La izquierda española propone un aumento generalizado de impuestos para cubrir al menos una parte del déficit futuro previsto para la seguridad social. El régimen de reparto requiere cada vez más ajustes y recortes para mantener un mínimo grado de solvencia. 

Como ocurre con cualquier sistema previsional de reparto, el envejecimiento poblacional y la baja de la natalidad provocan un desequilibrio prácticamente irresoluble que obliga a actualizar (y ajustar) los parámetros básicos del sistema para así postergar el esperado derrumbe.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez propuso una su reforma de pensiones con el objetivo de compensar el aumento del gasto público previsto para esta partida, que se elevará del 12% del PBI en 2023 hasta el 15% del producto para 2050 (acorde a proyecciones sugerentes). 

La propuesta recibió el visto bueno de la Comisión Europea en Bruselas, que no cuestionó los métodos del Gobierno sino que simplemente se limitó a constatar que el déficit se verá atenuado en los próximos años. Cabe resaltar que la reforma no ofrece una solución definitiva: el sistema no podrá ser solvente por sí mismo con ingresos propios, y deberán emprenderse nuevos ajustes y re-parametrizaciones en el futuro.

Los principales puntos de la reforma socialista

El Gobierno creará un “mecanismo de solidaridad intergeneracional” por medio del cual se aumentará la tasa de seguridad social en un 0,6% para todos los trabajadores sin excepción, por lo que España pasará de tributar un 36,25% en estos conceptos a 36,85% a partir de la entrada en vigencia de la reforma.

La alícuota del aumento impositivo se distribuirá de la siguiente manera: un 0,5% será costeado por los aportes patronales de las empresas, y el 0,1% restante se restará de la nómina salarial de los trabajadores. De esta forma, los aportes patronales empresariales ascenderán al 30,4% (una de las tasas más altas de Europa) y los trabajadores deberán resignar hasta un 6,45% de su salario mensual, además del pago de otros impuestos como el IRPF.

Con la reforma de Sánchez, las empresas españolas deberán soportar la séptima tasa impositiva sobre la contratación más alta del mundo, solo por debajo de Francia, Eslovaquia, Bélgica, República Checa, Estonia y Suecia. Sin lugar a dudas, este hecho supone un fuerte desaliento para la contratación formal y un factor que estimula las elevadas tasas de desocupación que sufre el país. 

Esta aplicación tributaria inicial no se mantendrá en el tiempo, sino que se estipula un aumento hasta 2029. En efecto, el aumento de las cargas sociales se duplicará entre 2023 y 2029, y escalará hasta el 1,2% para ese mismo año. La distribución será la siguiente: las empresa soportará una alícuota adicional del 1% y las nóminas salariales el 0,2% restante.

Pero el sablazo fiscal no se termina. Todos aquellos trabajadores que cuenten con ingresos anuales superiores a los 54.000 euros estarán sujetos a un impuesto especial de “solidaridad” forzosa, que representará el 1% sobre el salario a partir de 2023. La tasa se incrementará progresivamente año tras año, y alcanzará un máximo del 6% para 2045.

Se trata de un gravámen que se sumará como un “recargo” a la tasa del impuesto a las Ganancias convencional (conocido como IRPF en España). De este modo, la carga tributaria máxima de España ascenderá al 68% cuando finalice la reforma previsional. Cerca de 1.300.000 personas se verán dramáticamente afectadas por el aumento de la carga tributaria, sin ningún tipo de contraprestación en su pensión futura. 

La reforma solamente limita la capacidad de crecimiento del país, sino que deteriora la competitividad española frente a otras economías y fundamental impone más rigideces sobre el mercado laboral. 

El endurecimiento de la legislación laboral española solo consiguió reemplazar empleo temporal a cambio de más desocupación. La cantidad de personas sin trabajo no para de crecer desde julio del año pasado.

El Ministerio de Trabajo de España confirmó que la cantidad de personas que buscaron activamente empleo pero no pudieron encontrarlo aumentó a 2,91 millones al término de febrero, denotando un aumento del 0,1% en comparación con el mes anterior.

La cantidad de ocupados alcanzó los 20,4 millones en el mismo período de referencia, y se mantuvo relativamente estable en comparación con los dos meses anteriores. Asimismo, los sectores de la industria, la construcción y los servicios finalizaron febrero con despidos netos, mientras que el trabajo en la agricultura logró generar empleo neto positivo.

La tasa de desocupación aún no se ha publicado debido a que el Ministerio de Trabajo debe anunciar su estimación oficial para la población económicamente activa, pero desde julio del año pasado se produjo un aumento sostenido en este indicador. 

El desempleo aumentó del 12,6% de la PEA al 13,1% en diciembre del año pasado. El principal efecto de la reforma laboral de Pedro Sánchez es el reemplazo de trabajo temporal (y una caída de su peso relativo sobre el total) a cambio de un aumento en la cantidad de personas que se quedan sin trabajo y que buscan activamente. 

La situación laboral es aún peor cuando se sustrae el efecto de ciertas ayudas sociales y metodologías estadísticas que disminuyen artificialmente el indicador oficial de desempleo. Un reciente informe de Fedea y BBVA Research confirmó que en realidad se contabilizan hasta 3,56 millones de personas sin trabajo en España, y aumentó en 300.000 desde abril de 2022. 

La discrepancia con la estimación oficial surge por la contabilización de personas que no trabajan y que buscan activamente empleo (y por lo tanto deberían ser consideradas desocupadas), pero el Ministerio de Trabajo no las cataloga como tales. Entre otras razones, se incluyen a las personas dentro del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y trabajadores “fijos discontinuos”.

El lanzamiento de la reforma laboral fijó el camino para que los trabajadores que se lanzan al mercado elijan entre dos cosas: o bien inclinarse mayormente por contratos indefinidos, o bien ingresar en la desocupación mientras, pero los contratos de carácter temporal son desalentados por la nueva legislación.

Los jóvenes fueron los más afectados por el endurecimiento de la legislación laboral. Según la Oficina Estadística Eurostat, el desempleo juvenil de España alcanzó el 29,6% en diciembre de 2022, el más alto de la Unión Europea. Incluso Grecia registró una tasa de desempleo juvenil mejor en torno al 28,9%, la cual se mantiene en descenso desde el lanzamiento de una reforma laboral con características diametralmente opuestas a la española.

Alemania, Países Bajos, Irlanda y Austria ostentan las tasas más bajas de Europa, mientras que España se sitúa entre los países con los peores resultados laborales para el sector de los jóvenes menores de 25 años, junto con Grecia, Suecia, Italia, Francia y Finlandia.

Médicos de Sanidad Pública la diagnosticaron con “disforia de género” con sólo 15 años, y le recetaron operaciones donde le extirparon los pechos y el útero sin supervisión psiquiátrica. “Me arruinaron la vida”.

Por fin los medios tradicionales empiezan a hablar sobre los efectos adversos de la implementación radical en la Salud Pública de la ideología de género. El medio español, El Mundo, presentó al mundo el caso de Susana Domínguez.

En 2014, la joven de entonces 15 años, recibió un diágnostico de disforia de género por parte de su psicólogo, quien dio luz verde para que la niña empiece su tratamiento de “cambio de género”. En los años posteriores, le dieron un arsenal de hormonas y con tan solo 17 años, le extirparon los pechos y el útero.

Cuando cumplió 21 años, en medio de la pandemia, se dio cuenta que todo lo que hizo fue una gran equivocación. Seis años después y decenas de cirugías luego, sus problemas mentales, que incluían depresión y trastorno esquizoide, seguían. En ese mismo momento, le pidió un turno a su psicológo para discutir su situación.

Según le cuenta a El Mundo, le explicó al psicólogo que ella nunca fue “un chico en el cuerpo de una chica”, como él la había tratado de convencer. “Yo soy una mujer, tengo serios trastornos pero nada tienen que ver con la transexualidad“, le recriminó.

“Y entonces el psicólogo me dijo: ‘Ya empezamos, ya empezamos…’“, cuenta hoy Susana. “¡Parecía que le molestaran mis problemas! Yo era una adolescente con problemas y él mi terapeuta, pero solo le importaba si era transexual o no“, aseguró preocupada.

El costo de semejante error había sido enorme. De una sesión a otra, en esos seis años, a Susana le habían quitado sus pechos y su útero, además de recibir una avalancha de hormonas masculinas. Su cuerpo había sido modificado de forma irreversible y sus problemas mentales habían sido empeorados.

Nada de esto ayudó a su depresión. Afortunadamente su madre, a pesar de haber permitido que carnearan a su hija en cirugías solo comparables con la locura médica de la lobotomía, siguió consultando con otros profesionales de la salud para que la ayudaran.

Susana sufrió varios intentos de suicidio, y a medida que los médicos le convertían el cuerpo en un disfraz de hombre, su condición empeoraba. Esto terminó cuando un médico le identificó rasgos de trastorno del espectro autista; y el tratamiento que se le recetó, por fin empezó a mejorar su condición.

En su relato, también involucra a su psiquiatra, una médica que la empezó a atender a sus 15 años en simultáneo con su psicólogo, quien también “confirmó” que sufría de disforia de género y aprobó las cirugías como un tratamiento adecuado para solucionar sus problemas mentales.

Susana, hoy, relata aquel choque con la realidad: “La encaré, años después, y ella me dijo: ‘Ay, pero si tú estabas muy segura, estabas muy segura’. Pero yo tenía solo 15 años. No estaba segura de nada. ¿Cómo me dejaron hacer eso? ¿Cómo podía estar segura de lo que quería para el resto de mi vida a esa edad?“.

La madre contó al mismo medio que han interpuesto una reclamación contra el Servicio Gallego de Salud por “mala praxis”, ya que aseguran que le dieron un diagnóstico incorrecto de disforia de género, le aplicaron un tratamiento brutal que no era acorde a su condición, y nunca le comunicaron que lo que le estaban haciendo era irreversible.

“Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo se arregla esto?“, dijo furiosa la madre en la entrevista. “Mi hija ya no tiene aparato reproductor, ni femenino ni masculino. Lleva años tomando hormonas masculinas, y ahora deberá tomarlas femeninas para regresar, en la medida de lo posible, a su ser original. Los daños son prácticamente irreversibles“.

Es la primera vez que una denuncia de este tipo se presenta en España, y es el paso previo a una potencial demanda en los tribunales que indefectiblemente terminará impactando en la legislación.

El infierno que atravesó Susana fue posible gracias a la Ley Trans que rige en Galicia desde 2014, aprobada por el gobernador Alberto Núñez Feijóo, ahora presidente del PP y quien desesperadamente busca los votos de la derecha ahora para llegar a la presidencia de España en las elecciones de noviembre; estos casos perjudican fuertemente esta nueva faceta “derechista” que quiere vender.

En 2020, en el Reino Unido, una mujer, Keira Bell, consiguió por hechos similares una millonaria indemnización al sistema de salud público, y posteriormente el Gobierno británico decidió cambiar la legislación para que nunca más ocurriera algo así, además de cerrar el hospital donde se la convenció que debía cambiar de género.

La Justicia británica decidió que a los 15 años, la misma edad que tenía también Susana cuando comenzó su proceso, Bell no tenía madurez suficiente para tomar una decisión así. Ahora, en el Reino Unido, las personas deben tener por lo menos 18 años para dar consentimiento a este tipo de operaciones.