El Tribunal Constitucional declaró nulo el último presupuesto del gobierno de Scholz debido a que se excede el limite de deuda. El líder socialdemócrata ahora presionó a sus aliados liberales para pasar una ley que modifique la Constitución.

En la última semana y media reinó un clima de caos político total en Alemania, luego de que la Justicia declare inconstitucional el uso de 60 mil millones de euros del presupuesto para la agenda climática, ya que excede el límite de deuda. La decisión jurídica desató una crisis presupuestaria, obligando al gobierno a congelar todos los gastos federales y poniendo al borde del colapso a la coalición que lidera el socialista Olaf Scholz.

Cabe recordar que el actual gobierno alemán se compone de una coalición entre socialdemócratas, miembros del Partido Verde, y liberales progresistas del partido FDP. Los continuos roces entre la agenda socialista y liberal de los partidos gobernantes han llevado a un estallido presupuestario.

Tras ceder en la negociación interna y contradiciendo sus declaraciones iniciales sobre “acostumbrarse a gastar menos y ser más eficientes“, ahora el ministro de finanzas Christian Lindner, perteneciente al liberal FDP, anunció que el próximo miércoles presentará en el Parlamento un presupuesto suplementario para el 2023.

El nuevo presupuesto de Lindner incluirá la suspensión al freno de deuda, o Schuldenbremse, una regla fiscal agregada a la Constitución en 2009, luego de la crisis financiera internacional, que buscaba restringir el déficit presupuestario estructural a nivel federal al 0,35% del PBI, limitando así la emisión de deuda pública.

Lindner, principal figura del partido liberal FDP dentro del gobierno, comunicó a los medios que el proyecto de presupuesto ha sido consensuado con el canciller Olaf Scholz, del partido socialdemócrata SPD, y el vicecanciller y ministro de economía Robert Habeck, del partido ambientalista de Los Verdes y principal impulsor de esta medida.

La aprobación en el Parlamento será clave para mostrar la estabilidad o el fin de una coalición tripartita que, desde su asunción en 2021, ha tenido variadas divisiones internas y ha sido criticada por la opinión pública. Las próximas elecciones federales son en 2025 y hasta ahora las encuestas de opinión indicarían un cambio en el gobierno.

El partido de derecha Alternativa para Alemania, AfD por sus siglas en alemán, con una agenda anti inmigratoria y de derecha, ha sido la formación política que más ha crecido en el último año.

Propiciado por el estancamiento económico, los altos precios en la energía y un creciente descontento con el abordaje de la cuestión inmigratoria, el partido pasó de una participación marginal en el Parlamento a medir más de 20 puntos en la reconocida encuesta de DeutschlandTrend, colocándose en segundo lugar tras los democristianos, y a ganar sus primeros gobiernos locales.

Son los altos precios de la electricidad y el gas uno de los motivos por los cuales el gobierno buscará abandonar la disciplina fiscal de la que Alemania es paladín. “Ahora hay claridad jurídica sobre cómo debemos abordar los fondos especiales y los préstamos de emergencia“, dijo el ministro de Finanzas Lindner quien fue la principal persona detrás de la recolocación de los fondos en contra de la cuál falló el Tribunal Constitucional alemán.

El presupuesto presentará una excepción al “freno de la deuda” que había sido suspendido por primera vez entre 2020 y 2022 por la crisis del COVID-19 pero que se suponía volvería a aplicarse este año. Las negociaciones para el presupuesto 2024 todavía están demoradas y lo más probable es que el gobierno no alcance a aprobarlo antes de que termine el año. Esta incertidumbre ha interrumpido todas las licitaciones y negociaciones gubernamentales que involucren gastos planeados para el año que viene.

En el medio de este desajuste fiscal se encuentra el fondo especial de 100 mil millones de euros para la modernización de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa dijo que los fondos del proyecto aprobado en 2022, para le cuál ya se han realizado varios desembolsos, están “exentos del congelamiento presupuestario”.

A pesar de esto, compañías alemanas contratistas de defensa todavía no están seguras de que esto sea así. Las dudas están puestas sobre todo en 20 mil millones de euros incluidos en proyectos de largo plazo cuya financiación requiere autorización gubernamental.

La crisis podría perjudicar a la economía europea en general, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París. “Si hay menos inversión y gasto en Alemania en los próximos años por la menor disponibilidad de dinero, habrá inevitablemente un impacto en la economía de la UE“, dijo a Reuters el jefe de la oficina de Alemania de la OCDE, Robert Grundke.

El sector siderúrgico alemán sumó su voz al creciente nerviosismo, advirtiendo que el fallo judicial habría puesto en duda más de 40.000 millones de euros en inversiones previstas. Estos comentarios resaltan una gran incertidumbre entre las empresas industriales de Alemania, que ya están luchando con una inflación y tasas de interés altas y miran cada vez más hacia mercados más favorables como Estados Unidos.

Con información de Radar Internacional (https://radarint.com)

El balance financiero del Gobierno general registró un rojo equivalente al 3,4% del PBI en el segundo trimestre del año, sobrepasando los criterios de convergencia de Maastricht. Se trata del cuarto aumento trimestral consecutivo del déficit, principalmente impulsado por el paquete de subsidios energéticos.

El Gobierno “semáforo” de Alemania, presidido por el Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz, pero que también tiene el apoyo del Partido Verde y del Partido Liberal Demócrata, rompió con la tradicional disciplina fiscal que caracterizó al país en las últimas dos décadas cuando la excanciller Ángela Merkel estaba a la cabeza del poder ejecutivo.

Tras una masiva explosión del gasto público, el resultado financiero del Gobierno general marcó un déficit equivalente al 3,36% del PBI en el segundo trimestre del año, según las más recientes publicaciones de la Oficina Federal de Estadística de Alemania.

No solamente es el cuarto aumento trimestral consecutivo del déficit, sino que además constituye una ruptura con los criterios de convergencia de Maastricht, los cuales establecen un tope de 3 puntos del PBI para el déficit financiero en “circunstancias normales”, excluyendo la emergencia por la pandemia y la crisis internacional de 2008.

El stock de deuda pública también rompe con las normativas de Maastricht, ya que aún permanece cómodamente por encima del límite fijado en 60 puntos del PBI (alcanzó el 65% del producto en el primer trimestre del año).

Tras haberse recuperado del impacto en 2020, Alemania se había comprometido a volver a converger hacia el equilibrio fiscal primario y financiero, pero nada de esto ocurrió. El Gobierno de Scholz optó por desplegar un masivo paquete de “estímulo” fiscal orientado al subsidio de las tarifas energéticas, en respuesta al shock de precios relativos que provocó el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Las medidas no fueron compensadas por una mayor recaudación o por recortes alternativos en otras áreas del presupuesto, sino más bien todo lo contrario. Por otra parte, el Gobierno se negó a replantear su política energética como una herramienta para combatir el encarecimiento de los precios de la energía, y avanzó dogmáticamente hacia el cierre de todas las centrales nucleares del país, elevando los costos para los ciudadanos en miles de millones de euros al año.

El FMI sugiere que el déficit alemán seguirá aumentando y finalizará el año 2023 en torno al 3,7% del PBI, mientras que el resultado fiscal primario (sin intereses de deuda) marcará un rojo de por lo menos 3 puntos del PBI.

El programa fiscal preparado por el Ministro de Finanzas Christian Lindner entrará en vigencia a partir del año fiscal 2024, esta vez sí incluyendo un amplio paquete de recortes presupuestarios. Pero en lo que resta del 2023 las finanzas públicas de Alemania seguirán deteriorándose por iniciativa del sector socialdemócrata e izquierdista de la coalición.

La actividad acumula 5 trimestres de estancamiento secular, de los cuáles los últimos tres denotaron el inicio de una recesión técnica. Todo esto incrementará la presión para las finanzas públicas desde el punto de vista de la pérdida de ingresos por parte del fisco. 

El grupo parlamentario socialdemócrata se muestra abiertamente partidario de introducir una histórica y aplastante regulación sobre el mercado inmobiliario alemán. Se trata de una respuesta desesperada a la escasez de viviendas, algo que también es resultado de la falta de desregulación y la escasez de permisos de edificación en el país.

La agenda política del socialismo alemán se radicaliza cada vez más. En esta oportunidad, el canciller Olaf Scholz propone congelar el precio de los alquileres por un período de 3 años, una medida que cuenta con el respaldo del grupo parlamentario socialdemócrata (la principal cabeza de la coalición oficialista).

La polémica “coalición semáforo”, compuesta por el Partido Socialdemócrata (SPD), el partido de Los Verdes (Grüne) y los supuestos “liberales” del Partido Democrático Libre (FDP), ya habían acordado endurecer el tope de aumentos legales para los alquileres del 20% a solo el 11% anual en 2021. Pero Scholz ahora quiere cambiar el acuerdo unilateralmente y exige una mayor regulación e intervención discrecional del Estado.

Se propone congelar los alquileres para todos aquellos nuevos contratos que entren en vigencia. Pero para los contratos ya firmados, el Gobierno socialista propone lisa y llanamente vulnerarlos y modificar deliberadamente las cláusulas para las cuales ambas partes se habían comprometido.

Los alquileres que se encuentren indexados por la inflación serán intervenidos, y la nueva cláusula de actualización se corresponderá con un índice de “costos” elaborado por el Estado, que tendría en consideración los gastos promedio de alquileres sin servicios públicos.

Las medidas se toman en respuesta a la dramática escasez de viviendas que ya se observa en los grandes centros urbanos de Alemania. Entre otras explicaciones, la rigidez regulatoria para la construcción de nuevas unidades es una de las causas principales detrás de este fenómeno.

En lugar de ampliar y favorecer la oferta de viviendas permitiendo nuevas construcciones, Scholz optó por la receta facilista y sin ninguna chance de éxito, interviniendo los alquileres. Este tipo de programas solo contribuyen a desalentar activamente la oferta de inmuebles en el mercado, ya que los propietarios responden a incentivos y tratarán de protegerse frente a la reducción de su ingreso.

De hecho, no es necesario buscar evidencia fuera de Alemania para encontrar el fracaso de los controles de alquileres. Las restricciones llevadas a cabo recientemente en Berlín demostraron que la intervención discrecional de los contratos no beneficia a los inquilinos, sólo se desalienta la oferta de viviendas en desmedro de ambas partes (y especialmente de las personas que más necesitan alquilar).

La evidencia empírica sugiere que el control de los alquileres beneficia a los inquilinos que pudieron firmar un contrato regulado (en una primera instancia), produciendo una locución del valor real de los pagos en detrimento del propietario.

En una segunda instancia, los nuevos contratos llegan con recargos debido a la contracción de la oferta de viviendas, en perjuicio de los nuevos inquilinos. Y en una tercera etapa, cuando no solo se firman nuevos contratos sino que además vencen los originales, el encarecimiento en el precio de los alquileres los afecta a todos.