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España

VOX y PP llegan a un acuerdo para reducir el número de diputados de la Asamblea de Madrid y bajar el gasto público

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Rocío Monasterio convenció a la gobernadora Ayuso de reducir la cantidad de bancas en el Poder Legislativo de 136 a 91, lo que supondría un millonario ahorro anual en el Presupuesto.

Mientras sigue tratando de sobrevivir el asedio de las autoridades nacionales del PP, la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso cumplió con su palabra y apoyó la petición de VOX para reducir el número de diputados de la Asamblea de Madrid, tal como le prometió a Rocío Monasterio a cambio de que el partido de derecha apoyara su investidura.

La iniciativa pide la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid que cambiaría el criterio por el que el número de diputados viene determinado en función del censo de población, que actualmente es de uno por cada 50.000 habitantes y da un número de 136 diputados.

Esto se quiere cambiar a un número fijo de 91 escaños en la Asamblea, que con la población actual quedaría en que cada diputado representaría a 73.000 madrileños. Este número se irá diluyendo a medida que crece la población, y el objetivo citado es llegar a que cada banca represente a 100.000 habitantes en el futuro.

“Como consecuencia de la existencia de un sistema electoral con circunscripción única, en una región uniprovincial de pequeño tamaño en extensión, el establecer una composición de la Asamblea de Madrid en función del número de habitantes puede resultar innecesaria”, señala su fundamentación.

VOX considera que el sistema actual es “inestable y voluble” y que ha provocado que “la cifra de diputados actual sea ciertamente desproporcionada con las funciones y ámbitos que desarrolla la Asamblea de Madrid”. Y dejan claro en el texto presentado que “la austeridad y la ejemplaridad deben ser valores que acompañen de forma permanente, especialmente en tiempos de dificultad, la gestión y acción de los políticos y los gestores públicos”. 

Esto implicará una fuerte baja del gasto público en los años por venir, y permitirá reducir el presupuesto de la Asamblea considerablemente. Además, las fuerzas políticas minoritarias no perderán representación ya que si ganan en su distrito tienen asegurada la entrada, al igual que ahora.

Monasterio le ha exigido en su discurso en el pleno a los partidos de izquierda que apoyen esta petición, ya que en estos momentos de “dificultades” tienen que ser “responsables y estar del lado de los madrileños”. “Cuando las familias, los autónomos y las empresas se aprietan el cinturón, los políticos también tienen que hacerlo”, declaró.

Pero lo cierto es que será difícil que logren el apoyo necesario para que se apruebe la Proposición de Ley en el Pleno, ya que necesita 2/3 de los apoyos. Actualmente, el PP Madrid tiene 65 bancas y VOX 13, dándole casi el 60% de la Asamblea, pero necesitarán el 66% si quieren aprobarla.

El portavoz del PP Madrid, Alfonso Serrano, admitió hoy que el éxito de esta iniciativa "no es rápido, ni corto. No hay garantías de una mayoría", pero que espera que "seamos capaces de trabajar todos para convencer a otros grupos".

Mientras tanto, los grupos parlamentarios de extrema izquierda Más Madrid (24) y Unidas Podemos (10) ya han manifestado su oposición a la limitación de escaños de la Asamblea porque consideran que “atenta contra la democracia”. La respuesta de Serrano a la izquierda fue que hacen "demagogia diciendo que se quiere recortar la democracia". "Si dicen que más democracia es más gasto público, no lo comparto", remató.

De parte del PSOE, que tiene 24 bancas y con que 12 legisladores brinden su voto, todavía no cerraron del todo la puerta. Juan Lobato, Secretario General del partido socialista en Madrid, declaró que están dispuestos a "hablar de propuestas concretas que tengan un marco lógico", pero no ha querido mostrarse claramente a favor o en contra: "No tiene sentido una propuesta aislada, aunque sí hablaremos de medidas que mejoren la eficacia del gasto público". 

Según VOX, esta reducción de bancas supondría un ahorro de 2,5 millones de euros el primer año que se aplique, y cada año serían más y más euros ahorrados a medida que la población crece pero la Asamblea mantiene los 91 curules fijos. En caso de lograr los votos necesarios y se apruebe en el Pleno en el mes de abril, entraría ya en vigor para las elecciones autonómicas de mayo de 2023.

España

Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

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El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el "respeto" que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario "seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración".

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medida"Queremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común".

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado "regularización por arraigo" y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

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España

El Gobierno socialista de España ordenó bloquear Telegram en el país, como ocurre en Cuba, Irán, Pakistán y China

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Luego de que la plataforma de chat se negara a entregar datos personales de sus usuarios al Gobierno español, y cerrar miles de canales de difusión, la justicia ordenó su bloqueo.

La red de mensajería Telegram es la principal alternativa a WhatsApp en todo el mundo, y no solo lo es como una opción con más funcionalidades, si no que otorga un mayor nivel de encriptación y privacidad en los mensajes que se comparten.

Es por esto que se usa a nivel mundial para esconderse de gobiernos opresores que utilizan la justicia para perseguir opositores, como cada vez ocurre más incluso en democracias liberales como Brasil, Canadá o España.

Es en este último país que Telegram ha caído en desgracia. Este viernes, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó bloquear Telegram de forma cautelar en respuesta a una denuncia de Mediaset, Antena 3, Movistar y Egeda, quienes acusan al sistema de mensajería de alojar contenido protegido por derechos de autor sin permiso.

La decisión ha sido adoptada por Pedraz después de que los responsables del sistema de mensajería no respondieran a los requerimientos del magistrado. Cabe aclarar que es política de la empresa creada por dos rusos opositores a Putin que no entregan ninguna información a ningún gobierno, con el fin de respetar los derechos a la privacidad de sus usuarios.

Pedraz, titular de Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional, considera esta medida "necesaria, idónea y proporcional" porque, según él, no existe alternativa que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados.

El juez cuenta con el aval del presidente socialista Pedro Sánchez, quien viene criticando a Telegram hace años, denunciando que "allí se albergan grupos neonazis y extremistas", incluso a pesar de que tiene redes de difusión en dicha plataforma.

Telegram tiene unos 900 millones de usuarios en todo el mundo, según las últimas cifras oficiales publicadas por Pável Dúrov, el multimillonario ruso fundador de la compañía. En España, tiene unos 8,5 millones de usuarios, y la usa a diario aproximadamente un 20% de la población, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Dúrov creó Telegram en 2013, poco después de que Vladimir Putin le obligaría a vender VK (el Facebook ruso) y exiliarse del país por negarse a suministrar datos personales de ciudadanos ucranianos a los servicios de seguridad de Rusia.

En la actualidad la sede oficial de Telegram se encuentra en Dubái, donde Dúrov firmó un contrato con el gobierno emiratí para tener total privacidad en sus servidores. Su compromiso con la privacidad es tan alto que incluso se ha negado a cerrar grupos de difusión de Hamás, no porque defienda su accionar (incluso ha condenado al grupo terrorista en múltiples ocasiones) pero por su compromiso a no violar la libertad de expresión absoluta.

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España

El Congreso de España modificó el reglamento y todos los documentos oficiales del Legislativo estarán escritos en "lenguaje inclusivo"

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Para llevar a cabo esta reescritura en lenguaje inclusivo se modificó el grueso de los 207 artículos del Reglamento del Congreso.

En una acción impulsada por el presidente Pedro Sánchez, la presidencia del Congreso de los Diputados de España ha lanzado un nuevo reglamento que impone el uso obligatorio de "lenguaje inclusivo" en toda la documentación oficial.

Ya el propio nombre del Poder Legislativo cambiará, pasando a ser oficialmente "el Congreso de los Diputados y las Diputadas", y todo el Reglamento de los Diputados (que pasará a llamarse "Reglamento del Congreso" para evitar ponerle género al documento) estará escrito en inclusivo.

En el proyecto de ley, que ya fue votado y aprobado en septiembre del año pasado, se ordenaba que, en el plazo más breve posible se acometiera una revisión del texto del Reglamento “para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género”. Este nuevo reglamento entrará en vigencia este martes.

Los críticos señalan que cambiar la terminología según imperativos políticos y no una necesidad real de la sociedad hará que la redacción de los documentos públicos y las discusiones sean difíciles de manejar, generando mucha confusión entre los interlocutores.

Entre otras cosas, los sustantivos para presidente y secretario se han cambiado por el nombre de la institución para evitar la referencia de género a la persona. En vez de decir "el presidente", se deberá decir "quien ocupa la presidencia", y así.

Por ejemplo, actualmente el artículo 31 establece que “el presidente declarará abierta la sesión y uno de los secretarios dará lectura al Real Decreto de convocatoria, a la lista de Diputados electos y a los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación de los electos diputados que puedan verse afectados por su resolución.”

La versión inclusiva dice de otra manera, “la presidencia declarará abierta la sesión y una de las personas que ocupan la Secretaría leerá el Real Decreto de convocatoria, a la lista de cargos electos y a los recursos contencioso-electorales presentada, indicando quiénes podrían resultar afectados por su resolución”.

El lenguaje "inclusivo" ya se incorporó a las regulaciones a finales del año pasado, cuando se agregaron artículos tras la aprobación del Parlamento para permitir el uso en el Congreso de las lenguas cooficiales del país (lenguas regionales como el catalán y el vasco). La ley también incluía un mandato para actualizar todo el texto a un lenguaje inclusivo, que ahora está a punto de obtener la aprobación del parlamento y su publicación final.

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