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España

VOX y el PP forman gobierno en Castilla y León y presentan un mega-paquete de reformas de derecha

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Mañueco (PP) y García Gallardo (VOX) acordaron un “plan anticrisis” con fuertes reducciones impositivas, ayudas al Campo y exigencias al Gobierno Nacional para que ayuden con los refugiados ucranianos.

Pocos días después de asumir el gobierno de coalición entre el Partido Popular (PP) y VOX, el presidente de la Comunidad de Castilla y León, Alfonso Mañueco, presentó un masivo paquete de leyes “esenciales” para poner en marcha la nueva administración.

El plan anticrisis fue diseñado tanto por los equipos técnicos del PP y de VOX. La agrupación de derecha, liderada por el abogado Juan García Gallardo, consiguió tres ministerios además de la vicegobernación de la provincia.

VOX encabeza el Ministerio de Industria y Empleo, a cargo de Mariano Díez, el Ministerio de Agricultura, una cartera que el propio Abascal había pedido para su agrupación, y que dejó a cargo de Gerardo Merino, y por último, el Ministerio de Cultura, que estará a cargo del famoso historiador derechista Gonzalo Santonja. El resto de los ministerios, Economía, Medio Ambiente, Transporte, Salud, Familia, y Educación, quedaron en manos del PP.

Desde esta posición, se lanzó el “ambicioso y coherente” paquetazo de medidas para afrontar la crisis económica. El plan se sostendrá sobre 20 ejes de reformas y necesitará de la implementación de 75 nuevas medidas, y un presupuesto de más de 470 millones de euros.

El plan, además, recortará impuestos por unos 335 millones de euros, por lo que el costo total del proyecto se calcula en 805 millones de euros, un valor elevado para una comunidad como la de Castilla y León, pero necesaria para devolverle la potencialidad económica a un territorio marcado por el agro.

“Es el primer día de trabajo del Gobierno, de este gobierno del que se dicen tantas cosas, desde el primer día, se trabaja en generar más derechos económico y sociales”, aseveró Mañueco, quien insistió en que la “gran prioridad” del gobierno es apostar por la recuperación económica y social.

Bajada de impuestos en el IRPF

La medida prioritaria del “plan anticrisis” será la reducción del Impuesto a la Renta a las Personas Físicias (IRPF), la versión del impuesto a las ganancias que existe en España.

Esto supondrá un ahorro de 20 millones de euros al año para los castellanos y leoneses. La reducción no es de una gran magnitud, solo bajará del 9,5% actual al 9%, pero abarcará a todos los contribuyentes de la comunidad.

De esta forma, Castilla y León se situará como la segunda Comunidad Autónoma con el tipo mínimo más reducido de IRPF, solo por debajo de Madrid.

Medidas tributarias para los sectores más afectados

Se destinarán medio millón de euros para eximir del pago de las tasas de titularidad autonómica relacionadas con la actividad profesional del transporte por carretera y por la prestación de servicios veterinarios, sectores afectados por las subidas del precio de la energía y el combustible.

Reducción fiscal en el medio rural

Se implementarán medidas en apoyo a la natalidad en el medio rural elevando hasta el 40% la deducción autonómica en el IRPF por nacimiento o adopción; una propuesta que impulsó VOX.

Además, habrá un apoyo especial a las empresas, rebajando al 2% el tipo reducido en las transmisiones de bienes inmuebles que constituyan centros de trabajo de negocios en el medio rural.

Para el sector agrario se establecerá un tipo reducido del 4% en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias; y la reducción del 95% de las tasas por licencias de caza y pesca.

Medidas que requieren la decisión del Gobierno Nacional

Castilla y León reclama la bajada del impuesto de la electricidad por parte del gobierno con sede en La Moncloa, durante “el tiempo necesario mientras dura la crisis”.

Esta bajada del impuesto le supondría a Castilla y León cerca de un ahorro de 100 millones de euros al año. Además, la Junta demanda al Gobierno de España a adoptar la aprobación de un IVA superreducido para la electricidad y el gas y la solicitud a la Unión Europea de la autorización para una reducción excepcional del IVA que grava los combustibles. Dos actuaciones que supondrían una merma en los ingresos de la Junta de cerca de 260 millones de euros al año.

Para esto, necesitan la aprobación del gobierno socialista de Pedro Sánchez, un punto muy difícil del plan pero que el PP Nacional se puso como objetivo pasar.

Apoyo a las familias y colectivos vulnerables

En este punto, para aliviar las dificultades generadas por la crisis en las familias, se incrementará en 4 millones de euros la financiación de Corporaciones Locales dirigidas a la ayuda de emergencia. También se pondrá en marcha un Fondo de Cohesión Territorial por valor de 20 millones de euros, se incrementarán las cuantías de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía en un 15% durante tres meses, se convoca el bono concilia y nuevas ayudas a la natalidad con hasta 2.500 euros por hijo. Todo ello con un montante que asciende a los 45 millones de euros.

En el ámbito educativo y de refugiados de Ucrania también se anuncian nuevas medidas. En educación, se creará una línea específica para la acogida de estudiantes universitarios de Ucrania y la creación de una nueva línea para financiar los contratos temporales de inversores visitante. En cuanto a los refugiados, se pone a disposición de las consejerías los recursos presupuestarios precisos para atender al mayor gasto.

Producción y asesoramiento a empresas

Dos ejes más, el primero dirigido a sanear la ruptura de relaciones comerciales con Rusia por la invasión de Ucrania, por lo que se dedicará 1,5 millones de euros a promover los productos de Castilla y León y elaborar planes de diversificación tanto en importaciones como en exportaciones. En cuanto al asesoramiento, se creará un nuevo portal de información para dar cobertura a la situación del comercio internacional con Ucrania y Rusia.

Medidas específicas en el ámbito del Empleo

Este paquete contará con más de 20 millones de euros, con el impulso de una nueva línea de ayudas dirigida a la mejora de las competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos, así como para promover la contratación de personas jóvenes, menores de 30 años, para dar impulso a este sector de la población.

Medidas de financiación empresarial

Un paquete que contará con 17,5 millones de euros y servirá para implementar una línea de financiación de préstamos blandos, una nueva para la financiación de Estaciones de Servicio y se potenciará el programa de financiación a través de préstamos avalados. Por otro lado, se prorrogarán las líneas excepcionales de financiación abiertas con motivo de la crisis económica.

Sector de agricultura y ganadería

Un total de 68 millones de euros estarán dispuestos para esta serie de medidas dedicadas al sector agrícola y ganadero. Entre ellas, se incorporarán medidas de flexibilización en las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para incrementar la capacidad de producción, también se dispondrán medidas para favorecer a la liquidez del sector como el pago de los anticipos de la PAC a partir de octubre.

Por otra parte, para compensar el pago de las tasas de titularidad autonómica se articularán ayudas relacionadas con la actividad profesional de prestación de servicios veterinarios y, por último, un plan de ayudas por valor de 10 millones de euros para ayudar a los granjeros a enfrentar los incipientes costes.

Sector del transporte

La Junta actualizará la financiación autonómica al transporte regular, congelará tres meses la totalidad de las tarifas de transporte público y reducirá durante tres meses en un 15% el precio de los abonos de transporte. Actuaciones relacionadas con el incremento del precio de los combustibles y que supondrán un importe de unos 9,6 millones de euros.

Impulso a la capacidad energética

La Junta de Castilla y León aumentará la cooperación con las administraciones locales, medida tendiente también a incrementar la biomasa forestal como combustible no renovable, no deslocalizable, autónomo y de especial significado para el empleo en el mundo rural.

Por otro lado, se prestará especial atención a las nuevas promociones de generación con biomasa, similares a la puesta en marcha en Cubillos del Sil. En el momento actual se está pendiente de la convocatoria de una subasta específica por parte del Gobierno de España, donde deben optar como adjudicatarias.

Competitividad y eficiencia energética para empresas y familias

En este punto, destaca el impulso del Programa de Incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.

Por otra parte, con 8,4 millones, se convocará una nueva ayuda para energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía; y se creará un fondo de inversión y participación autonómica para extender las inversiones en sistemas de autoconsumo. Todo ello con un monto que asciende a los 61,6 millones de euros.

Revisión del impacto del coste de la energía

La reducción en el consumo energético por parte de la Administración ha pasado a ser “prioritario”. Por ello, desde la Junta se ponen en marcha varios planes de medidas, entre ellos un paquete que mejore la eficiencia energética de los edificios públicos, otro para el ahorro energético en el funcionamiento de la administración, un tercero para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y, por último, un paquete de medidas para la racionalización de la contratación de suministros energéticos; todo englobado en una inversión de casi 55 millones de euros.

Medidas relacionadas con la ciberseguridad

En este punto, el nuevo escenario ha acelerado la necesidad de garantizar la ciberseguridad en el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, con un impulso de medidas específicas enfocadas a mejorar las capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes y con el objetivo de garantizar la protección de la información manejada por la Administración autonómica.

Compensación por el coste de las materias primas

Se aprobará un Acuerdo que permita la aplicación automática en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad, de las medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público.

Paralelamente, se recogerá la aplicación de esta medida a las Entidades Locales de Castilla y León y al resto del Sector Público Institucional de la Comunidad de Castilla y León, siempre que así lo acuerden sus respectivos órganos de gobierno. El importe estimado de estas medidas asciende a 37 millones de euros.

Reprogramación y refuerzo de los fondos de la Unión Europea

En el contexto actual, según el programa, se hace “esencial” lograr el “aprovechamiento más eficiente de los recursos europeos“. De esta forma se garantizará un gasto más eficiente de los recursos.

En este sentido, se analizarán las posibilidades de reprogramación de los diferentes fondos de la Unión Europea que tienen asignados, con el fin de orientarlos a las prioridades actuales. Paralelamente, se hará uso de la propuesta del Reglamento de Disposiciones Comunes a los efectos de extender la aplicación del porcentaje de cofinanciación del 100% a los gastos declarados en solicitudes de pago presentadas en el ejercicio contable 2021-2022, en aquellos programas operativos y ejes para los que lo solicite el Estado miembro.

Simplificación administrativa para fomentar la actividad económica

Con la finalidad de aligerar la carga burocrática que le corresponde asumir al ciudadano y a las empresas, desplazando parte de ella hacia la Administración y, con ello, generar un impacto reactivador de la actividad económica, se aprobará un nuevo paquete de medidas impulsoras y simplificadoras de algunos de los procedimientos administrativos, así como para agilizar la gestión de los fondos europeos.

Apoyo a los sectores productivos

Con la finalidad de otorgar ayudas a los sectores más afectados por la subida de precios, la Junta demanda la dotación de un Fondo específico de ayuda a sectores afectados por la crisis, dotado con los remanentes de las ayudas directas previstas y el establecimiento de una normativa reguladora de estas nuevas ayudas, que evite las rigideces que afectaron a esas ayudas COVID, y que propiciaron su insuficiente ejecución y un menor alcance. El importe estimado de estas medidas ascienden a 75,4 millones de euros.

Financiación para atender los gastos de acogida de refugiados

La Junta de Castilla y León ha estructurado 15 medidas específicas para hacer frente a la crisis humanitaria derivada de la invasión rusa en Ucrania. En consonancia con ello, se reclama al Gobierno de España la puesta en marcha de un fondo extraordinario para la financiación de servicios públicos, dirigido a financiar el mayor gasto asociado a los servicios públicos esenciales que deben prestar las autonomías a los refugiados ucranianos –atención sanitaria, servicios educativos, gasto social, o en materia de vivienda y empleo.

España

Insólito: Joe Biden retira a ETA de la lista de organizaciones terorristas en el mundo

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La agrupación terrorista vasca todavía tiene fuerte influencia a través de su rama política EH Bildu y sus líderes siguen libres y viajan constantemente a Cuba y Venezuela.

El gobierno demócrata de Joe Biden ha decidido retirar a ETA (Euskadi Ta Askatasuna) de la lista de organizaciones terroristas en el mundo, en una decisión que ha despertado el enojo de muchos españoles, especialmente del partido político VOX.

El secretario de Estado Antony Blinken notificó por escrito al Congreso el pasado viernes sobre la retirada de ETA del listado, y se espera que en las próximas semanas su nombre sea oficialmente eliminado de la Lista de Organizaciones Terroristas (“FTO“, por sus siglas en inglés Foreign Terrorist Organizations), la recopilación más precisa del mundo de este tipo de agrupaciones.

Si bien ETA ya no está más en acción, su eliminación de la lista provocará que muchos juicios que quedan pendientes no tendrán el apoyo internacional que solían tener, lo cual perjudica las acciones de las víctimas en su lucha por aclarar los brutales crímenes que este grupo ha cometido en el pasado.

ETA es un grupo separatista de ideología comunista que aboga por la independencia de la nación vasca, en el norte de España. Desde su creación en 1958, la agrupación es responsable de 864 asesinatos, de los cuales 355 fueron civiles, entre ellos 22 niños.

Su objetivo militar fue la “construcción de un Estado socialista en Euskal Herria“, un territorio imaginario que comprende las actuales Comunidad Vasca y Navarra en España, y Basse-Navarra, Labourd y Soule, en Francia.

Tras la muerte de Francisco Franco en 1975 y la vuelta a las democracia, ETA aprovechó la retirada de las Fuerzas Armadas del poder para afianzar su postura guerrillera y entre los años ’80 y ’90, cometieron una masacre tras otra, asesinando a policías, soldados, políticos, jueces, empresarios, profesores, periodistas y todas sus familias, lo cual le ligó el ingreso a la FTO en 1997.

La agrupación terrorista declaró un alto al fuego en 2010, después de dejar un baño de sangre en España y un País Vasco más español que nunca, y terminó de desmovilizarse en 2018.

Sin embargo, sigue habiendo fuertes simpatías por el accionar del ETA, especialmente entre la llamada izquierda abertzale, con partidos que reivindican su accionar y tienen una fuerte influencia en la política vasca y nacional, como el EH Bildu.

Las razones dadas no tienen en cuenta que ETA, como tal, su marca, nunca se ha disuelto y que los sucesivos “escenarios” que montaron, entrega de armas (no todas), solemnes declaraciones de abandono del terrorismo, no tenían otro fin que allanar la legalización del que fuera su “brazo político” para que pudiera actuar con plena libertad. Por otra parte, una pequeña escisión, ATA, se mantienen activa aunque, de momento, sin ningún peligro conocido.

El Departamento de Estado mantenía, en su informe de 2019, durante el gobierno de Trump, a ETA como organización terrorista extranjera que operaba en España y Francia. El reporte indicaba que esta agrupación se mantenía activa políticamente, ayudando a Cuba y Venezuela a hacer lobby en España.

Incluso por estar en la lista, ese mismo año, Estados Unidos le impidió viajar a Arnaldo Otegui, líder del EH Bildu, a La Habana para asistir a un homenaje a Fidel Castro. Las autoridades estadounidenses no permiten sobrevolar su espacio aéreo a personas que pertenezcan a agrupaciones que estén la la FTO.

Según la información que ha publicado la agencia AP, Biden también pretende eliminar en la misma modificación a la agrupación japonesa Aum Shinrikyo, el grupo judío radical Kahane Kach y dos grupos islámicos, el Consejo de la Shura de los Muyahidines de Derna y Al-Gama’a al-Islamiyya.

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Preocupación en el Gobierno español porque Puigdemont estaría buscando apoyo militar ruso para la independencia de Cataluña

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El ex presidente de la Comunidad catalana que debió exiliarse tras declarar la independencia de Cataluña, todavía busca impulsar la secesión y tendría el apoyo de Rusia, bajo la garantía de 10 mil soldados rusos.

Todas las alarmas saltaron esta semana en España, luego de que una mega-investigación internacional conjunta entre El Periódico de Catalunya, el medio italiano Il Fatto Quotidiano y varias organizaciones de investigación periodística y transparencia como Bellingcat y el OCCRP, revelaran una serie de negociaciones entre el ex-presidente secesionista de la Comunidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y altos mandos del Kremlin.

Según se logró averiguar, 5 años atrás, el 26 de octubre de 2017, el diplomático ruso Nikolay Sadovnikov viajó a Barcelona, capital catalana, en un vuelo procedente de Moscú, se reunió en secreto con Puigdemont, y regresó a su país de origen dos días después, prácticamente sin rastros de su visita.

Mientras estuvo en Cataluña, particularmente el 27 de octubre, Puigdemont anunció la Declaración Unilateral de Independencia, logrando aprobar en el Parlemento local la secesión de España, proclama que duró literalmente 5 minutos cuando el Gobierno Nacional ordenó la intervención de la Comunidad, y el entonces gobernador se exilió al extranjero.

Según detalla Electomanía, medio que cubrió la noticia, el representante ruso se comprometió a apoyar a Cataluña militarmente, enviando 10.000 soldados para forzar la independencia de manera unilateral, y económicamente con subsidios a la industria local en el primer año de la separación y préstamos para pagar la deuda catalana con Occidente.

Por su parte, Puigdemont se habría comprometido a poner en marcha un sistema de resguardo de activos en criptomonedas, probablemente alojando en tierras catalanas servidores de criptomonedas de millonarios y políticos rusos, entre otros amigos de Putin y el Kremlin.

La investigación recopila información de hace casi cinco años, pero su publicación ahora no es casualidad. Según varios reportes, la invasión de Rusia a Ucrania y la pseudo-guerra fría que se está iniciando con la OTAN han llevado al Kremlin a revisar nuevamente estos planes.

Si bien Puigdemont fue arrestado el año pasado en Italia, donde permanecía exiliado, quedó en libertad antes de ser extraditado. Además, el presidente Pedro Sánchez indultó a 9 líderes del intento independentista catalán, y la Comunidad todavía es gobernada por un ferviente independentista, Pere Aragonés. Por lo que la estrategia todavía podría servir.

El portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Felipe Sicilia, exigió a Puigdemont que explique y brinde detalles acerca de esta información. Pero a pesar de sus dichos, Sicilia se desligó de confirmar que el encuentro realmente ocurrió, afirmando que si bien el Gobierno está investigando la denuncia, todavía no tiene ninguna información precisa que lo pruebe.

Sin embargo, según los medios investigadores, las evidencias sobran. Ese mismo 26 de octubre en el que habría llegado el diplomático ruso, el dirigente del partido ultra-independentista CDC, Víctor Terradellas le envió un mensaje por WhatsApp a Puigdemont diciéndole que “a las 5 viene el emisario de Putin”.

El CDC, Convergencia Democrática por Cataluña, es un partido que a pesar de su tendencia separatista, tiene una ideología más bien conservadora, a diferencia de los demás partidos separatistas que son de extrema izquierda comunista, y mantiene una estrecha relación con el gobierno de Putin.

Terradellas, amigo y aliado de Puigdemont, era el Secretario de Relaciones Internacionales del CDC y habría sido el nexo con el Kremlin. En los whatsapp, se ve que esa tarde le dijo a Puigdemont que estaban reunidos con Sadovnikov. Minutos después, Puigdemont los invitó a los dos a la residencia oficial.

El Periódico de Catalunya amplió la noticia, y reveló que Terradellas viajó a Moscú el mismo día que Puigdemont anunciaba la fallida independencia de Cataluña. Terradellas no fue solo, sino que junto a un misterioso empresario catalán ligado a Rusia de nombre Jordi Sardà Bonvehí, quien habría sido el contacto entre el propio Terradellas y el diplomático ruso.

Por su parte, el medio español Crónica Global, que también participó de la masiva investigación, reportó unas declaraciones de Terradellas en las que concluye que Puigdemont se reunió una segunda vez con emisarios del gobierno ruso tras la proclama independentista. De todas formas, no dejó claro ni la fecha, ni el lugar, ni si las reuniones fueron con el mismo emisario.

Otra importante incógnita que aún permanece sin esclarecer es el chat de WhatsApp entre Terradellas y Bonvehí, que probaría una continua comunicación con delegados diplomáticos rusos hasta mayo de 2018, varios meses después de que la independencia haya sido aplastada por el Gobierno Nacional.

Esto podría ser resuelto en los próximos días, mientras Terradellas continúa siendo interrogado junto a varios otros investigados por un caso de desvío de fondos de la comunidad autónoma hacia el CDC, caso relacionado a la trama rusa.

Los WhatsApp de Terradellas y Bonvehí que demuestran los contactos con  Sadovnikov hasta mayo de 2018 | El Periódico de España
Víctor Terradellas.

Como es sabido, la DUI fracasó estrepitosamente, terminando con la ambición secesionista del PDeCat y seguramente espantando a los operadores rusos. Puigdemont tuvo que huir a Bélgica donde pidió asilo político, y estuvo varios años prófugo hasta que finalmente el año pasado fue atrapado en Italia y arrestado. Fue procesado por rebelión y malversación de fondos públicos, y puesto en prisión preventiva, pero salió en libertad antes que pueda ser extraditado a España.

Actualmente la situación legal del líder catalán es delicada. Él asegura ante las cortes internacionales que tiene inmunidad legal por ser diputado en el Parlamento Europeo por el partido Lliures, que casualmente es una coalición de varios partidos, entre ellos el CDC de Terradellas.

El Tribunal General de la Unión en 2021 dejó sin inmunidad a Puigdemont, pero bajo la recomendación de que no sea detenido. Actualmente, solamente España pide por su detención y si bien todavía tiene problemas cada vez que viaja entre países europeos, ninguno parece dispuesto a extraditarlo.

Incluso, Puigdemont tiene en agenda visitar España en las próximas semanas, ya que fue citado a declarar en el caso de espionaje de Pegasus y tendría inmunidad para entrar y salir del país en calidad de testigo.

En el viaje exprés, el líder independentista no podrá, en teoría, visitar Barcelona, ya que está citado para un juzgado en Madrid, pero lo que quiere es una foto con Pedro Sánchez, y quien sabe, reunirse con sus punteros políticos para discutir un nuevo plan secreto con los rusos.

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Inspirado por el fallo de SCOTUS para derogar el aborto, VOX busca una sentencia similar del Tribunal Constitucional en España

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VOX, un sector del PP y las organizaciones antiaborto apelan a la demorada sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Zapatero, para derogar la despenalización del aborto sancionada en 2010.

La decisión filtrada de la Corte Suprema de Estados Unidos que restringiría el acceso al aborto envalentonó a la derecha española. Apenas trascendió que los jueces estadounidenses van a revocar el fallo de 1973 que despenalizó el aborto, VOX y la Conferencia Episcopal comenzaron a agitar la idea de un cambio en la legislación española.

Sin preludios, la diputada derechista Lourdes Méndez pidió esta semana al Tribunal Constitucional que revisara la “Ley Zapatero“, legislación que impulsó el entonces presidente socialista José Luis Zapatero en 2010 para despenalizar el aborto en toda España..

Méndez, militante del Opus Dei, contó con el respaldo del portavoz parlamentario de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, y también de Enrique Benavent, obispo de Tortosa y presidente de la influyente Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, quien aseguró que todo “político cristiano” tiene la obligación de enmendar o derogar las leyes que atentan contra la vida.

En España, el aborto recibió su primera desregulación con la famosa “Ley de lo Supuestos“, aprobada en 1985 durante el gobierno del también socialista Felipe González. La ley despenalizaba el aborto bajo tres supuestos: riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada (supuesto terapéutico), violación (supuesto criminológico) y malformaciones físicas o psíquicas en el feto (supuesto eugenésico), y fue aceptado por todas las fuerzas políticas como un consenso generalizado.

Pero en 2010, Zapatero sorprendió a todos enviando una ley al Congreso para despenalizar el aborto siguiendo una lógica de plazos. Con la aprobación de la “Ley Zapatero”, el aborto quedó despenalizado hasta las 14 semanas, en sintonía con las normas de otros países europeos.

Sin embargo, 13 de las 50 provincias nunca practicaron un aborto en los últimos doce años, es decir, desde que la ley promovida por Zapatero entró en vigor, ya que esta permite la objeción de consciencia.

En Huesca, Teruel (Aragón), Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora (Castilla y León), Cuenca, Guadalajara, Toledo (Castilla-La Mancha), Cáceres (Extremadura), Ceuta y Melilla no ha habido un solo hospital o centro de salud que haya decidido hacer un aborto legal en todos estos años.

Desde el año pasado, la ministra de Mujeres e Igualdad, Irene Montero, está presionando para enviar al Congreso una nueva ley de abortos que obligue a los centros de salud a proveer por lo menos una persona dispuesta a practicar un aborto, además de obligar a las provincinas a crear un registro de médicos objetores.

Montero también quiere restituir a las menores de entre 16 y 17 años la prerrogativa de abortar sin autorización de sus padres o tutores, como impuso el PP durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Pero mientras el gobierno busca expandir la práctica, el aborto puede haber encontrado un obstáculo en el Tribunal Constitucional, que desde 2010 ha dejado en suspenso una resolución sobre el recurso presentado por el PP para derogar nueve artículos de la Ley Zapatero.

El presidente de la máxima corte, Pedro González Trevijano, admitió que la demora era inexplicable, si bien sigue postergando una decisión final. Lo que pasa es que el magistrado Enrique Arnaldo, cercano al PP, es quien le toca redactar la sentencia, y hay un fuerte lobby verde para impedir que el juez conservador le eche mano al asunto.

Hace más de una década que se está dilatando esta sentencia esperando hasta que una renovación del Tribunal traiga una mayoría progresista. Pero el modelo no beneficia a la izquierda: ocho miembros son nombrados por el Congreso, dos por el Poder Judicial y solamente dos por el gobierno.

Actualmente hay 4 jueces progresistas y 8 conservadores, y en junio de este año Pedro Sánchez deberá nombrar los dos jueces que le corresponden, probablemente cambiando a los nominados por Rajoy, Pedro González Trevijano y a Antonio Narváez Rodríguez por dos socialistas.

Esto dejará la composición de la corte en 6 progresistas y 6 conservadores, a uno de tener la mayoría necesaria para derribar los fallos conservadores como el que se espera que dé Arnaldo.

VOX sin embargo está con la mirada puesta en los legislativos autonómicos, y quiere inspirarse en el modelo de Estados Unidos, donde hasta 1973 se dejó la decisión en manos de los estados, y ahora todo indica que la Corte Suprema, con mayoría conservadora, volverá a instalar.

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