembros que ignoran ek estado de derecho“, una afirmación peligrosa ya que el mismo argumento ha sido utilizado contra Rusia.

Los legisladores que votaron a favor insistieron en que el dinero de los contribuyentes debe estar protegido “contra aquellos que socavan los valores de la UE”.

En enero de 2021, el Parlamento introdujo el mecanismo de condicionalidad del estado de derecho, que proporciona una herramienta mediante la cual la Comisión podía negarse a liberar fondos de la Unión a los gobiernos nacionales que consideraban que infringían el “estado de derecho comunitario”.

En esencia, significa que si los países conservadores disienten de la corriente europea progresista sobre cómo gobernar se le podría negar el acceso al país infractor a fondos a los que tienen derecho por ser miembros.

Tanto Hungría como Polonia, bajo sus respectivos gobiernos liderados por conservadores, impugnaron la regulación en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), recurso que fue desestimado por el máximo tribunal de la Unión Europea el pasado 16 de febrero.

La votación parlamentaria significa que la Unión Europea ha desviado su atención y recursos para sancionar a dos de sus propios miembros en un momento en que el continente europeo en general está bajo ataque, mientras Rusia está tratando de mostrar sus músculos y afirmar su dominio en Ucrania. 

También significa que los gobiernos húngaro y polaco deben dedicar su propio tiempo y recursos a enfrentar la hostilidad de Bruselas, mientras contienen la crisis humanitaria que se está desarrollando en la frontera exterior de la Unión Europea y acoger a cientos de miles de refugiados.

Lo que ha hecho el Poder Legislativo de la Unión Europea es nada más y nada menos que una canallada contra dos países que han hecho más que nadie por el bloque político-económico, no solo de la inmigración africana y árabe en años anteriores si no que de la amenaza rusa.

Francia

Hay nueva Primer Ministra de Francia: Macron nombra a la socialista Élisabeth Borne para ser su mano derecha

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La funcionaria había sido hasta ahora Ministra de Trabajo de Macron. El cambio se produce tras la renuncia del centro-derechista Jean Castex, desalentado por el resultado de las elecciones.

Francia tiene un sistema presidencialista único en el mundo. El Presidente es elegido por voto popular mientras que el Primer Ministro, una figura tipo Jefe de Gabinete, es propuesto por el mandatario pero elegido en última instancia por el Congreso.

Generalmente, el presidente y el primer minstro pertenecen al mismo partido o misma coalición de partidos, pero esto puede no ser así. Esto ha pasado pocas veces en la historia de la política francesa, y se lo conoce como “cohabitación“. En esos casos, prima la agenda del Primer Ministro y no la del Presidente.

La oposición, englobada principalmente en la derecha de Le Pen y Zemmour, y la izquierda de Mélenchon, tienen los ojos puestos en las elecciones del 12 de junio, donde esperan conseguir la mayoría legislativa e imponerle un Primer Ministro a Macron que limite su gobierno.

Pero en el interín, Macron ha logrado que el Congreso le apruebe la designación de Élisabeth Borne, hasta ahora Ministra de Trabajo, y buscará mantenerla luego de las elecciones legislativas.

Borne pertenece al Partido Socialista, actualmente opositor al gobierno de Macron, pero que viene trabajando con el líder de LREM desde sus primeros pasos en la política. Fue parte de su equipo de asesores en la campaña de 2017.

Luego, tras su asunción, la mujer de 61 años oriunda de París se desempeñó como Ministra de Transporte (2017-2019), Ministra de Transición Ecológica e Inclusiva (2019-2020) y ahora Ministra de Trabajo (2020-2022).

Ingeniera de formación, trabaja hace años en el sector público francés. De 2008 a 2013 fue Directora de Planeamiento Urbano de la Ciudad de París. Luego, ese año, fue electa prefecta (representante del Estado nacional ante una región) de Vienne y Poitou-Charentes.

Apenas un año más tarde, en 2014, pasaría a servir por un año como secretaria privada de la socialista Segolene Royal, quien ocupaba el cargo de Ministra de Ecología, Desarrollo Sustentable y Energía en el gobierno de François Hollande. De 2015 a 2017 trabajó como Directora Ejecutiva del Grupo RATP, de propiedad estatal, que desarrolla actividades en el área del transporte público.

Tras años de militancia en el Partido Socialista, en 2017 decide trabajar en la campaña de Macron (también ex funcionario del gobierno de Hollande) abandonando a su partido que apoyó la fallida candidatura de Benoît Hamon.

Con la victoria de Macron, Borne se une al gobierno de La República En Marcha (LREM), partido del ahora presidente re-electo, quien rápidamente la asciende a su primer trabajo ministerial.

En Francia, el Primer Ministro funciona como un Jefe de Gabinete pero con más poderes. Tiene el trabajo de coordinar el Gabinete, hacer funcionar el Poder Ejecutivo en su día a día y puede enviar leyes al Congreso sin la firma del Presidente. A pesar de ser considerado el segundo cargo más importante de la política nacional, cuando no hay “cohabitación”, suele operar como la mano derecha del presidente.

La ahora primera ministra Borne es la segunda mujer en ejercer este cargo en la historia de Francia. La anterior, Édith Cresson, también del Partido Socialista, no llegó a durar 1 año en el cargo y tuvo que renunciar tras un escándalo de corrupción.

Su designación no dejó contento al Partido Socialista, quien viene criticando hace tiempo su pase de bando en las últimas elecciones. El líder del partido, Oliver Faure, y el líder izquierdista Jean-Luc Melenchon han criticado su nombramiento, puesto que sus acciones al frente del Ministerio de Trabajo en los últimos años han sido más criticadas por la izquierda que por la derecha.

Bajo sus carteras, la ministra ha impulsado, diversas reformas, como la reforma del seguro de desempleo o el desmantelamiento del servicio público ferroviario.

Castex, hasta hoy primer ministro, da la bienvenida al gobierno a su sustituta.

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España

Insólito: Joe Biden retira a ETA de la lista de organizaciones terorristas en el mundo

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La agrupación terrorista vasca todavía tiene fuerte influencia a través de su rama política EH Bildu y sus líderes siguen libres y viajan constantemente a Cuba y Venezuela.

El gobierno demócrata de Joe Biden ha decidido retirar a ETA (Euskadi Ta Askatasuna) de la lista de organizaciones terroristas en el mundo, en una decisión que ha despertado el enojo de muchos españoles, especialmente del partido político VOX.

El secretario de Estado Antony Blinken notificó por escrito al Congreso el pasado viernes sobre la retirada de ETA del listado, y se espera que en las próximas semanas su nombre sea oficialmente eliminado de la Lista de Organizaciones Terroristas (“FTO“, por sus siglas en inglés Foreign Terrorist Organizations), la recopilación más precisa del mundo de este tipo de agrupaciones.

Si bien ETA ya no está más en acción, su eliminación de la lista provocará que muchos juicios que quedan pendientes no tendrán el apoyo internacional que solían tener, lo cual perjudica las acciones de las víctimas en su lucha por aclarar los brutales crímenes que este grupo ha cometido en el pasado.

ETA es un grupo separatista de ideología comunista que aboga por la independencia de la nación vasca, en el norte de España. Desde su creación en 1958, la agrupación es responsable de 864 asesinatos, de los cuales 355 fueron civiles, entre ellos 22 niños.

Su objetivo militar fue la “construcción de un Estado socialista en Euskal Herria“, un territorio imaginario que comprende las actuales Comunidad Vasca y Navarra en España, y Basse-Navarra, Labourd y Soule, en Francia.

Tras la muerte de Francisco Franco en 1975 y la vuelta a las democracia, ETA aprovechó la retirada de las Fuerzas Armadas del poder para afianzar su postura guerrillera y entre los años ’80 y ’90, cometieron una masacre tras otra, asesinando a policías, soldados, políticos, jueces, empresarios, profesores, periodistas y todas sus familias, lo cual le ligó el ingreso a la FTO en 1997.

La agrupación terrorista declaró un alto al fuego en 2010, después de dejar un baño de sangre en España y un País Vasco más español que nunca, y terminó de desmovilizarse en 2018.

Sin embargo, sigue habiendo fuertes simpatías por el accionar del ETA, especialmente entre la llamada izquierda abertzale, con partidos que reivindican su accionar y tienen una fuerte influencia en la política vasca y nacional, como el EH Bildu.

Las razones dadas no tienen en cuenta que ETA, como tal, su marca, nunca se ha disuelto y que los sucesivos “escenarios” que montaron, entrega de armas (no todas), solemnes declaraciones de abandono del terrorismo, no tenían otro fin que allanar la legalización del que fuera su “brazo político” para que pudiera actuar con plena libertad. Por otra parte, una pequeña escisión, ATA, se mantienen activa aunque, de momento, sin ningún peligro conocido.

El Departamento de Estado mantenía, en su informe de 2019, durante el gobierno de Trump, a ETA como organización terrorista extranjera que operaba en España y Francia. El reporte indicaba que esta agrupación se mantenía activa políticamente, ayudando a Cuba y Venezuela a hacer lobby en España.

Incluso por estar en la lista, ese mismo año, Estados Unidos le impidió viajar a Arnaldo Otegui, líder del EH Bildu, a La Habana para asistir a un homenaje a Fidel Castro. Las autoridades estadounidenses no permiten sobrevolar su espacio aéreo a personas que pertenezcan a agrupaciones que estén la la FTO.

Según la información que ha publicado la agencia AP, Biden también pretende eliminar en la misma modificación a la agrupación japonesa Aum Shinrikyo, el grupo judío radical Kahane Kach y dos grupos islámicos, el Consejo de la Shura de los Muyahidines de Derna y Al-Gama’a al-Islamiyya.

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Argentina

El Papa Francisco redobla su cruzada contra los obispos conservadores y ahora va por el Cardenal Poli

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El Santo Padre, a pesar de su desmejorada salud, se mantiene vigoroso en la persecución de aquellos que no le rinden la pleitesía que demanda.

Hace algunos días salió publicado en varios medios una polémica por una auditoría que el Papa Francisco ordenó desde Roma por un supuesto manejo “poco claro” en la concesión de unas propiedades del Arzobispado de Buenos Aires.

Para los que desconocen la interna entre el Vaticano y los distintos obispados que resisten sus cambios progresistas, esta auditoría puede parecer algo superficial, o simplemente una acción del Sumo Pontífice para llevar transparencia a la Iglesia. Pero la situación va por un lado completamente distinto.

La discordia comenzó por una audiencia pública que se realizó sobre un terreno en Puerto Madero donde funciona la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, dependiente del Arzobispado de Buenos Aires y sede del Capellán Castrense de la Prefectura Naval, dependiente del Obispado Castrense de Argentina

El Arzobispado de Buenos Aires entregó la concesión del terreno a una empresa constructora por 40 años con el objetivo de que se construya una escuela primaria con secundaria, un jardín de infantes y un emprendimiento comercial

Los allegados a Bergoglio se quejaron de la situación e inmediatamente se activaron los mecanismos para iniciar un auditoria canónica a cargo de la Congregación de obispos, y Su Santidad otorgó al Cardenal Primado una audiencia en Roma.

Algunos desprevenidos se preguntan por qué la celeridad de Roma para investigar esta concesión que es perfectamente legal y razonable. Celeridad que no se vio para atender casos de abuso sexual y malversación de fondos como el caso del Obispo Zanchetta; casos de maltrato, abuso de poder y despidos injustificados como los que enfrenta Santiago Olivera, en juicio actualmente; entre otros. 

Lo cierto es que los intereses de Bergoglio están en otro lado y tienen que ver con cuestiones no espirituales sino políticas. Dentro del clero todos se conocen y la reputación del cardenal Mauro Aurelio Poli como hombre justo y buen administrador son conocidas, así como su inclinación a ser un hombre de fe que no se deja seducir por los beneficios de mostrarse adulador al Papa.

Pero especialmente, es uno de los pocos que quedan en la jerarquía de la Iglesia argentina que se para claramente en la vereda opuesta a las corrientes modernas de izquierda.

Es claro que Bergoglio se arrepiente de haber nombrado a Poli como su sucesor en la Arquidiócesis de Buenos Aires ya que no puede manejarlo a su antojo como hace con el resto de los obispos que, ya sea por miedo, mediocridad o afinidad política, obedecen sus órdenes aun cuando éstas vayan en contra de la fe que profesan.

Tras la peregrinación a Luján, el Cardenal Mario Poli pidió que 'apuesten  por la familia'
Cardenal Poli, último bastión de los conservadores en la Iglesia argentina.

El problema es que el Cardenal no tiene esqueletos en el placard que le sirvan a Su Santidad para sacarlo del cargo. Además, Poli no parece enfermarse o morirse, algo que el Papa ha aprovechado con velocidad en el pasado. Por ahora, lo único que puede hacer Francisco es esperar a que el Cardenal Primado cumpla 75 años, y allí forzarlo a renunciar.

Pero este ataque al Arzobispo de Buenos Aires se viene gestando desde hace bastante tiempo. Entre las mil y una trampas orquestadas por el Papa, cabe recordar cuando instigó a monseñor Santiago Olivera, el poco feliz Obispo Castrense, a reclamarle al Cardenal la posesión de la Parroquia Luján Castrense, la cual poseía un Capellán militar y era de uso compartido. Olivera, hombre de pocas luces, perdió la pulseada contra el Cardenal.

Hace un año, cuando el monseñor Joaquín Sucunza, hombre de confianza de Bergoglio y obispo auxiliar de Buenos Aires, cumplió 75 años, fue depuesto de su cargo de vicario para los Asuntos Económicos por el Cardenal Poli. Esto molestó a la tropa pro Francisco, quienes no esperaban un contraataque de Poli, y ahora exigen que, apenas el Cardenal cumpla los 75 años este noviembre, sea depuesto y reemplazado por un hombre de la causa bergogliana

Es sabido que la Congregación de Obispos no encontrará nada en contra del Cardenal pero, seguramente, este escándalo orquestado por los lacayos del Papa servirá para que éste le pida la renuncia y lograr así, un clero argentino completamente conformado por hombres de izquierda y leales a su persona y no a Jesucristo.

Lo que resulta sorprendente es que el Papa, estando mal de salud y con múltiples dificultades, dedique tiempo a “voltear” a un Cardenal a un país que no ha visitado en todo su papado. Pero todo tiene una razón.

Los rumores que se oyen en las sacristías dicen que Bergoglio quiere ser canonizado y para eso requiere del apoyo de los Cardenales Primados, quienes votarán y de entre los cuales, surgirá el nuevo Papa. Papa que puede canonizarlo o destruir su legado. 

Para asegurarse su paso a la inmortalidad, Bergoglio necesita que todos los Cardenales del mundo sean afines a él, ya sea porque le deben el solideo cardenalicio o porque comparten sus ideas izquierdistas. Poli no cumple estos requisitos.

El hombre de Bergoglio que se rumorea para suceder a Poli no es otro que monseñor Víctor Manuel Fernández, mejor conocido como “Tucho” Fernández, aquel hombre enviado a convertir a la Universidad Católica Argentina en un centro bergogliano, el mismo hombre que fue enviado a destruir la obra del Mons. Aguer y aquel que se hizo famoso por escribir un libro sobre el arte de besar.

El daño que Bergoglio le ha hecho a la Iglesia es grande y la pérdida del último bastión de derecha en el clero argentino no es un hecho menor debido a que, independientemente de la fe que cada uno profese, la fe católica es uno de los bastiones de occidente

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