Acorralado por denuncias de corrupción contra su mujer y en medio de una crisis política con una alianza de gobierno con partidos separatistas que se cae a pedazos, el mandatario socialista asegura que piensa en renunciar.

El presidente socialista Pedro Sánchez hizo una jugada que puso en jaque a la política española. Luego de haber convalidado su mandato en las últimas elecciones, aunque con una alianza muy polémica con los partidos separatistas, nadie pensaba que el mandatario estaría a un paso de renunciar unos meses después.

A través de una “Carta a la ciudadanía”, esta semana Sánchez denunció que su mujer y él están siendo "acosado" por la "ultraderecha" y que por eso, cerraría su agenda y se tomaría cinco días de franco para pensar si renunciaría o no a la presidencia.

Si bien la elección de esta forma de comunicación ya era algo sin precedentes para un presidente del país, no menos insólito resultaba el contenido de la misiva. En la misma, Sánchez denuncia una supuesta “operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire”, perpetrada por “una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España”, cuya culminación ha sido la apertura de una investigación judicial contra su mujer, Begoña Gómez, “para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios”. 

Delitos que Sánchez niega en rotundo calificándolos de “falsedades” e “informaciones espurias”. Ante esta situación, declara estar “profundamente enamorado de mi mujer” y se pregunta: “¿merece la pena todo esto?”.

A continuación sentencia: “Necesito parar y reflexionar (…) si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor. (…) El próximo lunes, 29 de abril, compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión”. Este lunes, tan solo en unas horas, se espera una definición del mandatario socialista.

¿De qué se acusa a la mujer de Sánchez?

El acoso que Sánchez acusa contra su mujer, no es un tema menor, ya que se trata de uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos tiempos. La organización “Manos Limpias” ha registrado la denuncia a Begoña Gómez acusando a la mujer del presidente de dos supuestos delitos: tráfico de influencias y corrupción privada.

Tal y como relata la denuncia, al mismo tiempo que el holding turístico Globalia se comprometió a pagar 40.000 euros al año a la institución África Center, de la cual Begoña era directora, así como 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para ella y su equipo, el Consejo de Ministros presidido por su marido aprobó el desembolso de 475 millones de euros para rescatar a Air Europa, una aerolínea propiedad de la corporación.

En la denuncia se explica que estos compromisos de pagos quedaron saldados luego de una reunión entre Javier Hidalgo, el CEO de Globalia, y la propia Begoña Gómez, en su calidad de Primera Dama.

La persona que hizo de enlace entre Hidalgo y Gómez fue el empresario Carlos Barrabés, quien poco tiempo antes había creado el “Máster de Transformación Social Competitiva”, cuya dirección de cátedra fue otorgada precisamente a la señora Gómez, a pesar de no ser ni siquiera licenciada ni poseer titulación homologada al respecto.

Siguiendo el hilo de casualidades, en julio de 2020, en plena pandemia, el organismo UTE, propiedad de Barrabés, obtuvo una millonaria concesión de una entidad del Estado pese a que su oferta en el concurso público lanzado por la entidad no era la más económica.

Concretamente, el organismo UTE “ganó” el concurso por apenas unas centésimas por encima del siguiente competidor, gracias a una calificación de 10 obtenida en el apartado “Valoración subjetiva” del concurso, apartado que suponía el 40% de la nota y cuya defensa se basó precisamente en una carta de recomendación escrita por la mujer del presidente español, Begoña Gómez.

Reacciones a la carta de Sánchez

Desde la oposición, el partido VOX considera esta carta como un mero acto de “victimización” e invitaron a Sánchez a dimitir. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado a Sánchez de ofrecer “dosis de narcisismo impropias de una persona madura”, pero no comentó sobre si le gustaría que renuncie o no.

Mientras tanto, la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz de Ayuso, cargó contra la carta “infame” de Sánchez acusándole de escaquearse para buscar “impunidad”. Irónicamente, en los últimos meses tanto Sánchez como la vicepresidente Irene Montero han acusado varias veces de corrupción  públicamente y en el Congreso de los Diputados tanto a la mujer de Feijoo como al hermano de Ayuso, acusaciones que poco después han sido totalmente desmontadas por las investigaciones.

Paralelamente, la prensa internacional se ha hecho eco de la carta de Sánchez de manera tan rotunda como unánime en su interpretación. Desde el New York Times a The Guardian, pasando por Financial Times a Corriere dellla Sera, todos coinciden en poner el foco en la investigación por corrupción a su mujer como detonante de su posible dimisión.

Nuevamente se observaron de primera mano los resultados desastrosos de la regulación de los alquileres, esta vez en la experiencia catalana. El valor real de los alquileres se incrementó casi un 5% desde la vigencia de las normativas regulatorias.

El gobierno socialista-independentista de Cataluña lanzó un masivo programa estatal para tratar de controlar arbitrariamente el precio de los alquileres en la región. Así como en Argentina, el gobierno comunitario lanzó una Ley de Alquileres que dispuso la regulación total de los contratos entre inquilinos y propietarios.

Nuevamente como en Argentina, las regulaciones no cumplieron su cometido y no ofrecieron ningún tipo de alivio a los ciudadanos para acceder a una vivienda más asequible, más bien ocurrió lo contrario.

El primer experimento regulatorio de Cataluña se lanzó en septiembre de 2020, en plena pandemia, con la llamada “Ley Autonómica de Alquileres”. Dicha legislación se mantuvo casi sin cambios hasta abril de 2022. Durante este período, la oferta de viviendas cayó un 35,5%, y el valor real de los alquileres más baratos y accesibles se disparó un 12,7%, el doble que la inflación para esa misma etapa. Los datos fueron computados por un estudio del Centro de Política Económica de España (ESEADE) en base a los dos años de evidencia empírica de la regulación.

El presidente de Cataluña, Quim Torra, salió expulsado del gobierno en 2021, y tomó el control Pere Aragonès, quien a pesar de ser más moderado en cuestiones económicas, demostró no haber aprendido absolutamente nada del fracaso regulando los alquileres, y volvió a lanzar una nueva ofensiva de controles a partir de marzo de este año.

Se dictó un estricto control sobre 140 municipios en toda Cataluña, y más tarde la cantidad de localidades alcanzadas se extendió a un total de 241, abarcando territorios que representan hasta el 90% de la población catalana.

Los primeros resultados de la nueva normativa regulatoria son tan deplorables como los que cosechó la primera ley de alquileres de 2020. La oferta de viviendas respondió rápidamente con una reducción del 13% según estimaciones de la compañía inmobiliaria Idealista.

“Es innegable que el origen del problema del alquiler en España está en la poquísima oferta disponible, por lo que se hace imprescindible un cambio de rumbo que reequilibre las relaciones entre inquilinos y propietarios, que asuma que los propietarios no son el problema sino la solución al aumento de la oferta y el ajuste de los precios”, confirmó la firma inmobiliaria.

En la Ciudad de Girona la caída de la cantidad de viviendas disponibles para un alquiler cayó un 21%, en Tarragona la reducción fue del 16%, y en Barcelona se desplomó no menos de un 14%.

Sin excepción, todas las localidades afectadas por las regulaciones experimentaron fuertes caídas en la oferta disponible de inmuebles, tal y como anticiparon la mayoría de los agentes del mercado inmobiliario, y del mismo modo en que ocurrió durante el periodo 2020-2022. El Gobierno cometió dos veces el mismo error estrafalario, por motivo de un cinismo ideológico.

Dada una demanda relativamente estable (como la que de hecho se observa), la fuerte caída de la oferta de inmuebles empujó los precios hacia arriba en términos reales. Los alquileres aumentaron un 4,6% por encima de la inflación en Barcelona desde el pasado mes de marzo, siendo esta una de las regiones más afectadas por la aplicación efectiva de los controles.

El aumento real promedio de los alquileres en toda Cataluña fue del 4% en solo un mes, y el panorama luce sombrío conforme el Gobierno se niegue a torcer el rumbo económico para permitir una mayor libertad de negociación entre las partes.

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el "respeto" que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario "seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración".

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medida. "Queremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común".

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado "regularización por arraigo" y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.