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La guerra Ayuso-Casado quiebra al PP sin retorno: ¿Quién se hará cargo de la dirección del partido?

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Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso han llevado al PP a una situación límite declarándose una guerra sin vuelta atrás en la mayor crisis interna del PP hasta la fecha y con la sensación en el partido de que solo puede quedar uno de los dos.

El partido ha vivido a lo largo de su historia luchas internas bastante cruentas como la de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre o entre la propia Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón; y enemistades eternas como la de María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, entre otras.

Pero nunca se declaró un conflicto de tal calibre tan abiertamente, como el que enfrenta hoy a Isabel Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid y Pablo Casado, presidente nacional del PP, con acusaciones directas de corrupción en medio de los “infundios y calumnias”, que denuncian por ambas partes, espionaje e intercambios que ya han hecho de ésta, una situación irreconciliable

Este conflicto comenzó cuando el presidente socialista Pedro Sánchez intimó a Casado a pactar con el PSOE y no con VOX en las regiones. Allí, un importante sector del partido, que responde principalmente a Ayuso, se indignó cuando trascendió que Casado lo estaba considerando.

Allí, casualmente, surge una investigación sobre corrupción contra Ayuso, acusada de favoritismos en las licitaciones de venta de barbijos en la pandemia. Luego de algunas presentaciones de pruebas, Casado terminó admitiendo que tal vez no hubo corrupción, pero sí una falta de “ejemplaridad”. Todo el caso estuvo contaminado de un fuerte tinte político, y espionaje ilegal de parte de Casado a Ayuso.

¿Quién filtró la información de Ayuso?

Ayuso dice que la información en su contra salió de una operación gestada en la Moncloa, entre Casado y Sánchez. Por ahora la única cabeza que ha rodado es la de Ángel Carromero, afín a Casado, quién dimitió este jueves como director general de Coordinación General de Alcaldía de Madrid, después de que su nombre saliera a la luz como quien contrató el espionaje contra la presidente regional, que el partido niega de forma tajante.

Cabe recordar que Carromero inició su carrera política cuando Casado fue presidente nacional de Nuevas Generaciones desde 2005 hasta 2013 y él fue nombrado vicesecretario general de las Nuevas Generaciones del PP en Madrid. Tuvo un crecimiento político astronómico hasta que fue condenado a cuatro años de prisión por homicidio imprudente en Cuba por ser el conductor de un auto cuando chocó y fallecieron el líder opositor Oswaldo Payá y el disidente Harold Cepero. 

A los pocos meses, el Gobierno español alcanzó un acuerdo con Cuba para que Carromero cumpliera la condena en España. Pasó apenas unos meses en la prisión de Segovia y, desde enero de 2013, en el centro de inserción social madrileño Victoria Kent, aunque solo para pernoctar de lunes a jueves y, a los pocos días sin esa restricción, solo con pulsera de control.

Lo notable es que la situación en Cuba quedó más embarrada y la familia de Payá presentó una querella para determinar si realmente se trató de un accidente y revocar el indulto a Carromero, pero la justicia cubana se negó.

De regreso en España, retomó inmediatamente su carrera política y siguió escalando con puestos cada vez más altos dentro del PP hasta ahora que se vio envuelto como una de las figuras centrales del entramado de espionaje contra Ayuso.

El futuro de Ayuso: ¿Se va del PP o se convierte en su presidente?

El expediente abierto a Ayuso le puede suponer desde seis años de inhabilitación a la expulsión directa del PP. Si bien no hay precedentes de que se expulse a una autoridad máxima en ejercicio en un gobierno autónomo, esto tiene implicancias en su carrera a la presidencia del PP.

Esto sucede en un contexto vertiginoso en el PP debido a que Ayuso venía presionando para que se celebre el congreso regional del PP en Madrid para tomar por fuerza el partido. Tiene como objetivo “dar la voz a los militantes” y preparar con tiempo las candidaturas ‘populares’ a los ayuntamientos y la propia Comunidad de Madrid que tocan el año que viene. Casualmente el Congreso debe celebrarse en el primer semestre de este 2022, pero Casado lo quiere posponer.

Mientras tanto, Casado convocará para el próximo lunes, 28 de febrero, la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos, aplazando así la solución a la crisis abierta en el partido. Lo cierto es que no hay forma de que la situación se resuelva sosteniendo a Ayuso y a Casado dentro del PP, por lo que ahora se debaten el poder de sus influencias internas para lograr votos a su favor.

Este martes trascendió que Casado y Egea, el secretario general del PP, están con un pie afuera del partido, y un importante grupo de dirigentes piden a Alberto Núñez Feijoó, gobernador de Galicia y una de las figuras más populares del PP en todo el país, como nuevo líder; mientras otros insisten que Ayuso debe tomar el control.

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Insólito: Joe Biden retira a ETA de la lista de organizaciones terorristas en el mundo

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La agrupación terrorista vasca todavía tiene fuerte influencia a través de su rama política EH Bildu y sus líderes siguen libres y viajan constantemente a Cuba y Venezuela.

El gobierno demócrata de Joe Biden ha decidido retirar a ETA (Euskadi Ta Askatasuna) de la lista de organizaciones terroristas en el mundo, en una decisión que ha despertado el enojo de muchos españoles, especialmente del partido político VOX.

El secretario de Estado Antony Blinken notificó por escrito al Congreso el pasado viernes sobre la retirada de ETA del listado, y se espera que en las próximas semanas su nombre sea oficialmente eliminado de la Lista de Organizaciones Terroristas (“FTO“, por sus siglas en inglés Foreign Terrorist Organizations), la recopilación más precisa del mundo de este tipo de agrupaciones.

Si bien ETA ya no está más en acción, su eliminación de la lista provocará que muchos juicios que quedan pendientes no tendrán el apoyo internacional que solían tener, lo cual perjudica las acciones de las víctimas en su lucha por aclarar los brutales crímenes que este grupo ha cometido en el pasado.

ETA es un grupo separatista de ideología comunista que aboga por la independencia de la nación vasca, en el norte de España. Desde su creación en 1958, la agrupación es responsable de 864 asesinatos, de los cuales 355 fueron civiles, entre ellos 22 niños.

Su objetivo militar fue la “construcción de un Estado socialista en Euskal Herria“, un territorio imaginario que comprende las actuales Comunidad Vasca y Navarra en España, y Basse-Navarra, Labourd y Soule, en Francia.

Tras la muerte de Francisco Franco en 1975 y la vuelta a las democracia, ETA aprovechó la retirada de las Fuerzas Armadas del poder para afianzar su postura guerrillera y entre los años ’80 y ’90, cometieron una masacre tras otra, asesinando a policías, soldados, políticos, jueces, empresarios, profesores, periodistas y todas sus familias, lo cual le ligó el ingreso a la FTO en 1997.

La agrupación terrorista declaró un alto al fuego en 2010, después de dejar un baño de sangre en España y un País Vasco más español que nunca, y terminó de desmovilizarse en 2018.

Sin embargo, sigue habiendo fuertes simpatías por el accionar del ETA, especialmente entre la llamada izquierda abertzale, con partidos que reivindican su accionar y tienen una fuerte influencia en la política vasca y nacional, como el EH Bildu.

Las razones dadas no tienen en cuenta que ETA, como tal, su marca, nunca se ha disuelto y que los sucesivos “escenarios” que montaron, entrega de armas (no todas), solemnes declaraciones de abandono del terrorismo, no tenían otro fin que allanar la legalización del que fuera su “brazo político” para que pudiera actuar con plena libertad. Por otra parte, una pequeña escisión, ATA, se mantienen activa aunque, de momento, sin ningún peligro conocido.

El Departamento de Estado mantenía, en su informe de 2019, durante el gobierno de Trump, a ETA como organización terrorista extranjera que operaba en España y Francia. El reporte indicaba que esta agrupación se mantenía activa políticamente, ayudando a Cuba y Venezuela a hacer lobby en España.

Incluso por estar en la lista, ese mismo año, Estados Unidos le impidió viajar a Arnaldo Otegui, líder del EH Bildu, a La Habana para asistir a un homenaje a Fidel Castro. Las autoridades estadounidenses no permiten sobrevolar su espacio aéreo a personas que pertenezcan a agrupaciones que estén la la FTO.

Según la información que ha publicado la agencia AP, Biden también pretende eliminar en la misma modificación a la agrupación japonesa Aum Shinrikyo, el grupo judío radical Kahane Kach y dos grupos islámicos, el Consejo de la Shura de los Muyahidines de Derna y Al-Gama’a al-Islamiyya.

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Preocupación en el Gobierno español porque Puigdemont estaría buscando apoyo militar ruso para la independencia de Cataluña

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El ex presidente de la Comunidad catalana que debió exiliarse tras declarar la independencia de Cataluña, todavía busca impulsar la secesión y tendría el apoyo de Rusia, bajo la garantía de 10 mil soldados rusos.

Todas las alarmas saltaron esta semana en España, luego de que una mega-investigación internacional conjunta entre El Periódico de Catalunya, el medio italiano Il Fatto Quotidiano y varias organizaciones de investigación periodística y transparencia como Bellingcat y el OCCRP, revelaran una serie de negociaciones entre el ex-presidente secesionista de la Comunidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y altos mandos del Kremlin.

Según se logró averiguar, 5 años atrás, el 26 de octubre de 2017, el diplomático ruso Nikolay Sadovnikov viajó a Barcelona, capital catalana, en un vuelo procedente de Moscú, se reunió en secreto con Puigdemont, y regresó a su país de origen dos días después, prácticamente sin rastros de su visita.

Mientras estuvo en Cataluña, particularmente el 27 de octubre, Puigdemont anunció la Declaración Unilateral de Independencia, logrando aprobar en el Parlemento local la secesión de España, proclama que duró literalmente 5 minutos cuando el Gobierno Nacional ordenó la intervención de la Comunidad, y el entonces gobernador se exilió al extranjero.

Según detalla Electomanía, medio que cubrió la noticia, el representante ruso se comprometió a apoyar a Cataluña militarmente, enviando 10.000 soldados para forzar la independencia de manera unilateral, y económicamente con subsidios a la industria local en el primer año de la separación y préstamos para pagar la deuda catalana con Occidente.

Por su parte, Puigdemont se habría comprometido a poner en marcha un sistema de resguardo de activos en criptomonedas, probablemente alojando en tierras catalanas servidores de criptomonedas de millonarios y políticos rusos, entre otros amigos de Putin y el Kremlin.

La investigación recopila información de hace casi cinco años, pero su publicación ahora no es casualidad. Según varios reportes, la invasión de Rusia a Ucrania y la pseudo-guerra fría que se está iniciando con la OTAN han llevado al Kremlin a revisar nuevamente estos planes.

Si bien Puigdemont fue arrestado el año pasado en Italia, donde permanecía exiliado, quedó en libertad antes de ser extraditado. Además, el presidente Pedro Sánchez indultó a 9 líderes del intento independentista catalán, y la Comunidad todavía es gobernada por un ferviente independentista, Pere Aragonés. Por lo que la estrategia todavía podría servir.

El portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Felipe Sicilia, exigió a Puigdemont que explique y brinde detalles acerca de esta información. Pero a pesar de sus dichos, Sicilia se desligó de confirmar que el encuentro realmente ocurrió, afirmando que si bien el Gobierno está investigando la denuncia, todavía no tiene ninguna información precisa que lo pruebe.

Sin embargo, según los medios investigadores, las evidencias sobran. Ese mismo 26 de octubre en el que habría llegado el diplomático ruso, el dirigente del partido ultra-independentista CDC, Víctor Terradellas le envió un mensaje por WhatsApp a Puigdemont diciéndole que “a las 5 viene el emisario de Putin”.

El CDC, Convergencia Democrática por Cataluña, es un partido que a pesar de su tendencia separatista, tiene una ideología más bien conservadora, a diferencia de los demás partidos separatistas que son de extrema izquierda comunista, y mantiene una estrecha relación con el gobierno de Putin.

Terradellas, amigo y aliado de Puigdemont, era el Secretario de Relaciones Internacionales del CDC y habría sido el nexo con el Kremlin. En los whatsapp, se ve que esa tarde le dijo a Puigdemont que estaban reunidos con Sadovnikov. Minutos después, Puigdemont los invitó a los dos a la residencia oficial.

El Periódico de Catalunya amplió la noticia, y reveló que Terradellas viajó a Moscú el mismo día que Puigdemont anunciaba la fallida independencia de Cataluña. Terradellas no fue solo, sino que junto a un misterioso empresario catalán ligado a Rusia de nombre Jordi Sardà Bonvehí, quien habría sido el contacto entre el propio Terradellas y el diplomático ruso.

Por su parte, el medio español Crónica Global, que también participó de la masiva investigación, reportó unas declaraciones de Terradellas en las que concluye que Puigdemont se reunió una segunda vez con emisarios del gobierno ruso tras la proclama independentista. De todas formas, no dejó claro ni la fecha, ni el lugar, ni si las reuniones fueron con el mismo emisario.

Otra importante incógnita que aún permanece sin esclarecer es el chat de WhatsApp entre Terradellas y Bonvehí, que probaría una continua comunicación con delegados diplomáticos rusos hasta mayo de 2018, varios meses después de que la independencia haya sido aplastada por el Gobierno Nacional.

Esto podría ser resuelto en los próximos días, mientras Terradellas continúa siendo interrogado junto a varios otros investigados por un caso de desvío de fondos de la comunidad autónoma hacia el CDC, caso relacionado a la trama rusa.

Los WhatsApp de Terradellas y Bonvehí que demuestran los contactos con  Sadovnikov hasta mayo de 2018 | El Periódico de España
Víctor Terradellas.

Como es sabido, la DUI fracasó estrepitosamente, terminando con la ambición secesionista del PDeCat y seguramente espantando a los operadores rusos. Puigdemont tuvo que huir a Bélgica donde pidió asilo político, y estuvo varios años prófugo hasta que finalmente el año pasado fue atrapado en Italia y arrestado. Fue procesado por rebelión y malversación de fondos públicos, y puesto en prisión preventiva, pero salió en libertad antes que pueda ser extraditado a España.

Actualmente la situación legal del líder catalán es delicada. Él asegura ante las cortes internacionales que tiene inmunidad legal por ser diputado en el Parlamento Europeo por el partido Lliures, que casualmente es una coalición de varios partidos, entre ellos el CDC de Terradellas.

El Tribunal General de la Unión en 2021 dejó sin inmunidad a Puigdemont, pero bajo la recomendación de que no sea detenido. Actualmente, solamente España pide por su detención y si bien todavía tiene problemas cada vez que viaja entre países europeos, ninguno parece dispuesto a extraditarlo.

Incluso, Puigdemont tiene en agenda visitar España en las próximas semanas, ya que fue citado a declarar en el caso de espionaje de Pegasus y tendría inmunidad para entrar y salir del país en calidad de testigo.

En el viaje exprés, el líder independentista no podrá, en teoría, visitar Barcelona, ya que está citado para un juzgado en Madrid, pero lo que quiere es una foto con Pedro Sánchez, y quien sabe, reunirse con sus punteros políticos para discutir un nuevo plan secreto con los rusos.

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Inspirado por el fallo de SCOTUS para derogar el aborto, VOX busca una sentencia similar del Tribunal Constitucional en España

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VOX, un sector del PP y las organizaciones antiaborto apelan a la demorada sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Zapatero, para derogar la despenalización del aborto sancionada en 2010.

La decisión filtrada de la Corte Suprema de Estados Unidos que restringiría el acceso al aborto envalentonó a la derecha española. Apenas trascendió que los jueces estadounidenses van a revocar el fallo de 1973 que despenalizó el aborto, VOX y la Conferencia Episcopal comenzaron a agitar la idea de un cambio en la legislación española.

Sin preludios, la diputada derechista Lourdes Méndez pidió esta semana al Tribunal Constitucional que revisara la “Ley Zapatero“, legislación que impulsó el entonces presidente socialista José Luis Zapatero en 2010 para despenalizar el aborto en toda España..

Méndez, militante del Opus Dei, contó con el respaldo del portavoz parlamentario de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, y también de Enrique Benavent, obispo de Tortosa y presidente de la influyente Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, quien aseguró que todo “político cristiano” tiene la obligación de enmendar o derogar las leyes que atentan contra la vida.

En España, el aborto recibió su primera desregulación con la famosa “Ley de lo Supuestos“, aprobada en 1985 durante el gobierno del también socialista Felipe González. La ley despenalizaba el aborto bajo tres supuestos: riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada (supuesto terapéutico), violación (supuesto criminológico) y malformaciones físicas o psíquicas en el feto (supuesto eugenésico), y fue aceptado por todas las fuerzas políticas como un consenso generalizado.

Pero en 2010, Zapatero sorprendió a todos enviando una ley al Congreso para despenalizar el aborto siguiendo una lógica de plazos. Con la aprobación de la “Ley Zapatero”, el aborto quedó despenalizado hasta las 14 semanas, en sintonía con las normas de otros países europeos.

Sin embargo, 13 de las 50 provincias nunca practicaron un aborto en los últimos doce años, es decir, desde que la ley promovida por Zapatero entró en vigor, ya que esta permite la objeción de consciencia.

En Huesca, Teruel (Aragón), Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora (Castilla y León), Cuenca, Guadalajara, Toledo (Castilla-La Mancha), Cáceres (Extremadura), Ceuta y Melilla no ha habido un solo hospital o centro de salud que haya decidido hacer un aborto legal en todos estos años.

Desde el año pasado, la ministra de Mujeres e Igualdad, Irene Montero, está presionando para enviar al Congreso una nueva ley de abortos que obligue a los centros de salud a proveer por lo menos una persona dispuesta a practicar un aborto, además de obligar a las provincinas a crear un registro de médicos objetores.

Montero también quiere restituir a las menores de entre 16 y 17 años la prerrogativa de abortar sin autorización de sus padres o tutores, como impuso el PP durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Pero mientras el gobierno busca expandir la práctica, el aborto puede haber encontrado un obstáculo en el Tribunal Constitucional, que desde 2010 ha dejado en suspenso una resolución sobre el recurso presentado por el PP para derogar nueve artículos de la Ley Zapatero.

El presidente de la máxima corte, Pedro González Trevijano, admitió que la demora era inexplicable, si bien sigue postergando una decisión final. Lo que pasa es que el magistrado Enrique Arnaldo, cercano al PP, es quien le toca redactar la sentencia, y hay un fuerte lobby verde para impedir que el juez conservador le eche mano al asunto.

Hace más de una década que se está dilatando esta sentencia esperando hasta que una renovación del Tribunal traiga una mayoría progresista. Pero el modelo no beneficia a la izquierda: ocho miembros son nombrados por el Congreso, dos por el Poder Judicial y solamente dos por el gobierno.

Actualmente hay 4 jueces progresistas y 8 conservadores, y en junio de este año Pedro Sánchez deberá nombrar los dos jueces que le corresponden, probablemente cambiando a los nominados por Rajoy, Pedro González Trevijano y a Antonio Narváez Rodríguez por dos socialistas.

Esto dejará la composición de la corte en 6 progresistas y 6 conservadores, a uno de tener la mayoría necesaria para derribar los fallos conservadores como el que se espera que dé Arnaldo.

VOX sin embargo está con la mirada puesta en los legislativos autonómicos, y quiere inspirarse en el modelo de Estados Unidos, donde hasta 1973 se dejó la decisión en manos de los estados, y ahora todo indica que la Corte Suprema, con mayoría conservadora, volverá a instalar.

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