La Asociación de Fútbol de Gibraltar manifestó a través de un comunicado que el video de la canción fue recibido con "ira, consternación y decepción". "La conducta en cuestión es profundamente ofensiva para los gibraltareños", comenzó el comunicado.

Desde la era de Xavi, Iniesta, Casillas, Sergio Ramos y compañía, la selección de España ha enfrentado dificultades en competiciones internacionales. Durante casi una década, la Furia Roja sufrió eliminaciones en la fase de grupos de la Copa del Mundo y cayó de manera dolorosa en las Eurocopas.

No obstante, en Alemania, bajo la dirección de Luis De La Fuente, el equipo rompió con la mala racha y se consagró campeón por cuarta vez en su historia.

Las celebraciones en España fueron grandiosas, especialmente para una generación joven que no había presenciado la última consagración de la selección. En Madrid, el capitán Álvaro Morata tomó el micrófono y, junto a Rodri, entonó el cántico "Gibraltar es español". Esta canción se había popularizado entre los aficionados desde que se confirmó que Inglaterra sería el rival en la final.

Gibraltar, un territorio controlado por los británicos de ultramar, fue objeto de controversia cuando Morata le recordó a Rodri que jugaba en un club inglés, el Manchester City. Rodri respondió: "No me importa".

La Asociación de Fútbol de Gibraltar emitió un comunicado expresando su ira, consternación y decepción por el video de la canción. El comunicado señalaba: "La conducta en cuestión es profundamente ofensiva para los gibraltareños, quienes han ejercido repetidamente su derecho democrático a seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar".

"Aunque Gibraltar comparte una frontera con España y valora su estrecha relación de cooperación con el país y su pueblo, sigue siendo un Territorio Británico de Ultramar. La conducta también resulta profundamente ofensiva para la Gibraltar FA, ya que sugiere que no deberíamos existir como una asociación nacional independiente miembro de la UEFA", concluyó la asociación, criticando el cántico de los campeones de la Eurocopa.

"Se designará un inspector de ética y disciplina de la UEFA para evaluar una posible violación del Reglamento Disciplinario de la UEFA por parte de los jugadores Rodrigo Hernández Cascante y Álvaro Morata en el contexto de la conducta ocurrida durante la presentación pública del título del Campeonato de Europa de la UEFA 2024 en Madrid el 15 de julio de 2024. Se proporcionará más información sobre este asunto en su debido momento."

Se espera que, al igual que Merih Demiral, quien recibió una sanción por "gestos políticos", tanto Rodri como Morata enfrenten una suspensión de 2 partidos. La UEFA admitió a Gibraltar como miembro pleno en mayo de 2013, después de una sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo, en contra de la Real Federación Española de Fútbol y del gobierno español.

El conflicto entre Gibraltar y España recuerda a la situación que enfrenta el mediocampista argentino. El video publicado por Enzo Fernández, tras la victoria de la Selección Argentina en la Copa América 2024, generó controversia por ser considerado "racista y xenofóbico", algo que es completamente falso.

La FIFA ha anunciado el inicio de una investigación: "La FIFA ha tomado conocimiento de un video que circula en redes sociales y está llevando a cabo una investigación sobre el incidente". La FIFA también declaró: "Condenamos firmemente toda forma de discriminación, sin importar su origen, y esto incluye a jugadores, aficionados y responsables."

Por su parte, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) planea presentar una denuncia contra Argentina por supuesto "racismo". "La FFF escribirá a la AFA y acudirá a la FIFA, reservándose el derecho a tomar otras acciones", anunció la entidad. Se espera que Enzo Fernández enfrente sanciones económicas más que deportivas, aunque el Chelsea ya ha confirmado que ha iniciado un procedimiento disciplinario interno.

La administración del PSOE se niega a permitir cambios profundos sobre el sistema de seguridad social español, y todas las proyecciones futuras sugieren que se volverá un verdadero agujero negro para las finanzas públicas y una masiva disparada del gasto estatal.

El gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez está sentando las bases para una bomba fiscal que repercutirá sobre las finanzas del Estado español a lo largo de los próximos años, comprometiendo así el pago de las futuras pensiones.

Pese a las tímidas reformas esgrimidas por el Ministro socialista José Luis Escrivá, solamente al término de 2023 la seguridad social española registró un desequilibrio descomunal equivalente a los 8.200 millones de euros, y no hará más que empeorar año tras año en ausencia de reformas estructurales.

De esta manera, el sistema de reparto estatal de España se encamina a su cuarta quiebra histórica, y las consecuencias de este hecho ya son conocidas: los parámetros del sistema deberán nuevamente reformularse en detrimento del bienestar de la sociedad, sin ninguna otra alternativa posible dentro del sistema que ofrece el Estado. 

Bajo un régimen de capitalización individual, dichas reformas no serían necesarias, pero España no cuenta ni siquiera con la asistencia de una mínima participación privada en la inversión de los fondos públicos de pensión, y los planes privados existentes se encuentran sumamente regulados y restringidos.

Los resultados del sistema de reparto español y la falta de futuro

Tal y como se encuentra diseñado el esquema previsional español, y dada las políticas aplicadas por el oficialismo, se encamina hacia una nueva quiebra generalizada que repercutirá mediante menores beneficios para los cotizantes, y mayores impuestos para las generaciones futuras.

La primera gran quiebra del sistema de reparto se produjo en 1985, durante la presidencia socialista de Felipe González. Por aquel entonces, se decidió trasladar el problema hacia adelante: se decidió extender el período mínimo de cómputo (el tiempo para calcular el importe de la prestación social) de 2 a 8 años, y la base salarial para la cotización a partir de los 15 años anteriores a la jubilación (antes 10 años).

Pese a los cambios, en 1997 el sistema volvió a quebrar, y la administración de Aznar decidió extender el período de cómputo hasta los 15 años, y elevar el período de cotización de referencia de 15 a 35 años, lo cual redujo sustancialmente el valor de las jubilaciones reconocidas (generalmente los últimos años trabajados mantienen niveles salariales superiores a los primeros, en la vida laboral de cualquier persona).

Todo esto le dio holgura al sistema por casi una década más, pero finalmente en 2011 el sistema de reparto español quebró por tercera vez, y de manera alarmante. Para postergar el inminente colapso, se extendió la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años (gradualmente), el período de cómputo subió de 15 a 25 años, y el período de años salariales de referencia se incrementó de 35 a 37 años. Paralelamente, las jubilaciones dejaron de estar indexadas a la inflación.

Las sucesivas reformas solo postergaron los mismos problemas hacia adelante, pero el dato más alarmante es que se agotan cada vez más rápido. Esta vez, el Gobierno socialista ni siquiera está dispuesto a cargar con el costo político que supondría una cuarta reforma restrictiva, condenando así a millones de personas a una eventual (y más violenta) reforma en el futuro cercano.

El abogado de Begoña respaldó a la investigada por corrupción, afirmando que le "aconsejó" agarrarse a su derecho a no declarar, aunque “no tenía nada que esconder”.

Begoña Gómez se ha negado a declarar este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado, quien la investiga por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios.

Apenas diez minutos después del inicio del juicio, el magistrado la dio por finalizada una vez que la esposa de Pedro Sánchez confirmó que haría uso de su derecho a no declarar.

Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, comunicó al juez que su representada no iba a declarar. El magistrado insistió en que debía ser la investigada quien se lo hiciera saber, a lo que Begoña Gómez respondió desde el banco de los acusados: “No, no voy a declarar”.

En declaraciones a los medios de comunicación que cubrían la comparecencia, Camacho explicó que la esposa de Pedro Sánchez “no ha declarado no porque tenga algo que esconder, no porque no quiera dar explicaciones, sino porque su defensa se lo ha recomendado”.

Según el letrado, “el procedimiento carece de objeto alguno en este momento” y “se ha quedado sin contenido” porque los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés fueron enviados a la Fiscalía Europea y, para la defensa de Gómez, ese es el objeto de investigación. Además, criticó al juez Juan Carlos Peinado por hacer su trabajo, afirmando que esta llevando a cabo una “investigación expansiva” que “cada vez se extiende más”.

Sobre el informe aportado recientemente al juzgado por la Universidad Complutense de Madrid sobre una posible apropiación irregular del software de la cátedra que codirigía la esposa de Pedro Sánchez, en el que el centro de estudios concluye que por el momento no se pueden acreditar ilegalidades por falta de datos, Camacho ha tildado de “sorprendentes algunas de sus afirmaciones”.

Gómez llegó al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid a las 10:12 horas. Durante los pocos metros que separaban el ascensor de la puerta del juzgado, estuvo acompañada por cuatro agentes de los servicios de seguridad de Moncloa y su abogado, vestida con un traje negro. Media hora antes, la esposa del presidente del Gobierno español había llegado a los juzgados de Plaza de Castilla en un vehículo oficial, escoltada por un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía Nacional.

Vox, que encabeza las acusaciones populares personadas en la causa, anunció tras la comparecencia que pedirá al juez que cite a Pedro Sánchez en calidad de testigo. “Si su mujer se ampara en su derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo”, reclamó el europarlamentario de Vox, Jorge Buxadé.

Por su parte, el resto de los acusadores (Iustitia Europa, Hazte Oír, Manos Limpias y Movimiento de Regeneración Política de España) han criticado el “costo económico” que ha supuesto el enorme dispositivo de seguridad desplegado por el juicio de Gómez, así como las “extremas medidas de seguridad” tomadas en el interior de los juzgados de Plaza de Castilla. “Nos hemos sentido coaccionados. Cada vez que se acercaba Begoña nos rodeaban”, señaló el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán.

Al igual que ocurrió el pasado 5 de julio, una treintena de ciudadanos se concentraron en las inmediaciones de la Plaza de Castilla para protestar contra Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Entre las proclamas se escucharon frases como “Juan Carlos Peinado, estamos a tu lado” y “ladrones”.