Tras las elecciones de julio, España se enfrenta a una de las peores crisis políticas de su historia. Pedro Sánchez está destruyendo el Estado de Derecho con tal de conseguir una reelección.

El 23 de julio de 2023 se celebraron las elecciones generales en España, tanto para el Congreso como para el Senado. Estas elecciones se llevaron a cabo en esta fecha porque Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno español, las adelantó para frenar la caída de su partido tras la debacle socialista del “28-M”, fecha en la que hubo elecciones municipales y regionales en gran parte de España, donde la izquierda tuvo uno de sus peores resultados en la historia.

Todas las encuestas indicaban la posibilidad de sumar una mayoría absoluta entre el centro-derecha (Partido Popular) y los conservadores de Vox. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y la derecha se quedó a tan solo 5 escaños de lograr la mayoría absoluta.

¿Qué pasó para que la derecha no lograra una victoria que parecía asegurada? El PP, en vez de darle el golpe de gracia al PSOE, se dedicó a menospreciar y lanzar una fuerte campaña en contra de Vox. Esto dio a entender que la relación de ambos partidos era complicada, y muchos indecisos que a lo mejor quiso votar al PP o a Vox se acabó absteniendo, ya que una mala relación podía poner en riesgo la gobernabilidad del país.

Además, el PP de Feijóo dijo en reiteradas ocasiones que su socio prioritario si necesitaba los votos iba a ser el PSOE, cosa que aún pudo ahuyentar aún más los posibles votantes. Asimismo, la campaña horrorosa del PP, que ya daba por sentado que iban a ganar, y que no tenía ningún mensaje claro, sólo “echar a Sánchez de la Moncloa”, hizo que finalmente la izquierda pudiese formar gobierno, respaldándose en los partidos separatistas de Cataluña.

Desde las elecciones, y especialmente en los últimos 33 días, de manera continua, el pueblo español se manifiesta día tras día en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El motivo de estas manifestaciones es la amnistía que quiere aprobar el gobierno de Pedro Sánchez.

La amnistía tiene un único objetivo: que Sánchez pueda ser presidente del gobierno español, ya que no hay otra configuración de partidos que lo lleven a la reelección. Han intentado disimularlo con diferentes relatos, pero al fin y al cabo, Sánchez quiere aprobar esta amnistía porque sabe que depende de los partidos independentistas catalanes para ser presidente, no por otra razón.

De hecho, antes de las elecciones, todo cargo del PSOE negaba rotundamente que iban a aprobar la amnistía, es más, ellos decían que era un ataque flagrante contra la ley. Sin embargo, después de las elecciones, tuvieron que reconvertir el discurso para intentar vender a sus votantes y a la población que la amnistía traería paz y concordia a Cataluña y a España.

Hay que ser muy claros: la amnistía implica eliminar todo delito que hayan cometido los responsables políticos del referéndum ilegal en España y el intento de independencia del año 2017. Además, de perdonar actos vandálicos del grupo “CDR” y “Tsunami Democràtic”, dos organizaciones que han sido responsables de atacar propiedad tanto pública como privada.

Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, fue el que huyó a Bruselas para salir impune. Ahora, si esta amnistía se aprueba, Puigdemont podrá volver y tendrá vía libre para poder ser candidato de nuevo a Presidente de la Generalitat e intentar hacer otro referéndum, esta vez, el objetivo sería hacer un referéndum acordado como el caso escocés o de Quebec.

La gente puede estar a favor o en contra de un referéndum, pero lo que no se puede defender es saltarse la constitución española y el aviso de todas las asociaciones de jueces que alertan sobre la peligrosidad que tiene esta ley, así como el precedente que se crea.

Es saltarse la separación de poderes y cargarse el Estado de Derecho, ya que está eliminando todo el proceso judicial hecho con anterioridad. Asimismo, en el acuerdo entre el partido de Puigdemont (JUNTS) y el PSOE, existe la afirmación de que hubo “lawfare”, es decir, la instrumentalización de la justicia con fines políticos.

Vox ha sido el único partido que ha intentado parar este golpe a la separación de poderes, algo que será realmente difícil, ya que la mayoría de los medios de comunicación mainstream están con Sánchez.

Asimismo, el Partido Popular, que teóricamente es el líder de la oposición por número de escaños, no ha apoyado en ningún momento estas concentraciones que está habiendo en Ferraz contra Sánchez. Vox, sin embargo, está intentando por todos los medios internacionalizar el conflicto.

En primer lugar, la llegada del famoso periodista estadounidense, Tucker Carlson, hizo que muchas personas de Estados Unidos se enterarán de lo que estaba sucediendo en España, haciendo eco en todos los seguidores de Carlson de Europa. En segundo lugar, ECR (grupo europeo al que pertenece Vox) ha hecho una campaña en la Unión Europea para que sepan lo que está pasando e intentar pararlo a través del organismo supranacional.

No obstante, los españoles tienen poca confianza en la ayuda del resto de Europa, y las autoridades de la UE se han desvinculado y han dicho que se trata de un asunto interno, algo que es correcto, que los burócratas no se metan en asuntos de política interna, pero demuestra una gran hipocresía, ya que sí se meten en la política interna de otros países, como es el caso de Hungría y Polonia, tan solo por tener una agenda conservadora.

Las elecciones europeas de 2024 pueden ser un gran avance para parar este golpe a la democracia, de hecho, esto no es una cosa de izquierdas o de derechas, es algo de sentido común, ningún gobernante puede atentar contra la Constitución, mentir deliberadamente sobre que no ibas a hacer y luego hacer totalmente lo contrario.

Europa necesita que los patriotas sean la primera fuerza política, algo que podría lograrse si los dos bloques de derecha, el ECR y el ID, se juntaran, además de la entrada de Fidesz, podría dejar en jaque mate al Parlamento Europeo.

Existen diferencias entre ambos bloques, e incluso algunas líneas rojas entre los partidos, pero la unión de los patriotas es la única que puede reconducir el rumbo del Viejo Continente. La derecha, los verdaderos conservadores, están comenzando a ganar en toda Europa y en el mundo, lo vimos en Italia, en Suecia, en Finlandia y ahora lo hemos visto en Los Países Bajos y Argentina.

El año que viene, puede pasar lo mismo en Rumanía con el partido AUR, en Portugal con la entrada de Chega en el gobierno y en Estados Unidos si vuelve Trump. Además, de estar atento a sitios como Alemania, donde AfD está ganando cada vez más fuerza.

Europa debe de ser una Europa libre y sin ninguna agenda impuesta, dejar de ser vasallos de Estados Unidos y rechazar serlo de Rusia o China. Europa debe tener su propia agenda, recuperar su soberanía y ser la Europa grande y fuerte que siempre fue, sin someterse a ninguna superpotencia y reconvertirse como una, pero no una Europa unificada y federal, sino una Europa fuerte de naciones soberanas y libres.

Las reformas laborales implementadas en Grecia desde 2021 y España a mediados del año pasado avanzaron en direcciones opuestas, y en consecuencia los resultados también fueron dispares. La creación de empleo en la economía española se estanca en comparación al dinamismo de la economía helena.

Desde mediados del año 2012 fue muy común observar que la tasa de desocupación de España fuese sistemáticamente menor a la que sufría la economía griega. Por aquel entonces el Gobierno del Partido Popular llevó adelante una reforma laboral que flexibilizó enormemente la legislación, mientras que los sucesivos Gobiernos socialdemócratas en Grecia se caracterizaron por trabajar en contra del empleo.

Pero esta tendencia de los últimos años parece haber llegado a su fin. Entre mayo y junio de 2021 el Gobierno del derechista Kyriakos Mitsotakis implementó una ambiciosa reforma para la flexibilización laboral, incluyendo el lanzamiento de modalidades de contratación más flexibles y menores cargas patronales sobre las empresas.

El Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez en España hizo todo lo contrario, logró la aprobación de una reforma laboral a mediados de 2022, con el objetivo de endurecer más las regulaciones laborales y anular los postulados de la reforma de Rajoy 10 años atrás.

Y si bien la nueva legislación española mantuvo la mayor parte del organigrama anterior, se incluyeron algunas cláusulas muy distorsivas como por ejemplo la eliminación de los límites por ultra-actividad de convenios colectivos y la eliminación de algunas modalidades de contratación temporal habilitadas, entre otros cambios.

Con todo esto, la tasa de desocupación de España se estancó en el 12% de la población económicamente activa de referencia en septiembre, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). El desempleo llegaba al 12,7% al momento del lanzamiento de la reforma, con lo cual no se registró ninguna mejora significativa pese a las promesas del oficialismo.

Desde el punto de vista de Grecia la desocupación retrocedió al 9,9% al término del mes de octubre, oficialmente el primer registro por debajo de los dos dígitos en los últimos 14 años. El desempleo superaba el 15% antes del lanzamiento de la nueva legislación laboral, retrocedió 5 puntos porcentuales desde entonces.

El desempleo de la economía griega acumula un total de 20 meses situándose por debajo del indicador homólogo en España. Grecia se encamina a normalizar la situación laboral  del país después del shock violento que representó la Gran Recesión internacional, pero España aún se encuentra muy lejos de poder aspirar a aquel 8% de desocupación que registraba antes de la crisis.

Las mayores rigideces nominales en el mercado laboral suponen un gran problema para el crecimiento a largo plazo. Impiden la eficiente adaptación de shocks exógenos (como por ejemplo lo fue la pandemia en 2020), y más aún para países que delegaron su política monetaria en una entidad supranacional como es el caso de España y Grecia.

Cuanto más severas sean las rigideces de la legislación laboral, más difícil será el ajuste por la vía de los precios (en este caso los salarios), y más grande será el ajuste que se traslada por la vía de las cantidades (la cantidad de personas sin trabajo).

La cantidad de personas bajo el umbral de “riesgo de pobreza” alcanzó al 26,3% de la población al término del año 2022, la misma cifra que ocupó Grecia, y solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. La pobreza en términos de poder de compra de energía casi se duplicó desde que Sánchez llegó al poder en 2018.

La economía española demuestra un dinamismo cada vez más bajo y rezagado con respecto al promedio de la Unión Europea. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez introdujo reformas que desalientan el crecimiento económico y la generación de empleo, entre ellas la reforma tributaria de 2020 y la reforma laboral sancionada durante el año pasado.

La cantidad de personas en “riesgo de pobreza” alcanzó al 26,3% de la población en 2022, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España. Se llegó a un récord de hasta el 27,6% en 2021, principalmente impulsado por el incremento de la tasa de inflación a niveles anormales.

El riesgo de pobreza sigue siendo aún más elevado que el 26,1% que heredó la administración socialista en 2018, y acumuló una suba sustancial con respecto al 25,3% del año 2019. De esta manera, España se convirtió en el tercer país más empobrecido de Europa junto con Grecia (que registró la misma cifra en 2022), y solo por detrás de Rumanía (34,4%) y Bulgaria (32,2%).

La distribución del riesgo de pobreza no es uniforme en toda España. En las islas Canarias el riesgo de pobreza llegó al 36,3%, en la Comunidad de Andalucía alcanzó al 36% de la población, en Extremadura llegó al 35,9%, Castilla-La Mancha registró un 32%, en Murcia el riesgo superó el 31%, mientras que en la Comunidad Valenciana superó cómodamente el 27%.

Se debe tener en cuenta que se entiende por “riesgo de pobreza” a una métrica que mide cuántas personas tienen ingresos bajos (atado a un determinado umbral que fija el INE) con respecto al ingreso promedio de la población, con lo cual es una medida de pobreza relativa (desigualdad) o no pobreza absoluta.

Pero aún así, la pobreza absoluta también aumentó en la España de Pedro Sánchez. El 22,1% de la población española experimentó dificultades para llegar a fin de mes con su salario en 2022, ligeramente por encima del 21,6% registrado en 2021. Por otra parte, el 8,7% de la población sufrió dificultades económicas severas al término del año pasado, cuando este umbral no supera el 7,9% en 2019.

La pobreza en términos de poder de compra de energía se disparó brutalmente tras el shock de precios internacionales provocado por la Guerra de Ucrania, la inflación desatada por el Banco Central Europeo, y la disfuncional política energética de Pedro Sánchez que encarece tanto los costos mayoristas como las tarifas públicas que perciben los consumidores.

La Encuesta de Condiciones de Vida del INE reveló que el 17,7% de los hogares españoles no se pueden permitir mantener una temperatura adecuada en invierno, una medida de “pobreza energética”. 

Sánchez asumió la dirección del país en 2018 cuando la pobreza energética sólo alcanzaba al 9,6% de la población, casi se duplicó en 5 años de gestión. Escaló al 11,1% en 2020 y al 15,2% en 2021, todo esto antes de que se desatara la guerra entre Rusia y Ucrania.