El  presidente francés emprendió el proceso de nacionalizaciones más ambicioso desde los tiempos de François Mitterrand, en contraposición con sus primeros discursos de campaña en 2017. El Estado aumentó su participación en el sector de la energía, el transporte y la industria. 

Desde su llegada al poder con un mensaje centrista y moderado, Emmanuel Macron no titubeó en llevar a cabo el proceso de estatizaciones más importante de los últimos 40 años en Francia. No se veía una convicción estatista tan pronunciada desde la administración del expresidente socialista François Mitterrand, como parte de su “programa común de Gobierno”.

La administración Macron avanzó incluso más allá de las pretensiones del expresidente socialista François Hollande, quién solo llevó a cabo un aumento temporal en la participación accionaria estatal de la firma Groupe PSA.

El primer episodio de estatización bajo el mandato de Macron se produjo con la expropiación de la empresa de astilleros STX Francia en mayo de 2017. El Gobierno se adueñó temporalmente de la firma a fin de “defender los intereses estratégicos de Francia”.

Luego, en septiembre de 2017, se llegó a un acuerdo con la empresa italiana Fincantieri para que el sector privado retuviera hasta el 51% del paquete accionario hasta 2018, y a partir de julio de ese mismo año el Estado francés adquirió el 84,34% del total y pasó a denominarse “Astilleros Atlánticos”. 

Con una superficie de 150 hectáreas, Astilleros Atlánticos se perfila como una de las firmas más importantes de Europa y del mundo en materia de construcción naval. Incluso posee operaciones vinculadas con la fabricación militar, y en menor medida las subestaciones eléctricas. 

Más tarde, a mediados de 2018, el Gobierno anunció la nacionalización mayoritaria de la firma multinacional Areva, empresa líder en el programa nuclear del país y un gran peso en la industria energética francesa, fuertemente dependiente de este tipo de actividades.

El Estado culminó la nacionalización durante el primer trimestre de 2021, y asignó un monto de hasta 560 millones de euros para aumentar su participación accionaria hasta el 90% para llevar a cabo un control más exhaustivo, dejando a la iniciativa privada en un lugar completamente marginal. 

La economía francesa se encuentra cada vez más intervenida, más regulada y con un menor grado de competitividad relativa a la propia Unión Europea y el resto del mundo. Macron, que muchos al día de hoy reconocen como de ideología liberal, en términos económicos es el más estatista en más de cuatro décadas.

En 2021 el ministro de Economía Bruno Le Maire dio marcha atrás con sus propias declaraciones negando “cualquier posibilidad de nuevas estatizaciones”, y se decidió incrementar el peso accionario del Gobierno francés en la firma aeronáutica Air France-KLM hasta el 28,6%.

El Estado retenía hasta el 54,4% del paquete accionario en 2003, su participación cayó por debajo del 14,3% tras la privatización parcial del expresidente Jacques Chirac en 2004, pero bajo la administración de Emmanuel Macron se volvió a retroceder en la apertura hacia la iniciativa privada.

La última gran apuesta del oficialismo fue la estatización total de Electricité de France (EDF), la principal empresa de generación de electricidad en el país en junio de 2022. EDF es una de las empresas eléctricas más importantes del mundo y la principal proveedora de electricidad no solo en Francia si no que en toda Europa occidental. En el año 2017, esta empresa llegó incluso a ocupar el segundo lugar en la producción eléctrica mundial, solo por detrás de la China Energy Investment Corporation.

Macron tiene pensado seguir con las estatizaciones a lo largo de su segundo mandato que tiene duración hasta 2027, tras su reelección el año pasado, estuvo muy cerca de perder frente a la derechista Marine Le Pen, a la que irónicamente había acusado de “estatista” en la campaña de 2017.

El aumento de la edad de jubilación ofrece una alternativa para evitar el colapso de las finanzas públicas, pero aún así la reforma de Macron implica mantener elevados déficits fiscales hasta 2026. 

El presidente francés Emmanuel Macron finalmente logró la aprobación de su reforma previsional, la cual tendrá un gran impacto sobre las finanzas públicas en vista a los próximos años. El Senado resolvió su aprobación por 201 votos a favor contra, 115 en contra, y solo 29 abstenciones.

Si bien muchos esperaban que la largamente prometida reforma tendría un mayor involucramiento del sector privado, finalmente Macron resolvió por mantener el sistema público, y el único ajuste será el aumento de la edad mínima para acceder a una jubilación, que se incrementará de los 62 años actuales hasta los 64 años.

Francia tenía estándares etarios completamente desacoplados a su condición demográfica, poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema. Principalmente, cada profesión tenía su propia edad jubilatoria lo cual generaba enormes baches fiscales en las cuentas públicas.

El aumento de la edad jubilatoria no será retroactivo, por lo que no se afectarán “derechos adquiridos” por cotizantes que ya están retirados. Además, el aumento gradual se llevará a cabo a razón de 3 meses por año a partir de septiembre de 2023, y sólo se llegará a una edad efectiva de 64 años para todos en 2030. 

También se llevará a cabo un ajuste sobre la cantidad mínima de años de cotización requerida para percibir el 100% de la pensión en la edad de retiro. Este período se incrementará de 42 a 43 años, pero lo hará gradualmente entre 2023 y 2027.

El ajuste extremadamente gradualista no responde a cuestiones de solvencia financiera, sino que más bien es consecuencia de fuertes presiones políticas y falta de consenso dentro la propia coalición que preside Macron, un frente político con ideas variopintas y sin ningún tipo de identidad propia. 

La negativa de un mayor ajuste le significa un costo sideral para las cuentas públicas de Francia. Con la reforma aprobada, el déficit primario (sin contar los intereses de deuda) aumentará del 3,4% del PBI en 2022 al 4,1% en 2023, y se reducirá muy gradualmente al 3,07% para el año 2026. Se trata de un sendero incluso más gradualista que el trazado por el presidente Alberto Fernández en las negociaciones con el FMI.

Macron se negó sistemáticamente a una reforma estructural del sistema, es decir, la privatización parcial o total del régimen de contribuciones sociales para atacar el problema de la insolvencia de manera definitiva. En lugar de eso, se optó por reparametrizar el sistema, y adecuarlo al envejecimiento poblacional por un cierto período de tiempo.

Sin haberse modificado los cimientos básicos del régimen previsional, el sistema de reparto entrará en crisis fiscal una y otra vez mientras se siga incrementando la cantidad de jubilados por cada trabajador activo aportando. Dentro del sistema no existe ninguna solución más que subir nuevamente la edad jubilatoria, recortar pensiones o endurecer los requisitos mínimos de aportes cada vez más. 

El presidente francés abandonó la moderación y lanzó el programa “trimestre anti-inflación”, un paquete de medidas de extrema izquierda similar a los “Precios Justos” que se aplican en Argentina y Venezuela.

Lejos quedó la figura de mandatario moderado que alguna vez mostró el francés Emmanuel Macron. Este lunes, el presidente de la Quinta República anunció un paquete de medidas de extrema izquierda para “combatir la inflación”.

En un acto completamente desesperado, y yendo en contra de sus aliados liberales en el gobierno, Macron anunció un congelamiento generalizado de precios por 90 días (un trimestre), bajo el programa “trimestre anti-inflación” con características muy similares a las que se emplean en el programa de “Precios Justos” en Argentina y Venezuela. 

Las principales cadenas de supermercados galas se verán afectadas, principalmente Carrefour e Intermarché, que deberán mantener fija una canasta de entre 400 y 500 productos. De igual manera, la cadena Casino desplegó su propia lista de 500 precios congelados por 90 días, la cual tendrá vigencia a partir del próximo 15 de marzo. 

Cabe destacar que a lo largo de la historia, todas y cada una de las intervenciones fiscales fracasaron en sus pretensiones por contener el impacto de la inflación, ya que la suba generalizada de los precios es un fenómeno que se desprende de la expansión de la oferta monetaria.

“Será una medida masiva, efectiva y de protección, que garantizará el precio más bajo posible en una serie de artículos, que serán elegidos libremente por los distribuidores, tomando el nivel de precio más bajo posible de los márgenes de los minoristas”, declaró el ministro de Economía Bruno Le Maire.

Se trata de un programa que combina el acuerdo con el control de precios. Se le permite a los supermercados establecer sus propias listas de precios congelados por 90 días, aunque se los insta a hacerlo, y como resultado se genera un costo de millones de euros sobre los márgenes del comercio minorista. A cambio, el Gobierno galo promete interceder como negociador frente a proveedores mayoristas, a fin de compensar parte de las pérdidas. 

“Reabriremos las negociaciones comerciales con los grandes industriales para que la rebaja de los precios al por mayor, que estamos viendo en los mercados”, anunció el ministro de Economía.

Lo cierto es que este tipo de programas conforman una suerte de parche temporal más que una solución a mediano y largo plazo. La inflación volvió a aumentar en febrero y alcanzó el 6,2% interanual y es la más alta desde 1985, mientras que en el rubro de los alimentos (el más preocupante para la opinión pública) la inflación superó el 14%. 

Conforme no se corrija el excedente monetario en la economía, la demanda nominal de todos los bienes y servicios seguirá aumentando generalizadamente y los precios deberán ajustarse al alza. El Banco Central Europeo elevó la tasa de interés al 3% anual a partir de febrero, pero reaccionó muy tardíamente a la inflación.