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España

VOX y PP llegan a un acuerdo para reducir el número de diputados de la Asamblea de Madrid y bajar el gasto público

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Rocío Monasterio convenció a la gobernadora Ayuso de reducir la cantidad de bancas en el Poder Legislativo de 136 a 91, lo que supondría un millonario ahorro anual en el Presupuesto.

Mientras sigue tratando de sobrevivir el asedio de las autoridades nacionales del PP, la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso cumplió con su palabra y apoyó la petición de VOX para reducir el número de diputados de la Asamblea de Madrid, tal como le prometió a Rocío Monasterio a cambio de que el partido de derecha apoyara su investidura.

La iniciativa pide la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid que cambiaría el criterio por el que el número de diputados viene determinado en función del censo de población, que actualmente es de uno por cada 50.000 habitantes y da un número de 136 diputados.

Esto se quiere cambiar a un número fijo de 91 escaños en la Asamblea, que con la población actual quedaría en que cada diputado representaría a 73.000 madrileños. Este número se irá diluyendo a medida que crece la población, y el objetivo citado es llegar a que cada banca represente a 100.000 habitantes en el futuro.

“Como consecuencia de la existencia de un sistema electoral con circunscripción única, en una región uniprovincial de pequeño tamaño en extensión, el establecer una composición de la Asamblea de Madrid en función del número de habitantes puede resultar innecesaria”, señala su fundamentación.

VOX considera que el sistema actual es “inestable y voluble” y que ha provocado que “la cifra de diputados actual sea ciertamente desproporcionada con las funciones y ámbitos que desarrolla la Asamblea de Madrid”. Y dejan claro en el texto presentado que “la austeridad y la ejemplaridad deben ser valores que acompañen de forma permanente, especialmente en tiempos de dificultad, la gestión y acción de los políticos y los gestores públicos”. 

Esto implicará una fuerte baja del gasto público en los años por venir, y permitirá reducir el presupuesto de la Asamblea considerablemente. Además, las fuerzas políticas minoritarias no perderán representación ya que si ganan en su distrito tienen asegurada la entrada, al igual que ahora.

Monasterio le ha exigido en su discurso en el pleno a los partidos de izquierda que apoyen esta petición, ya que en estos momentos de “dificultades” tienen que ser “responsables y estar del lado de los madrileños”. “Cuando las familias, los autónomos y las empresas se aprietan el cinturón, los políticos también tienen que hacerlo”, declaró.

Pero lo cierto es que será difícil que logren el apoyo necesario para que se apruebe la Proposición de Ley en el Pleno, ya que necesita 2/3 de los apoyos. Actualmente, el PP Madrid tiene 65 bancas y VOX 13, dándole casi el 60% de la Asamblea, pero necesitarán el 66% si quieren aprobarla.

El portavoz del PP Madrid, Alfonso Serrano, admitió hoy que el éxito de esta iniciativa “no es rápido, ni corto. No hay garantías de una mayoría“, pero que espera que “seamos capaces de trabajar todos para convencer a otros grupos“.

Mientras tanto, los grupos parlamentarios de extrema izquierda Más Madrid (24) y Unidas Podemos (10) ya han manifestado su oposición a la limitación de escaños de la Asamblea porque consideran que “atenta contra la democracia”. La respuesta de Serrano a la izquierda fue que hacen “demagogia diciendo que se quiere recortar la democracia”. “Si dicen que más democracia es más gasto público, no lo comparto”, remató.

De parte del PSOE, que tiene 24 bancas y con que 12 legisladores brinden su voto, todavía no cerraron del todo la puerta. Juan Lobato, Secretario General del partido socialista en Madrid, declaró que están dispuestos a “hablar de propuestas concretas que tengan un marco lógico“, pero no ha querido mostrarse claramente a favor o en contra: “No tiene sentido una propuesta aislada, aunque sí hablaremos de medidas que mejoren la eficacia del gasto público“. 

Según VOX, esta reducción de bancas supondría un ahorro de 2,5 millones de euros el primer año que se aplique, y cada año serían más y más euros ahorrados a medida que la población crece pero la Asamblea mantiene los 91 curules fijos. En caso de lograr los votos necesarios y se apruebe en el Pleno en el mes de abril, entraría ya en vigor para las elecciones autonómicas de mayo de 2023.

Economía

El ingreso por habitante de España no creció en los últimos 15 años y ya lo supera hasta Lituania

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La renta per cápita de Lituania logró equiparar a la de España por primera vez en la historia. El modelo económico de Lituana demostró un rotundo éxito por sobre otras economías europeas con una excesiva cantidad de regulaciones e impuestos distorsivos. 

La economía española muestra signos de agotamiento a pesar de los diversos programas de estímulo fiscal llevados a cabo por sucesivas administraciones. El peso creciente de regulaciones e impuestos distorsivos limaron el potencial de crecimiento del país, en detrimento de otras economías europeas.

El ingreso per cápita real de España no logró crecer absolutamente nada entre 2007 y 2022, un efecto que se explica principalmente por la fuerte recesión en medio de la crisis inmobiliaria del año 2008 y su profundización definitiva hasta 2012.

La recuperación cíclica de la economía no logró recobrar la tendencia de crecimiento previa a la crisis, y en este contexto impactó el shock por la pandemia a partir del primer trimestre de 2020. La economía española perdió el dinamismo y parece haber entrado en un “estado estacionario” similar al que aparentemente experimenta la economía de Japón.

Pero en un caso diametralmente opuesto, la economía de Lituania logró un fuerte crecimiento del 52% en su renta por habitante entre 2007 y 2022. El país debió emprender un severo paquete de reformas estructurales para abandonar el sistema comunista y de planificación centralizada, y adoptar la economía de mercado. 

Con estas estadísticas, España cerrará el año 2022 con una renta per cápita equivalente a los 39.500 dólares, mientras que Lituania finalizará el año en los 39.200 dólares, una cifra muy aproximada. Tan solo hace 15 años la diferencia entre ambos países equivalía a los 15.000 dólares, hoy solamente 300 dólares separan el ingreso de ambas economías. 

Las reformas incluyeron la privatización de las antiguas y masivas empresas estatales, la desregulación de la economía para asentar los derechos de propiedad, la flexibilización de la legislación laboral y la apertura al comercio internacional. Las mismas fueron continuadas y profundizadas a lo largo de la década de los 2000. 

El tamaño del Estado en Lituania representaba hasta el 33% del PBI hasta 2019 (antes de la pandemia), y logró bajar rápidamente del 43% al 35% del producto una vez superada la crisis de 2008. 

El caso español parece seguir la dirección contraria, ya que el Estado llegó a representar el 42,3% del PBI hasta antes de la llegada de la pandemia, y alcanzó un máximo de hasta el 49,5% en 2012 y durante plena recesión posterior a la crisis inmobiliaria.

La calidad de las finanzas públicas también diverge entre ambos países, ya que Lituania logró mantener el equilibrio financiero desde el año 2005 con la sola excepción de los períodos de recesión. El equilibrio financiero no solo incluye los saldos corrientes del Estado, sino también los intereses por la deuda. 

Por el contrario, España abandonó la responsabilidad fiscal tras el estallido de la crisis inmobiliaria en 2007 y no volvió a recuperarla desde entonces. El último superávit fiscal concretado fue en ese mismo año y alcanzó el 1,9% del PBI, y desde entonces se promedió un desequilibrio de casi 6 puntos por año. 

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Economía

Receta Socialista: Pedro Sánchez disparó el crecimiento de la deuda de 800 euros por habitante a más de 7.000

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La deuda pública de España se incrementó en casi 17 puntos porcentuales desde que el Partido Socialista se hizo cargo del Gobierno. Solamente este año se acumuló un endeudamiento por 78.964 millones de euros.

La contracara de la irresponsabilidad fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez es el aumento desbocado del stock de la deuda pública. Desde la asunción del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al poder en junio de 2018, la participación de la deuda bruta española con respecto al PBI escaló del 100,4% al 117,68% al término de agosto de 2022.

Mientras que entre mayo de 2018 y mayo de 2019 la deuda pública española crecía a razón de 828 euros por persona, el crecimiento registrado entre mayo de 2018 y septiembre de este año se multiplicó nueve veces y alcanzó los 7.307 euros.

Lo que es lo mismo, la deuda del Estado español subió en 38.688 millones euros en el acumulado de 12 meses hasta mayo de 2019, pero considerando el acumulado hasta septiembre de este año el incremento se dispara hasta los 346.719 millones euros

Solamente en los primeros 9 meses de este año el stock del pasivo aumentó en 78.964 millones de euros, y hasta 12.609 millones de euros entre agosto y septiembre. Tras cuatro años de administración socialista, la deuda bruta española aumenta en 219 millones de euros todos los días

El principal factor explicativo para el crecimiento explosivo del endeudamiento es la falta de responsabilidad fiscal. Incluso habiendo llevado a cabo una muy poco convencional reforma tributaria para subir los impuestos en plena pandemia, el Gobierno de Sánchez no consiguió que los aumentos en la recaudación compensaran la expansión del gasto público.

La recaudación total alcanzó el 43,74% del PBI al término del segundo trimestre del año, mientras que el gasto consolidado (incluyendo el Gobierno central y las Comunidades Autónomas) representó el 48,29% del producto en el mismo período. 

Gasto público y recaudación total de España entre 1999 y 2022.

No solamente ambas partidas se encuentran en niveles holgadamente superiores a los que había antes de la pandemia, sino que además la brecha entre el gasto y la recaudación sigue siendo más grande de la que había en el último trimestre de 2019.

El déficit fiscal financiero alcanzó el 4,54% del PBI hacia el pasado mes de junio, un resultado que es consistente con la meta de 4,9% para fin de año pero aún muy superior al 3% que se registraba antes de la pandemia.

El FMI estima que de cumplirse efectivamente la meta fiscal anual, España cerrará el 2022 con un déficit primario del 2,93% del PBI, y proyecta que se estabilizará en el 2% durante los próximos años. Este camino irresponsable garantiza que la deuda pública seguirá creciendo inescrupulosamente.

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España

El Gobierno socialista de Sánchez dispara 11 puntos el gasto público y apunta a un explosivo aumento de la deuda

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El Presupuesto para 2023 proyecta un aumento de casi 11% sobre las erogaciones del Estado. La deuda pública española se disparó en 130.000 millones de euros en lo que va de la gestión socialista. 

La responsabilidad fiscal dejó de ser una prioridad en la España socialista de Pedro Sánchez. El Gobierno presentó su Presupuesto 2023 con un brutal incremento del gasto público en torno al 10,7% en comparación al total de erogaciones para este año. Aislando las partidas que devienen de fondos europeos, el aumento presupuestario alcanza el 6,7% anual. 

El incremento explosivo del déficit fiscal se mantiene como una de las características más comunes en los Gobiernos socialistas de España. El gasto público acumula un incremento de 7 puntos del PBI desde el segundo trimestre de 2018, y hasta 1 punto porcentual hasta el cuarto trimestre de 2019 (antes del shock provocado por la pandemia). 

La recaudación total acumuló un crecimiento del 5,24% del PBI en lo que va de la gestión de Pedro Sánchez. La mayor parte de los ingresos responde a la reforma tributaria impulsada por el socialismo en 2020, aún en plena recesión, la cual implicó el aumento del tipo marginal máximo del 45% al 47% para los ingresos de personas físicas

Gasto público y recaudación total en España desde 1999.

La recaudación récord fue capaz de compensar el aumento de los gastos. La reducción del déficit fiscal, que había sido proyectada hacia la baja constantemente durante la administración anterior, fue completamente abordada a partir de 2018. 

El rojo financiero del Gobierno español saltó del 2,75% del PBI al final de la gestión del Partido Popular (PP) al 3,06% en 2019, y actualmente se mantiene en el 4,54% del producto tras el shock y la posterior reversión de la pandemia. 

A diferencia de otros países con mayor responsabilidad fiscal como Alemania, la pandemia llegó a España en un contexto de 1 año y medio de relajación en la reducción del déficit fiscal, una situación que se terminó pagando muy caro en términos de endeudamiento. 

La detención súbita de la corrección de las arcas públicas fue financiada con deuda. La gestión socialista añadió al país un monto total de 130.000 millones de euros sobre el stock heredado en 2018

La herencia del mandato de Pedro Sánchez comprende un masivo endeudamiento, la desaceleración del crecimiento del PBI, la profundización de los desequilibrios financieros del Estado y la marcha atrás con algunas de las flexibilizaciones regulatorias de la reforma laboral de 2012

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