Mañueco (PP) y García Gallardo (VOX) acordaron un “plan anticrisis” con fuertes reducciones impositivas, ayudas al Campo y exigencias al Gobierno Nacional para que ayuden con los refugiados ucranianos.

Pocos días después de asumir el gobierno de coalición entre el Partido Popular (PP) y VOX, el presidente de la Comunidad de Castilla y León, Alfonso Mañueco, presentó un masivo paquete de leyes “esenciales” para poner en marcha la nueva administración.

El plan anticrisis fue diseñado tanto por los equipos técnicos del PP y de VOX. La agrupación de derecha, liderada por el abogado Juan García Gallardo, consiguió tres ministerios además de la vicegobernación de la provincia.

VOX encabeza el Ministerio de Industria y Empleo, a cargo de Mariano Díez, el Ministerio de Agricultura, una cartera que el propio Abascal había pedido para su agrupación, y que dejó a cargo de Gerardo Merino, y por último, el Ministerio de Cultura, que estará a cargo del famoso historiador derechista Gonzalo Santonja. El resto de los ministerios, Economía, Medio Ambiente, Transporte, Salud, Familia, y Educación, quedaron en manos del PP.

Desde esta posición, se lanzó el “ambicioso y coherente” paquetazo de medidas para afrontar la crisis económica. El plan se sostendrá sobre 20 ejes de reformas y necesitará de la implementación de 75 nuevas medidas, y un presupuesto de más de 470 millones de euros.

El plan, además, recortará impuestos por unos 335 millones de euros, por lo que el costo total del proyecto se calcula en 805 millones de euros, un valor elevado para una comunidad como la de Castilla y León, pero necesaria para devolverle la potencialidad económica a un territorio marcado por el agro.

“Es el primer día de trabajo del Gobierno, de este gobierno del que se dicen tantas cosas, desde el primer día, se trabaja en generar más derechos económico y sociales”, aseveró Mañueco, quien insistió en que la “gran prioridad” del gobierno es apostar por la recuperación económica y social.

Bajada de impuestos en el IRPF

La medida prioritaria del “plan anticrisis” será la reducción del Impuesto a la Renta a las Personas Físicias (IRPF), la versión del impuesto a las ganancias que existe en España.

Esto supondrá un ahorro de 20 millones de euros al año para los castellanos y leoneses. La reducción no es de una gran magnitud, solo bajará del 9,5% actual al 9%, pero abarcará a todos los contribuyentes de la comunidad.

De esta forma, Castilla y León se situará como la segunda Comunidad Autónoma con el tipo mínimo más reducido de IRPF, solo por debajo de Madrid.

Medidas tributarias para los sectores más afectados

Se destinarán medio millón de euros para eximir del pago de las tasas de titularidad autonómica relacionadas con la actividad profesional del transporte por carretera y por la prestación de servicios veterinarios, sectores afectados por las subidas del precio de la energía y el combustible.

Reducción fiscal en el medio rural

Se implementarán medidas en apoyo a la natalidad en el medio rural elevando hasta el 40% la deducción autonómica en el IRPF por nacimiento o adopción; una propuesta que impulsó VOX.

Además, habrá un apoyo especial a las empresas, rebajando al 2% el tipo reducido en las transmisiones de bienes inmuebles que constituyan centros de trabajo de negocios en el medio rural.

Para el sector agrario se establecerá un tipo reducido del 4% en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias; y la reducción del 95% de las tasas por licencias de caza y pesca.

Medidas que requieren la decisión del Gobierno Nacional

Castilla y León reclama la bajada del impuesto de la electricidad por parte del gobierno con sede en La Moncloa, durante “el tiempo necesario mientras dura la crisis”.

Esta bajada del impuesto le supondría a Castilla y León cerca de un ahorro de 100 millones de euros al año. Además, la Junta demanda al Gobierno de España a adoptar la aprobación de un IVA superreducido para la electricidad y el gas y la solicitud a la Unión Europea de la autorización para una reducción excepcional del IVA que grava los combustibles. Dos actuaciones que supondrían una merma en los ingresos de la Junta de cerca de 260 millones de euros al año.

Para esto, necesitan la aprobación del gobierno socialista de Pedro Sánchez, un punto muy difícil del plan pero que el PP Nacional se puso como objetivo pasar.

Apoyo a las familias y colectivos vulnerables

En este punto, para aliviar las dificultades generadas por la crisis en las familias, se incrementará en 4 millones de euros la financiación de Corporaciones Locales dirigidas a la ayuda de emergencia. También se pondrá en marcha un Fondo de Cohesión Territorial por valor de 20 millones de euros, se incrementarán las cuantías de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía en un 15% durante tres meses, se convoca el bono concilia y nuevas ayudas a la natalidad con hasta 2.500 euros por hijo. Todo ello con un montante que asciende a los 45 millones de euros.

En el ámbito educativo y de refugiados de Ucrania también se anuncian nuevas medidas. En educación, se creará una línea específica para la acogida de estudiantes universitarios de Ucrania y la creación de una nueva línea para financiar los contratos temporales de inversores visitante. En cuanto a los refugiados, se pone a disposición de las consejerías los recursos presupuestarios precisos para atender al mayor gasto.

Producción y asesoramiento a empresas

Dos ejes más, el primero dirigido a sanear la ruptura de relaciones comerciales con Rusia por la invasión de Ucrania, por lo que se dedicará 1,5 millones de euros a promover los productos de Castilla y León y elaborar planes de diversificación tanto en importaciones como en exportaciones. En cuanto al asesoramiento, se creará un nuevo portal de información para dar cobertura a la situación del comercio internacional con Ucrania y Rusia.

Medidas específicas en el ámbito del Empleo

Este paquete contará con más de 20 millones de euros, con el impulso de una nueva línea de ayudas dirigida a la mejora de las competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos, así como para promover la contratación de personas jóvenes, menores de 30 años, para dar impulso a este sector de la población.

Medidas de financiación empresarial

Un paquete que contará con 17,5 millones de euros y servirá para implementar una línea de financiación de préstamos blandos, una nueva para la financiación de Estaciones de Servicio y se potenciará el programa de financiación a través de préstamos avalados. Por otro lado, se prorrogarán las líneas excepcionales de financiación abiertas con motivo de la crisis económica.

Sector de agricultura y ganadería

Un total de 68 millones de euros estarán dispuestos para esta serie de medidas dedicadas al sector agrícola y ganadero. Entre ellas, se incorporarán medidas de flexibilización en las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para incrementar la capacidad de producción, también se dispondrán medidas para favorecer a la liquidez del sector como el pago de los anticipos de la PAC a partir de octubre.

Por otra parte, para compensar el pago de las tasas de titularidad autonómica se articularán ayudas relacionadas con la actividad profesional de prestación de servicios veterinarios y, por último, un plan de ayudas por valor de 10 millones de euros para ayudar a los granjeros a enfrentar los incipientes costes.

Sector del transporte

La Junta actualizará la financiación autonómica al transporte regular, congelará tres meses la totalidad de las tarifas de transporte público y reducirá durante tres meses en un 15% el precio de los abonos de transporte. Actuaciones relacionadas con el incremento del precio de los combustibles y que supondrán un importe de unos 9,6 millones de euros.

Impulso a la capacidad energética

La Junta de Castilla y León aumentará la cooperación con las administraciones locales, medida tendiente también a incrementar la biomasa forestal como combustible no renovable, no deslocalizable, autónomo y de especial significado para el empleo en el mundo rural.

Por otro lado, se prestará especial atención a las nuevas promociones de generación con biomasa, similares a la puesta en marcha en Cubillos del Sil. En el momento actual se está pendiente de la convocatoria de una subasta específica por parte del Gobierno de España, donde deben optar como adjudicatarias.

Competitividad y eficiencia energética para empresas y familias

En este punto, destaca el impulso del Programa de Incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.

Por otra parte, con 8,4 millones, se convocará una nueva ayuda para energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía; y se creará un fondo de inversión y participación autonómica para extender las inversiones en sistemas de autoconsumo. Todo ello con un monto que asciende a los 61,6 millones de euros.

Revisión del impacto del coste de la energía

La reducción en el consumo energético por parte de la Administración ha pasado a ser “prioritario”. Por ello, desde la Junta se ponen en marcha varios planes de medidas, entre ellos un paquete que mejore la eficiencia energética de los edificios públicos, otro para el ahorro energético en el funcionamiento de la administración, un tercero para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y, por último, un paquete de medidas para la racionalización de la contratación de suministros energéticos; todo englobado en una inversión de casi 55 millones de euros.

Medidas relacionadas con la ciberseguridad

En este punto, el nuevo escenario ha acelerado la necesidad de garantizar la ciberseguridad en el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, con un impulso de medidas específicas enfocadas a mejorar las capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes y con el objetivo de garantizar la protección de la información manejada por la Administración autonómica.

Compensación por el coste de las materias primas

Se aprobará un Acuerdo que permita la aplicación automática en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad, de las medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público.

Paralelamente, se recogerá la aplicación de esta medida a las Entidades Locales de Castilla y León y al resto del Sector Público Institucional de la Comunidad de Castilla y León, siempre que así lo acuerden sus respectivos órganos de gobierno. El importe estimado de estas medidas asciende a 37 millones de euros.

Reprogramación y refuerzo de los fondos de la Unión Europea

En el contexto actual, según el programa, se hace “esencial” lograr el “aprovechamiento más eficiente de los recursos europeos“. De esta forma se garantizará un gasto más eficiente de los recursos.

En este sentido, se analizarán las posibilidades de reprogramación de los diferentes fondos de la Unión Europea que tienen asignados, con el fin de orientarlos a las prioridades actuales. Paralelamente, se hará uso de la propuesta del Reglamento de Disposiciones Comunes a los efectos de extender la aplicación del porcentaje de cofinanciación del 100% a los gastos declarados en solicitudes de pago presentadas en el ejercicio contable 2021-2022, en aquellos programas operativos y ejes para los que lo solicite el Estado miembro.

Simplificación administrativa para fomentar la actividad económica

Con la finalidad de aligerar la carga burocrática que le corresponde asumir al ciudadano y a las empresas, desplazando parte de ella hacia la Administración y, con ello, generar un impacto reactivador de la actividad económica, se aprobará un nuevo paquete de medidas impulsoras y simplificadoras de algunos de los procedimientos administrativos, así como para agilizar la gestión de los fondos europeos.

Apoyo a los sectores productivos

Con la finalidad de otorgar ayudas a los sectores más afectados por la subida de precios, la Junta demanda la dotación de un Fondo específico de ayuda a sectores afectados por la crisis, dotado con los remanentes de las ayudas directas previstas y el establecimiento de una normativa reguladora de estas nuevas ayudas, que evite las rigideces que afectaron a esas ayudas COVID, y que propiciaron su insuficiente ejecución y un menor alcance. El importe estimado de estas medidas ascienden a 75,4 millones de euros.

Financiación para atender los gastos de acogida de refugiados

La Junta de Castilla y León ha estructurado 15 medidas específicas para hacer frente a la crisis humanitaria derivada de la invasión rusa en Ucrania. En consonancia con ello, se reclama al Gobierno de España la puesta en marcha de un fondo extraordinario para la financiación de servicios públicos, dirigido a financiar el mayor gasto asociado a los servicios públicos esenciales que deben prestar las autonomías a los refugiados ucranianos –atención sanitaria, servicios educativos, gasto social, o en materia de vivienda y empleo.