El gobierno de extrema izquierda que gobierna Portugal decretó la expropiación del uso de viviendas que permanezcan más de 100 días sin ocupación. Se instrumentará un programa de control de alquileres, y quedará prohibida la construcción de nuevas viviendas para arrendamiento turístico.

El gobierno comandado por el primer ministro António Costa, un recalcitrante socialista que llegó al poder con una coalición de centroizquierda pero que en los últimos años giró a la extrema izquierda, anunció el lanzamiento de su propia Ley de Alquileres.

Esto marca un verdadero retroceso histórico para el mercado inmobiliario, y un pésimo precedente para la seguridad jurídica en Europa. Por primera vez en 38 años, Portugal volverá a regular intensivamente el mercado de la vivienda y apostará por recetas obsoletas del siglo pasado.

Valiéndose de su mayoría en las cámaras legislativas, el Partido Socialista de Portugal tendría vía libre para la aprobación de los cambios más ambiciosos de su agenda política, la más violenta de las últimas 4 décadas.

La Ley de Alquileres portuguesa

El gobierno de extrema izquierda anunció que habrá una “rápida expropiación de uso” de todas las viviendas del país, ya sean departamentos o casas particulares, que se encuentren sin ocupación por un período igual o superior a los 100 días.

Con estas expropiaciones, el gobierno quiere forzar a los propietarios a dar en alquiler sus viviendas a cualquier precio que encuentren, para evitar perder su propiedad. Quienes finalmente no pongan en alquiler sus casas o departamentos, éstas pasarán a control municipal, que será responsable de gestionar su alquiler a las clases más bajas.

Cabe aclarar que la definición de “propiedad ociosa” es ambigüo, y muchas viviendas que son utilizadas por los portugueses que tienen más de una propiedad (muy común en Portugal tener una casa en una ciudad y otra en la costa) caerán bajo estas expropiaciones si no son puestas en alquiler.

A partir de la sanción de la ley, todos los contratos de alquiler tendrán un período mínimo de duración de 5 años, y los propietarios no podrán desalojar a los inquilinos en situaciones de impago, ya que según esta nueva ley, el Estado asumirá el costo de las mensualidades no percibidas por el propietario.

No conforme con esto, el Estado portugués podrá incluso obligar a los propietarios a reformar las viviendas intervenidas a fin de prepararlas para su arrendamiento forzoso, y se prevé desplegar fondos públicos municipales (con un costo completamente arbitrario e incierto) a estos efectos.

La nueva ley también expanderá los poderes del Estado para dar vía libre a la policía para disponer de desalojos en caso de ser necesario, sea de inquilinos problemáticos o de propietarios que no quieren entregar sus viviendas al Gobierno.

Las medidas palidecen incluso considerando estándares de economías en vías de desarrollo, y amenazan con destruir el mercado de vivienda en el país. Los incentivos para la construcción de nuevas propiedades se desmoronarán peligrosamente, considerando que si la propiedad no puede ser alquilada al precio proyectado será expropiada. Esto condenará al país a un lento y agónico proceso de descapitalización como el que sufrieron otras economías socialistas. 

La nueva legislación que todavía debe ser votada en el Parlamento de Portugal pero que certeramente será aprobado, establecerá un nuevo techo máximo legal para la actualización de los contratos de alquiler, del mismo modo en que ocurre actualmente en países como Argentina, Venezuela y Cuba.

Independientemente de las condiciones de oferta y demanda del mercado, e independientemente de las objeciones tanto de inquilinos como de propietarios, el Estado fijará un tope similar a la evolución pasada del IPC para actualizar los alquileres. El alquiler de viviendas no podrá subir más que el promedio general de la inflación minorista.

El Poder Ejecutivo decretará, además, la prohibición casi absoluta de las nuevas viviendas para el alquiler turístico en todo el país. Solamente habrá una única excepción y es la construcción de alojamientos en zonas rurales, aquellas cuya densidad demográfica sea considerablemente menor a la media nacional. 

La radicalización sin precedentes del Partido Socialista de Portugal, que a pesar de su nombre había sido históricamente un partido de centroizquierda moderada que no había tocado mucho las reformas liberales de Aníbal Cavaco Silva en los 90s, deteriora dramáticamente los derechos de propiedad en Portugal, la estabilidad de las reglas de juego para la inversión productiva y la seguridad jurídica. 

La administración socialista lanzó una inédita ley de viviendas que amenaza dramáticamente a cada uno de los cimientos del mercado inmobiliario. Se aprobaron una serie de medidas que desalientan la oferta y la construcción de nuevas viviendas.

El Gobierno socialista de António Costa logró que el Parlamento de Lisboa apruebe una nueva “Ley de viviendas”, introduciendo fuertes y severas regulaciones sobre el mercado inmobiliario.

El socialismo decretó la anulación del régimen de “visas de oro”. Este sistema permitía que inversores extranjeros no residentes pudieran destinar capital para la construcción y alquiler de viviendas dentro del país, permitiendo ampliar la oferta de Portugal y financiada con ahorro externo, sin necesidad de comprometer otras inversiones haciendo uso del crédito doméstico.

A partir de la reforma, se prohíbe la autorización de residencia para extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea, con lo cual este mecanismo de canalización de inversión extranjera directa quedará completamente bloqueado para el mercado inmobiliario y el sector de la construcción de viviendas privadas. 

Se terminó la prohibición de nuevas licencias para inmuebles turísticos provenientes de la inversión de las visas de oro. Solamente podrán renovarse en caso de que el inversor extranjero en cuestión decida radicarse permanentemente en la vivienda, o si el inmueble es colorado en el mercado de alquiler “de manera permanente”. 

Se trata de una iniciativa muy similar a la que llevó a cabo el ministro Justin Trudeau en Canadá, quién también decretó fuertes restricciones y prohibiciones para la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros no residentes. Pero las medidas de Portugal avanzaron mucho más allá de lo que se implementó en Canadá. 

Con una retórica típicamente socialsita, el ministro Costa anunció un programa de construcción de viviendas estatales, comprometiendo una gasto de hasta 900 millones de euros para inmuebles hasta el año 2026. 

Se anunciaron medidas subsidiarias para el pago de alquileres e hipotecas. Esto resulta en un paquete ampliamente contradictorio entre medidas. Asimismo, el Gobierno avanzará en la eximición del “impuesto sobre las plusvalías de amortización” para hipotecas de viviendas propias, fomentando aún más la demanda de estos instrumentos.

El mercado financiero de crédito será virtualmente intervenido. El Gobierno obligará a las entidades bancarias a ofrecer hipotecas a largo plazo con tasas fijas. Supone un beneficio importante para aquellos que ya lograron suscribir créditos a largo plazo, pero un castigo para aquellos que aún no lo hicieron, ya que los bancos contraerán severamente la oferta de crédito inmobiliario disponible. 

Se penaliza sistemáticamente la oferta de inmuebles para el alquiler o para su venta, pero al mismo tiempo incentiva la demanda por medio de subsidios. El esquema lanzado promete generar un virtual desequilibrio entre oferta y demanda, cuya única corrección posible será vía precios. 

El Partido Socialista logró la mayoría absoluta propia, pero el partido de derecha Chega logró convertirse en tercera fuerza y formará un bloque competitivo con 12 parlamentarios.

El actual primer ministro, el socialista António Costa, salió fortalecido de las elecciones celebradas este domingo en Portugal, luego de haber perdido el apoyo de sus aliados políticos el año pasado y haber tenido que encarar una campaña en solitario.

Las encuestas, usualmente muy precisas en el país ibérico, proyectaban un empate técnico del Partido Socialista (PS) y la coalición de conservadores, liderados por el Partido Social Demócrata (PSD), quien aspiraba a quitarle el gobierno a Costa.

Pero el PS dio el batacazo, y consiguió en las urnas 117 bancas, por lo que por primera vez desde la llegada de Costa al poder, el socialismo tendrá la mayoría absoluta en el Parlamento y no necesitará negociar con partidos de izquierda más chicos.

A pesar de que no había finalizado el período de cuatro años de Costa, quien había sido reelecto en 2019, debió celebrar elecciones anticipadas ante la ruptura el año pasado de la alianza de los socialistas con partidos de izquierda, quienes se negaron a votarle el presupuesto de 2022 y con ello forzaron la convocatoria a las urnas.

El PSD, por su parte, solo consiguió renovar 71 diputados de los 79 que tenía en el Congreso unicameral. El partido de Rui Rio, de centro/centroderecha, se sigue hundiendo mientras no logra demostrar ser una oposición confiable al socialismo.

Quien sí parece haberlo logrado es Chega, el partido de derecha del dirigente André Ventura, quien hizo la mejor elección de la derecha en la historia de Portugal, y con el 7,1% de los votos a nivel nacional logró extender su monobloque al tercer bloque más grande del Parlamento con 12 legisladores.

La derecha se convierte en tercera fuerza en Portugal, un hito histórico que no había ocurrido nunca en los años democráticos del país. Además, se termina con el bipartidismo que existía desde 1975, donde todo el arco político del centro a la derecha se iba con el PSD y del centro a la izquierda con el PS. Hoy, la opción Chega suena con fuerza.

En cuarto lugar también se destaca la elección del partido Iniciativa Liberal (IL), una formación de ideología libertaria encabezada por el empresario João Cotrim de Figueiredo. Éstos obtuvieron el 5% de los votos y lograron ingresar 8 legisladores.

Más abajo quedó el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda, dos agrupaciones de extrema izquierda marxista, quienes obtuvieron 4,4% (6 legisladores) y 4,5% (5 legisladores) respectivamente.

Estas formaciones fueron las que más cayeron en comparación con las últimas elecciones: los comunistas perdieron 6 legisladores y la izquierda feminista perdió 14. El éxodo de votos fue claramente en dirección al PS, que consolidó el voto de la izquierda, que en el pasado estuvo bastante fragmentado.

Quién es André Ventura

La oposición al gobierno estará compuesta principalmente por el PSD, por Chega y por IL. Sin embargo, entre ellos no lograrán ni siquiera llegar a los 100 diputados, por lo que el socialismo manejará como quiera al Parlamento.

Esto le juega a favor al dirigente antisocialista André Ventura, quien brilla más por los actos políticos en la calle, movilizando a miles de personas en contra del gobierno, que por sus intervenciones en el Congreso.

Ventura es comparado extensivamente con Santiago Abascal de España. Así como el madrileño empezó su carrera en el PP y se fue para formar su propia agrupación de derecha, Ventura dio sus primeros pasos en el PSD, cuando se dio cuenta de la complicidad con los socialistas y dio un paso al costado.

Fundó Chega en 2019, y en las elecciones de ese mismo año consiguió un escaño en Lisboa con el 1,3% de los votos, que ocupó él mismo. Su crecimiento fue exponencial, y en menos de 3 años logró multiplicar por siete la cantidad de votos para Chega, además de lograr extender al partido por todo el país y que no sea solo un fenomeno capitalino.

Su principal caballo de batalla es pedir por un fuerte control fronterizo para frenar la inmigración ilegal de países africanos y árabes, pero también aboga por una bajada de impuestos, y por un Parlamento mucho más pequeño con menos legisladores y menos comitivas de asesores.

Además, propone una reforma judicial con penas más duras para los delincuentes y pide por el fin de las ayudas sociales a las clases más humildes, una de las principales políticas del Partido Socialista. Según Ventura, Costa creó un sistema clientelar que extorsiona a los más pobres a que los voten a cambio de dinero, manteniendo la tasa de desocupación alta apropósito para no perder estos “clientes electorales”.