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España

Inspirado por el fallo de SCOTUS para derogar el aborto, VOX busca una sentencia similar del Tribunal Constitucional en España

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VOX, un sector del PP y las organizaciones antiaborto apelan a la demorada sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Zapatero, para derogar la despenalización del aborto sancionada en 2010.

La decisión filtrada de la Corte Suprema de Estados Unidos que restringiría el acceso al aborto envalentonó a la derecha española. Apenas trascendió que los jueces estadounidenses van a revocar el fallo de 1973 que despenalizó el aborto, VOX y la Conferencia Episcopal comenzaron a agitar la idea de un cambio en la legislación española.

Sin preludios, la diputada derechista Lourdes Méndez pidió esta semana al Tribunal Constitucional que revisara la “Ley Zapatero“, legislación que impulsó el entonces presidente socialista José Luis Zapatero en 2010 para despenalizar el aborto en toda España..

Méndez, militante del Opus Dei, contó con el respaldo del portavoz parlamentario de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, y también de Enrique Benavent, obispo de Tortosa y presidente de la influyente Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, quien aseguró que todo “político cristiano” tiene la obligación de enmendar o derogar las leyes que atentan contra la vida.

En España, el aborto recibió su primera desregulación con la famosa “Ley de lo Supuestos“, aprobada en 1985 durante el gobierno del también socialista Felipe González. La ley despenalizaba el aborto bajo tres supuestos: riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada (supuesto terapéutico), violación (supuesto criminológico) y malformaciones físicas o psíquicas en el feto (supuesto eugenésico), y fue aceptado por todas las fuerzas políticas como un consenso generalizado.

Pero en 2010, Zapatero sorprendió a todos enviando una ley al Congreso para despenalizar el aborto siguiendo una lógica de plazos. Con la aprobación de la “Ley Zapatero”, el aborto quedó despenalizado hasta las 14 semanas, en sintonía con las normas de otros países europeos.

Sin embargo, 13 de las 50 provincias nunca practicaron un aborto en los últimos doce años, es decir, desde que la ley promovida por Zapatero entró en vigor, ya que esta permite la objeción de consciencia.

En Huesca, Teruel (Aragón), Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora (Castilla y León), Cuenca, Guadalajara, Toledo (Castilla-La Mancha), Cáceres (Extremadura), Ceuta y Melilla no ha habido un solo hospital o centro de salud que haya decidido hacer un aborto legal en todos estos años.

Desde el año pasado, la ministra de Mujeres e Igualdad, Irene Montero, está presionando para enviar al Congreso una nueva ley de abortos que obligue a los centros de salud a proveer por lo menos una persona dispuesta a practicar un aborto, además de obligar a las provincinas a crear un registro de médicos objetores.

Montero también quiere restituir a las menores de entre 16 y 17 años la prerrogativa de abortar sin autorización de sus padres o tutores, como impuso el PP durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Pero mientras el gobierno busca expandir la práctica, el aborto puede haber encontrado un obstáculo en el Tribunal Constitucional, que desde 2010 ha dejado en suspenso una resolución sobre el recurso presentado por el PP para derogar nueve artículos de la Ley Zapatero.

El presidente de la máxima corte, Pedro González Trevijano, admitió que la demora era inexplicable, si bien sigue postergando una decisión final. Lo que pasa es que el magistrado Enrique Arnaldo, cercano al PP, es quien le toca redactar la sentencia, y hay un fuerte lobby verde para impedir que el juez conservador le eche mano al asunto.

Hace más de una década que se está dilatando esta sentencia esperando hasta que una renovación del Tribunal traiga una mayoría progresista. Pero el modelo no beneficia a la izquierda: ocho miembros son nombrados por el Congreso, dos por el Poder Judicial y solamente dos por el gobierno.

Actualmente hay 4 jueces progresistas y 8 conservadores, y en junio de este año Pedro Sánchez deberá nombrar los dos jueces que le corresponden, probablemente cambiando a los nominados por Rajoy, Pedro González Trevijano y a Antonio Narváez Rodríguez por dos socialistas.

Esto dejará la composición de la corte en 6 progresistas y 6 conservadores, a uno de tener la mayoría necesaria para derribar los fallos conservadores como el que se espera que dé Arnaldo.

VOX sin embargo está con la mirada puesta en los legislativos autonómicos, y quiere inspirarse en el modelo de Estados Unidos, donde hasta 1973 se dejó la decisión en manos de los estados, y ahora todo indica que la Corte Suprema, con mayoría conservadora, volverá a instalar.

Economía

El ingreso por habitante de España no creció en los últimos 15 años y ya lo supera hasta Lituania

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La renta per cápita de Lituania logró equiparar a la de España por primera vez en la historia. El modelo económico de Lituana demostró un rotundo éxito por sobre otras economías europeas con una excesiva cantidad de regulaciones e impuestos distorsivos. 

La economía española muestra signos de agotamiento a pesar de los diversos programas de estímulo fiscal llevados a cabo por sucesivas administraciones. El peso creciente de regulaciones e impuestos distorsivos limaron el potencial de crecimiento del país, en detrimento de otras economías europeas.

El ingreso per cápita real de España no logró crecer absolutamente nada entre 2007 y 2022, un efecto que se explica principalmente por la fuerte recesión en medio de la crisis inmobiliaria del año 2008 y su profundización definitiva hasta 2012.

La recuperación cíclica de la economía no logró recobrar la tendencia de crecimiento previa a la crisis, y en este contexto impactó el shock por la pandemia a partir del primer trimestre de 2020. La economía española perdió el dinamismo y parece haber entrado en un “estado estacionario” similar al que aparentemente experimenta la economía de Japón.

Pero en un caso diametralmente opuesto, la economía de Lituania logró un fuerte crecimiento del 52% en su renta por habitante entre 2007 y 2022. El país debió emprender un severo paquete de reformas estructurales para abandonar el sistema comunista y de planificación centralizada, y adoptar la economía de mercado. 

Con estas estadísticas, España cerrará el año 2022 con una renta per cápita equivalente a los 39.500 dólares, mientras que Lituania finalizará el año en los 39.200 dólares, una cifra muy aproximada. Tan solo hace 15 años la diferencia entre ambos países equivalía a los 15.000 dólares, hoy solamente 300 dólares separan el ingreso de ambas economías. 

Las reformas incluyeron la privatización de las antiguas y masivas empresas estatales, la desregulación de la economía para asentar los derechos de propiedad, la flexibilización de la legislación laboral y la apertura al comercio internacional. Las mismas fueron continuadas y profundizadas a lo largo de la década de los 2000. 

El tamaño del Estado en Lituania representaba hasta el 33% del PBI hasta 2019 (antes de la pandemia), y logró bajar rápidamente del 43% al 35% del producto una vez superada la crisis de 2008. 

El caso español parece seguir la dirección contraria, ya que el Estado llegó a representar el 42,3% del PBI hasta antes de la llegada de la pandemia, y alcanzó un máximo de hasta el 49,5% en 2012 y durante plena recesión posterior a la crisis inmobiliaria.

La calidad de las finanzas públicas también diverge entre ambos países, ya que Lituania logró mantener el equilibrio financiero desde el año 2005 con la sola excepción de los períodos de recesión. El equilibrio financiero no solo incluye los saldos corrientes del Estado, sino también los intereses por la deuda. 

Por el contrario, España abandonó la responsabilidad fiscal tras el estallido de la crisis inmobiliaria en 2007 y no volvió a recuperarla desde entonces. El último superávit fiscal concretado fue en ese mismo año y alcanzó el 1,9% del PBI, y desde entonces se promedió un desequilibrio de casi 6 puntos por año. 

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Economía

Receta Socialista: Pedro Sánchez disparó el crecimiento de la deuda de 800 euros por habitante a más de 7.000

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La deuda pública de España se incrementó en casi 17 puntos porcentuales desde que el Partido Socialista se hizo cargo del Gobierno. Solamente este año se acumuló un endeudamiento por 78.964 millones de euros.

La contracara de la irresponsabilidad fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez es el aumento desbocado del stock de la deuda pública. Desde la asunción del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al poder en junio de 2018, la participación de la deuda bruta española con respecto al PBI escaló del 100,4% al 117,68% al término de agosto de 2022.

Mientras que entre mayo de 2018 y mayo de 2019 la deuda pública española crecía a razón de 828 euros por persona, el crecimiento registrado entre mayo de 2018 y septiembre de este año se multiplicó nueve veces y alcanzó los 7.307 euros.

Lo que es lo mismo, la deuda del Estado español subió en 38.688 millones euros en el acumulado de 12 meses hasta mayo de 2019, pero considerando el acumulado hasta septiembre de este año el incremento se dispara hasta los 346.719 millones euros

Solamente en los primeros 9 meses de este año el stock del pasivo aumentó en 78.964 millones de euros, y hasta 12.609 millones de euros entre agosto y septiembre. Tras cuatro años de administración socialista, la deuda bruta española aumenta en 219 millones de euros todos los días

El principal factor explicativo para el crecimiento explosivo del endeudamiento es la falta de responsabilidad fiscal. Incluso habiendo llevado a cabo una muy poco convencional reforma tributaria para subir los impuestos en plena pandemia, el Gobierno de Sánchez no consiguió que los aumentos en la recaudación compensaran la expansión del gasto público.

La recaudación total alcanzó el 43,74% del PBI al término del segundo trimestre del año, mientras que el gasto consolidado (incluyendo el Gobierno central y las Comunidades Autónomas) representó el 48,29% del producto en el mismo período. 

Gasto público y recaudación total de España entre 1999 y 2022.

No solamente ambas partidas se encuentran en niveles holgadamente superiores a los que había antes de la pandemia, sino que además la brecha entre el gasto y la recaudación sigue siendo más grande de la que había en el último trimestre de 2019.

El déficit fiscal financiero alcanzó el 4,54% del PBI hacia el pasado mes de junio, un resultado que es consistente con la meta de 4,9% para fin de año pero aún muy superior al 3% que se registraba antes de la pandemia.

El FMI estima que de cumplirse efectivamente la meta fiscal anual, España cerrará el 2022 con un déficit primario del 2,93% del PBI, y proyecta que se estabilizará en el 2% durante los próximos años. Este camino irresponsable garantiza que la deuda pública seguirá creciendo inescrupulosamente.

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España

El Gobierno socialista de Sánchez dispara 11 puntos el gasto público y apunta a un explosivo aumento de la deuda

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El Presupuesto para 2023 proyecta un aumento de casi 11% sobre las erogaciones del Estado. La deuda pública española se disparó en 130.000 millones de euros en lo que va de la gestión socialista. 

La responsabilidad fiscal dejó de ser una prioridad en la España socialista de Pedro Sánchez. El Gobierno presentó su Presupuesto 2023 con un brutal incremento del gasto público en torno al 10,7% en comparación al total de erogaciones para este año. Aislando las partidas que devienen de fondos europeos, el aumento presupuestario alcanza el 6,7% anual. 

El incremento explosivo del déficit fiscal se mantiene como una de las características más comunes en los Gobiernos socialistas de España. El gasto público acumula un incremento de 7 puntos del PBI desde el segundo trimestre de 2018, y hasta 1 punto porcentual hasta el cuarto trimestre de 2019 (antes del shock provocado por la pandemia). 

La recaudación total acumuló un crecimiento del 5,24% del PBI en lo que va de la gestión de Pedro Sánchez. La mayor parte de los ingresos responde a la reforma tributaria impulsada por el socialismo en 2020, aún en plena recesión, la cual implicó el aumento del tipo marginal máximo del 45% al 47% para los ingresos de personas físicas

Gasto público y recaudación total en España desde 1999.

La recaudación récord fue capaz de compensar el aumento de los gastos. La reducción del déficit fiscal, que había sido proyectada hacia la baja constantemente durante la administración anterior, fue completamente abordada a partir de 2018. 

El rojo financiero del Gobierno español saltó del 2,75% del PBI al final de la gestión del Partido Popular (PP) al 3,06% en 2019, y actualmente se mantiene en el 4,54% del producto tras el shock y la posterior reversión de la pandemia. 

A diferencia de otros países con mayor responsabilidad fiscal como Alemania, la pandemia llegó a España en un contexto de 1 año y medio de relajación en la reducción del déficit fiscal, una situación que se terminó pagando muy caro en términos de endeudamiento. 

La detención súbita de la corrección de las arcas públicas fue financiada con deuda. La gestión socialista añadió al país un monto total de 130.000 millones de euros sobre el stock heredado en 2018

La herencia del mandato de Pedro Sánchez comprende un masivo endeudamiento, la desaceleración del crecimiento del PBI, la profundización de los desequilibrios financieros del Estado y la marcha atrás con algunas de las flexibilizaciones regulatorias de la reforma laboral de 2012

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