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Insólito: Joe Biden retira a ETA de la lista de organizaciones terorristas en el mundo

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La agrupación terrorista vasca todavía tiene fuerte influencia a través de su rama política EH Bildu y sus líderes siguen libres y viajan constantemente a Cuba y Venezuela.

El gobierno demócrata de Joe Biden ha decidido retirar a ETA (Euskadi Ta Askatasuna) de la lista de organizaciones terroristas en el mundo, en una decisión que ha despertado el enojo de muchos españoles, especialmente del partido político VOX.

El secretario de Estado Antony Blinken notificó por escrito al Congreso el pasado viernes sobre la retirada de ETA del listado, y se espera que en las próximas semanas su nombre sea oficialmente eliminado de la Lista de Organizaciones Terroristas ("FTO", por sus siglas en inglés Foreign Terrorist Organizations), la recopilación más precisa del mundo de este tipo de agrupaciones.

Si bien ETA ya no está más en acción, su eliminación de la lista provocará que muchos juicios que quedan pendientes no tendrán el apoyo internacional que solían tener, lo cual perjudica las acciones de las víctimas en su lucha por aclarar los brutales crímenes que este grupo ha cometido en el pasado.

ETA es un grupo separatista de ideología comunista que aboga por la independencia de la nación vasca, en el norte de España. Desde su creación en 1958, la agrupación es responsable de 864 asesinatos, de los cuales 355 fueron civiles, entre ellos 22 niños.

Su objetivo militar fue la "construcción de un Estado socialista en Euskal Herria", un territorio imaginario que comprende las actuales Comunidad Vasca y Navarra en España, y Basse-Navarra, Labourd y Soule, en Francia.

Tras la muerte de Francisco Franco en 1975 y la vuelta a las democracia, ETA aprovechó la retirada de las Fuerzas Armadas del poder para afianzar su postura guerrillera y entre los años ’80 y ’90, cometieron una masacre tras otra, asesinando a policías, soldados, políticos, jueces, empresarios, profesores, periodistas y todas sus familias, lo cual le ligó el ingreso a la FTO en 1997.

La agrupación terrorista declaró un alto al fuego en 2010, después de dejar un baño de sangre en España y un País Vasco más español que nunca, y terminó de desmovilizarse en 2018.

Sin embargo, sigue habiendo fuertes simpatías por el accionar del ETA, especialmente entre la llamada izquierda abertzale, con partidos que reivindican su accionar y tienen una fuerte influencia en la política vasca y nacional, como el EH Bildu.

Las razones dadas no tienen en cuenta que ETA, como tal, su marca, nunca se ha disuelto y que los sucesivos “escenarios” que montaron, entrega de armas (no todas), solemnes declaraciones de abandono del terrorismo, no tenían otro fin que allanar la legalización del que fuera su “brazo político” para que pudiera actuar con plena libertad. Por otra parte, una pequeña escisión, ATA, se mantienen activa aunque, de momento, sin ningún peligro conocido.

El Departamento de Estado mantenía, en su informe de 2019, durante el gobierno de Trump, a ETA como organización terrorista extranjera que operaba en España y Francia. El reporte indicaba que esta agrupación se mantenía activa políticamente, ayudando a Cuba y Venezuela a hacer lobby en España.

Incluso por estar en la lista, ese mismo año, Estados Unidos le impidió viajar a Arnaldo Otegui, líder del EH Bildu, a La Habana para asistir a un homenaje a Fidel Castro. Las autoridades estadounidenses no permiten sobrevolar su espacio aéreo a personas que pertenezcan a agrupaciones que estén la la FTO.

Según la información que ha publicado la agencia AP, Biden también pretende eliminar en la misma modificación a la agrupación japonesa Aum Shinrikyo, el grupo judío radical Kahane Kach y dos grupos islámicos, el Consejo de la Shura de los Muyahidines de Derna y Al-Gama’a al-Islamiyya.

España

Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

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El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el "respeto" que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario "seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración".

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medida"Queremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común".

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado "regularización por arraigo" y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

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El Gobierno socialista de España ordenó bloquear Telegram en el país, como ocurre en Cuba, Irán, Pakistán y China

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Luego de que la plataforma de chat se negara a entregar datos personales de sus usuarios al Gobierno español, y cerrar miles de canales de difusión, la justicia ordenó su bloqueo.

La red de mensajería Telegram es la principal alternativa a WhatsApp en todo el mundo, y no solo lo es como una opción con más funcionalidades, si no que otorga un mayor nivel de encriptación y privacidad en los mensajes que se comparten.

Es por esto que se usa a nivel mundial para esconderse de gobiernos opresores que utilizan la justicia para perseguir opositores, como cada vez ocurre más incluso en democracias liberales como Brasil, Canadá o España.

Es en este último país que Telegram ha caído en desgracia. Este viernes, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó bloquear Telegram de forma cautelar en respuesta a una denuncia de Mediaset, Antena 3, Movistar y Egeda, quienes acusan al sistema de mensajería de alojar contenido protegido por derechos de autor sin permiso.

La decisión ha sido adoptada por Pedraz después de que los responsables del sistema de mensajería no respondieran a los requerimientos del magistrado. Cabe aclarar que es política de la empresa creada por dos rusos opositores a Putin que no entregan ninguna información a ningún gobierno, con el fin de respetar los derechos a la privacidad de sus usuarios.

Pedraz, titular de Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional, considera esta medida "necesaria, idónea y proporcional" porque, según él, no existe alternativa que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados.

El juez cuenta con el aval del presidente socialista Pedro Sánchez, quien viene criticando a Telegram hace años, denunciando que "allí se albergan grupos neonazis y extremistas", incluso a pesar de que tiene redes de difusión en dicha plataforma.

Telegram tiene unos 900 millones de usuarios en todo el mundo, según las últimas cifras oficiales publicadas por Pável Dúrov, el multimillonario ruso fundador de la compañía. En España, tiene unos 8,5 millones de usuarios, y la usa a diario aproximadamente un 20% de la población, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Dúrov creó Telegram en 2013, poco después de que Vladimir Putin le obligaría a vender VK (el Facebook ruso) y exiliarse del país por negarse a suministrar datos personales de ciudadanos ucranianos a los servicios de seguridad de Rusia.

En la actualidad la sede oficial de Telegram se encuentra en Dubái, donde Dúrov firmó un contrato con el gobierno emiratí para tener total privacidad en sus servidores. Su compromiso con la privacidad es tan alto que incluso se ha negado a cerrar grupos de difusión de Hamás, no porque defienda su accionar (incluso ha condenado al grupo terrorista en múltiples ocasiones) pero por su compromiso a no violar la libertad de expresión absoluta.

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El Congreso de España modificó el reglamento y todos los documentos oficiales del Legislativo estarán escritos en "lenguaje inclusivo"

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Para llevar a cabo esta reescritura en lenguaje inclusivo se modificó el grueso de los 207 artículos del Reglamento del Congreso.

En una acción impulsada por el presidente Pedro Sánchez, la presidencia del Congreso de los Diputados de España ha lanzado un nuevo reglamento que impone el uso obligatorio de "lenguaje inclusivo" en toda la documentación oficial.

Ya el propio nombre del Poder Legislativo cambiará, pasando a ser oficialmente "el Congreso de los Diputados y las Diputadas", y todo el Reglamento de los Diputados (que pasará a llamarse "Reglamento del Congreso" para evitar ponerle género al documento) estará escrito en inclusivo.

En el proyecto de ley, que ya fue votado y aprobado en septiembre del año pasado, se ordenaba que, en el plazo más breve posible se acometiera una revisión del texto del Reglamento “para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género”. Este nuevo reglamento entrará en vigencia este martes.

Los críticos señalan que cambiar la terminología según imperativos políticos y no una necesidad real de la sociedad hará que la redacción de los documentos públicos y las discusiones sean difíciles de manejar, generando mucha confusión entre los interlocutores.

Entre otras cosas, los sustantivos para presidente y secretario se han cambiado por el nombre de la institución para evitar la referencia de género a la persona. En vez de decir "el presidente", se deberá decir "quien ocupa la presidencia", y así.

Por ejemplo, actualmente el artículo 31 establece que “el presidente declarará abierta la sesión y uno de los secretarios dará lectura al Real Decreto de convocatoria, a la lista de Diputados electos y a los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación de los electos diputados que puedan verse afectados por su resolución.”

La versión inclusiva dice de otra manera, “la presidencia declarará abierta la sesión y una de las personas que ocupan la Secretaría leerá el Real Decreto de convocatoria, a la lista de cargos electos y a los recursos contencioso-electorales presentada, indicando quiénes podrían resultar afectados por su resolución”.

El lenguaje "inclusivo" ya se incorporó a las regulaciones a finales del año pasado, cuando se agregaron artículos tras la aprobación del Parlamento para permitir el uso en el Congreso de las lenguas cooficiales del país (lenguas regionales como el catalán y el vasco). La ley también incluía un mandato para actualizar todo el texto a un lenguaje inclusivo, que ahora está a punto de obtener la aprobación del parlamento y su publicación final.

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