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Estados Unidos

Escándalo en EE.UU.: Filtraron el fallo de la Corte Suprema que volvería a penalizar el aborto en todo el país

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En la filtración más escandalosa de la historia de la Corte Suprema, los medios tuvieron acceso a la argumentación del juez Alito en favor de volver a penalizar el aborto. Se votará en junio.

En uno de los mayores escándalos de la historia del país, el medio ultra-demócrata POLITICO filtró el borrador del fallo en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos volvería a penalizar el aborto en todo el país.

En junio, la Corte Suprema deberá votar en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, luego de que un grupo pro aborto denunciara al Estado de Mississippi por pasar una ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas.

Según los abogados del Jackson Women’s Health Organization, la ley que aprobó la Asamblea del Estado sureño viola la jurisprudencia asentada en 1973, cuando la Corte Suprema despenalizó el aborto en todo el país en el emblemático fallo Roe v. Wade.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y por primer vez en 50 años la Corte Suprema tiene una super-mayoría conservadora de 6 jueces nominados por republicanos contra solo 3 jueces demócratas. Esto se conoce como el “legado de Trump“, ya que en su mandato de 4 años logró aprobar la nominación de tres jueces conservadores, un récord histórico.

El documento filtrado es la argumentación del juez conservador Samuel Alito, rechazando la demanda del Jackson Women’s Health Organization, derogando Roe v. Wade, y de esa manera, legitimando la ley de Mississippi.

El texto, con fecha del 10 de febrero de este año, es solamente un primer borrador, y es costumbre que cada lado escriba su argumentación con varios meses de anticipación. Pero según la misma filtración, acompañarían el rechazo los jueces Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, lo cual le daría a la Corte los 5 votos necesarios para la mayoría.

No importa cómo vote el otro juez conservador John Roberts (el más moderado de los 6) o los tres jueces progresistas: la mayoría está y de mantenerse esta argumentación en los próximos dos meses, el aborto volvería a estar penalizado en Estados Unidos, después de 49 años.

Es importante destacar que nunca en los 233 años de historia de la Corte Suprema de Estados Unidos se había filtrado la documentación preliminar de un fallo. El tribunal se maneja con la máxima seguridad de todo el país, y los documentos de la argumentación son entregados en mano por un edecán a cada juez, y es ilegal que lo toque cualquier otra persona.

Como bien se ve en la primer hoja del documento, solamente los otros ocho jueces recibieron una copia, y no tiene fecha de “recirculación”, por lo que ni siquiera otros funcionarios del máximo tribunal deberían haber tenido acceso al texto.

Esto quiere decir que el documento solo pudo haber sido filtrado por alguno de los nueve jueces o sus asistentes. Las principales sospechas, obviamente, recaen en los tres jueces progresistas.

Uno de los asesores de Trump, Matt Wolking, apuntó contra la jueza Sonya Sotomayor, la más “militante” de la Corte, nominada por Barack Obama en 2009, y una de las más arduas defensoras del aborto en Estados Unidos.

Específicamente, se apuntó contra su asistente, Amit Jain, una abogada de Yale que tiene muy buena relación con el diario POLITICO, especialmente con el periodista Josh Gerstein, autor de la nota que filtra el documento.

La cuenta oficial de la Corte Suprema, tuiteó: “Es imposible explicar el terremoto que esto causará dentro de la Corte, en términos de la destrucción de la confianza entre los jueces y el personal. Esta filtración es el pecado más grave e imperdonable de la historia“.

Rápidamente después de la filtración -tal vez demasiado rápido- militantes pro aborto colmaron las calles de Washington D.C. en medio de la noche en protesta. El grupo más grande se reunió frente al edificio de la Corte Suprema, cerca del Capitolio, exigiendo que se dé marcha atrás con la decisión.

Los grupos pro aborto ahora tienen dos meses para apretar y extorsionar a los jueces que figuran votando a favor de la penalización, lo cual en última instancia podría afectar el resultado final de la votación, por intimidación y amenazas.

Los dos jueces más “blandos” son Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, que a su vez son los más nuevos y los más inexperimentados. Es probable que activistas feministas estén los próximos dos meses acosando a estos dos magistrados, protestando frente a sus casas y amenazando a sus familiares. Su vida acaba de convertirse en un infierno.

Estados Unidos

Enloqueció Biden: El presidente de EEUU busca sancionar al jefe de las Fuerzas de Defensa Israelíes por combatir al terrorismo

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El gobierno de Biden sancionó al principal financista de Netanyahu en Israel y, según se informa, evalúa expandir las sanciones contra las FDI, que están peleando contra el terrorismo palestino.

Según un informe publicado por Axios, el presidente Joe Biden está preparando una resolución para sancionar económicamente a Herzi Halevi, el actual jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por sus acciones contra los terroristas vinculados al grupo palestino Hamás.

Particularmente, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, está analizando las acciones del batallón israelí “Netzah Yehuda” en la región de Cisjordania para combatir a los terroristas palestinos, antes del ataque del 7 de octubre.

Si se imponen sanciones, el batallón y sus miembros ya no recibirían ningún tipo de entrenamiento o asistencia del ejército estadounidense, y el comandante Halevi no podría viajar más a Estados Unidos o países aliados. Se trataría de la primera vez en la historia que Estados Unidos impone sanciones contra Israel.

Según las fuentes, Blinken está analizando aplicar la Ley Leahy, que prohíbe a Estados Unidos proporcionar cualquier tipo de ayuda exterior o capacitación militar a países responsables de presuntas violaciones de derechos humanos basadas en información creíble.

Si bien el canciller norteamericano rechazó preguntas sobre el tema, recalcó el viernes que “la Ley Leahy es muy importante y se debe aplicar en todos los ámbitos“, y confirmó que la Casa Blanca está analizando el tema.

“Cuando hacemos estas investigaciones, estas indagaciones, es algo que lleva tiempo, que debe hacerse con mucho cuidado tanto al recopilar los hechos como al analizarlos, y eso es exactamente lo que hemos hecho”, dijo. “Y creo que es justo decir que verán resultados muy pronto. He tomado determinaciones; pueden esperar verlas en los próximos días“, completó.

La semana pasada, la administración de Biden impuso sanciones al principal financista de Benjamin Netanyahu en Israel, el empresario Ben-Zion Gopstein, fundador y líder del grupo de derecha Lehava. El grupo promueve los asentamientos judíos en Judea y Samaria y tiene alrededor de 5.000 miembros en el país.

Según la Casa Blanca demócrata, los grupos vinculados a Gopstein cometieron actos de violencia contra palestinos, pero no se presentaron evidencias y se especula que Biden está utilizando esto como excusa para imponerle sanciones a los empresarios que apoyan a Netanyahu.

Cabe recordar que el Partido Demócrata de los Estados Unidos apoya políticamente a Yair Lapid, principal líder opositor a Netanyahu. Lapid se convirtió en el primer opositor de la historia en rechazar unirse al Gabinete de Guerra de Israel, algo que siempre ocurre cuando el país entra en un conflicto armado, para mostrar unidad en momentos de extrema peligrosidad.

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Estados Unidos

El Congreso de EEUU aprueba la mayor ayuda militar desde la Segunda Guerra Mundial: US$ 95 mil millones para Ucrania, Israel y Taiwán

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Los republicanos le entregaron al presidente Joe Biden un regalo de 95 mil millones de dólares el sábado por la tarde, revirtiendo su promesa de meses de no avanzar nunca en la ayuda exterior sin antes asegurar la frontera de Estados Unidos.

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este sábado el mayor paquete de ayuda militar de la posguerra, una transferencia de una magnitud que no se veía desde las ayudas que enviaba Roosevelt al Reino Unido en plena Segunda Guerra Mundial.

Con el apoyo de la totalidad de los diputados demócratas, y de varios republicanos anti-Trump, el Congreso aprobó un paquete de US$ 95.000 millones de dólares para asistir a tres naciones aliadas de los Estados Unidos que están en guerra.

La votación resultó aprobada por 316 votos positivos contra 94 negativos, y fue remitida al Senado, donde el líder republicano Mitch McConnell confirmó que un grupo de senadores conservadores votarán con los demócratas para aprobarlo en tiempo récord y que llegue al despacho del presidente Joe Biden esta misma semana.

El mayor beneficiario del paquete es Ucrania, que recibirá US$ 60.800 millones de dólares en equipamiento militar, asistencia financiera y ayuda humanitaria en su guerra contra Rusia, que el próximo mes cumple 2 años y medio de conflicto sin tregua.

El segundo beneficiario será Israel, que recibirá US$ 26.400 millones de dólares, principalmente para reponer los misiles del Domo de Hierro, para entregar ayuda humanitaria en Gaza y para prepararse para lo que parecería ser un conflicto abierto con Irán.

Por último, Taiwán recibirá US$ 8.120 millones de dólares. La isla está entrando en un conflicto cada vez más caliente con la China comunista, y su inclusión en el programa fue pedido por un grupo de republicanos a cambio de votar afirmativamente.

Los diputados trumpistas aseguran que esta ayuda involucra innecesariamente a los Estados Unidos en tres guerras que le son ajenas. La legisladora Marjorie Taylor Greene dijo que esta medida pone al mundo un paso más cerca de la Tercera Guerra Mundial.

Este tipo de ayudas confirman que hay un mundo en guerra, en tres frentes distintos, y que los Estados Unidos está dispuesta a llevar a todo el resto del mundo a la guerra en vez de enfocarse en sus propios problemas“, aseguró la representante de Georgia.

Los trumpistas creen que los conflictos entre Ucrania y Rusia, entre Israel e Irán, y entre Taiwán y China, deben ser resueltos a través de la diplomacia, y de la contundente posición que Estados Unidos tendría que tener como policía del mundo, y que enviarles dinero solamente fomenta que los conflictos se extiendan en el tiempo.

Ni Rusia se hubiera animado a atacar a Ucrania, ni Irán a Israel si yo fuera Presidente“, dijo recientemente Trump en un discurso de campaña. “Y definitivamente China no se va a animar a atacar a Taiwán si yo vuelvo a ser presidente, eso se los puedo garantizar“, sentenció.

A su vez, aseguró que “la crisis de los Estados Unidos está ocurriendo adentro de Estados Unidos, no en la otra punta del mundo” y que “los inmigrantes están invadiendo la frontera sur y el Congreso se niega a aprobar un paquete de ayuda para nuestra magnífica Guardia Nacional“.

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Economía

¿Nueva guerra comercial con China? Biden apunta a triplicar los aranceles para la importación de acero y aluminio

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La administración Biden amenaza con lanzar una nueva ofensiva arancelaria contra el ingreso de productos chinos, una maniobra que podría conducir a una pronta respuesta por parte del gigante asiático.

El giro proteccionista de la Casa Blanca bajo la presidencia de Joe Biden se hace cada vez más evidente. Pese a prometer lo contrario en su campaña electoral, Biden promete redoblar los aumentos tarifarios contra China y otros países del mundo.

Hasta ahora, las medidas proteccionistas del Gobierno se focalizaron en subsidios encubiertos, como por ejemplo los dispuesto en la llamada “Ley de Reducción de la inflación” del 2021. Pero esta vez se estudia abiertamente un nuevo rediseño del sistema arancelario.

El Presidente Biden propuso triplicar el arancel de importación para el acero y el aluminio provenientes de China, del 7,5% al 25%. Esta resolución amplía una anterior que ya había adoptado el expresidente Donald Trump, en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial (establecida en 2018). Pero la ley sancionada durante la administración anterior sólo alcanzaba a unos productos específicos, y la propuesta de Biden es generalizar el aumento arancelario sin excepción en todo el sector.

Estados Unidos se constituye actualmente como el cuarto productor mundial de acero, mientras que China ocupa el primer lugar. Semejante participación en el mercado haría muy efectivo el impacto de un arancel sobre la importación de China (con beneficios positivos para la industria local), pero este tipo de medidas resultan en su mayoría estériles, debido a que se espera una pronta respuesta por parte de China y la situación volvería al punto de inicio (o aún peor debido a la persistente volatilidad).

Siguiendo el mismo patrón, la administración Biden intervendrá deliberadamente en la adquisición de US Steel por parte de inversores japoneses, un acto populista y desesperado en medio del clima de la campaña electoral.

Asimismo, el Presidente Biden propuso incrementar los aranceles para la importación de madera canadiense del 8% al 14%, sin ningún tipo de justificación convencional. Esto supone un golpe hacia uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos en la región.Queda en evidencia que la política comercial de Biden no se limita exclusivamente a China.

Biden despliega este paquete de propuestas como respuesta a las medidas prometidas por Trump, entre las cuales se encuentra el establecimiento de un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones, y una tasa especial del 60% sobre todas las importaciones de China.

Como es de amplio conocimiento, la dictadura comunista en China se negó a cumplir con la liberalización total de su mercado de divisas, un requisito al que se había expresamente comprometido tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2000. En lugar de ello, solo se dio lugar a una serie de desregulaciones parciales y progresivas que, hasta el momento, no llegaron a desembocar en un mercado libre.

Las políticas proteccionistas se utilizaron como una medida coercitiva para forzar la liberalización cambiaria de China durante la administración de Donald Trump, aunque una vez finalizada la guerra comercial (2018-2020) se llegó a un nuevo status-quo sin mayores cambios en esta materia y con aranceles más elevados entre ambos países (la relación final entre ellos favoreció ligeramente a Estados Unidos).

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