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Europa

La Comisión Europea propuso prohibir la fabricación de autos de combustión interna a partir del 2035

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La propuesta fue presentada este miércoles en Bruselas bajo el nombre “Fit For 55” de la cual demanda que los autos bajen sus emisiones un 55% para 2030, sean nulas para 2035 y salgan de circulación para el 2050. Esto quitará del mercado a los autos a gasolina, diésel e incluso los híbridos en la Unión Europea

Este miércoles, la Comisión Europea elevó como propuesta en el marco del plan “Fit For 55”extinguir los motores de combustión interna para ese año. 

De acuerdo con lo que dijo la Presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, “la era de los combustibles fósiles ha llegado a su fin”, a pesar de que esta modalidad de generación de energía sigue siendo la más barata, eficiente y desarrollada para los automóviles.

El llamado Pacto Verde Europeo (“European Green Deal“) busca disminuir para 2030 las emisiones de dióxido de carbono un 55% respecto a la actualidad, mientras que para 2035, estas deberán ser 0%, es decir, sin emisiones de CO2 que no puedan ser absorbido por la naturaleza.

El 20% de nuestras emisiones sigue procediendo de nuestras carreteras“, explicó la comisaria europea de Transporte, Adina Valean, a la vez que hizo énfasis en que el organismo no planea dejar de impulsar la industria del movimiento.

Esta medida que fue anunciada en Bruselas, claramente afectará de manera abrupta a la industria automotriz, que viene en franco cambio hacia los autos que disminuyan las emisiones, pero ahora se cruza con un endurecimiento mayor al que preveía.

Las principales compañías europeas del sector están negociando una flexibilización de la norma Euro 7, que debe entrar en vigencia en 2027 pero será aprobada en 2025. Esta reglamentación ya ponía en serios problemas a muchas de las compañías de automóviles, particularmente para la fabricación de autos pequeños y medianos, dado a que su alto costo para poder cumplir con la exigencia de la norma que los sacaría del mercado, según han manifestado los referentes de la industria.

El Pacto Verde anunciado, prohibirá la fabricación de todos los vehículos que generen combustión de dióxido de carbono desde 2035, incluyendo motores de gasolina o nafta y diésel, pero además a los híbridos de todo tipo.

Sólo quedarán en circulación desde ese momento, aquellos que fueron fabricados antes de esa fecha, los que deberían salir dejar de funcionar definitivamente para 2050. Para entonces Europa desea anunciar que será el primer continente que ya no emitirá gases de efecto invernadero por su transporte.

El Pacto Verde Europeo: vital para superar efectos del coronavirus -  Planeta Vital | En conexión positiva con nuestro ecosistema

Para poder dar una transición sin impactar en el transporte de la gente, la Unión Europea prevé masivas subvenciones al costo de la energía eléctrica y aumento de los combustibles derivados de hidrocarburos.

Como el plan se encuentra orientado a impulsar el uso de autos eléctricos y el uso del hidrógeno para medios de transporte terrestre pesado, naval y aéreo, el proyecto legislativo fija que a partir de 2035 se disponga de un puesto de recarga de electricidad cada 60 kilómetros en las principales vías y de hidrógeno cada 150 kilómetros.

Pero la Comisión Europea va más allá. Porque además de prohibir la fabricación, busca también que aquellos países que no tengan un fuerte compromiso ambiental, manifiesto y reglamentado contra las emisiones de efecto invernadero, no puedan entrar a la comunidad europea con sus productos. 

Esto dejaría, al día de hoy, afuera de ese mercado de consumidores estimado en 450 millones de habitantes, a los vehículos fabricados en EEUU y a los provenientes del mercado asiático, que no sean eléctricos, lo que ya ha despertado las primeras reacciones. De hecho, la Comisión Europea prevé antes de llegar al punto de la prohibición, arancelar fuertemente la importación de autos de los mercados que no posean la misma política ambiental, de manera de hacer poco rentable el negocio para esos productores.

Holanda

Masivas protestas del Campo en Holanda contra una medida ecologista que deja al 50% de los productores rurales sin trabajo

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Agricultores de los Países Bajos bloquean varias carreteras por la nueva ley de emisión de nitrógeno que pone en riesgo no solo al sector rural si no que podría causar una hambruna en todo el país.

Las protestas de los agricultores holandeses contra el gobierno empezó como una pequeña protesta frente a la casa de la ministra de Medio Ambiente y ahora ha escalado a una masiva movilización que alcanza prácticamente todo el país.

A principio de año, el primer ministro Mark Rutte llegó a un acuerdo con la oposición y se firmó la “Ley del Nitrógeno“, que pone fuertes restricciones a la cantidad de nitrógeno que los agricultores y ganaderos pueden emitir desde sus granjas.

El proyecto busca bajar en un 70% las emisiones de nitrógeno para 2030 y esto implica que por lo menos la mitad de los productores rurales deberán cerrar sus puertas, ya que imponer estos cambios ecologistas hacen que sus negocios dejen de ser rentables.

El grupo de activistas agrícolas Voll Gass empezó hace ya dos semanas con protestas frente a la casa de Christianne van der Wal, quien fue designada en enero como la Ministra de Naturaleza y Nitrógeno, un cargo creado a partir de la “Ley de Nitrógeno” para implementar las medidas que sean necesarias para conseguir el objetivo planteado.

El pasado 10 de junio, Van der Wal presentó por primera vez, después de seis meses de trabajo, el conjunto de medidas para lograr el objetivo. El denominado “Plan Nacional de Área Rural” requiere que las regiones de Gelderse Vallei, Veluwe, Groene Hart, y Peel lleven a cabo brutales reducciones a su producción. 

Por ejemplo, las emisiones de nitrógeno en Gelderse Vallei deben reducirse en un 80% para fin de año. En las regiones de la zona protegida Natura 2000, deben reducirse un 70%. Además, se requiere una reducción del 12% en todo el resto del país.

Los agricultores protestaron esa misma noche con tractores frente a su casa, y Voll Gass convocó a un acampe que ya lleva más de 20 días. Van der Wal y distintos funcionarios del gobierno intentaron hablar con los manifestantes, pero luego de asegurar que no darían marcha atrás con la ley verde, las protestas se intensificaron.

Agractie y FDP, las dos organizaciones rurales más importantes del país, se unieron a la movilización el pasado 22 de junio. En los últimos días de las protestas, los manifestantes arrojaron pilas de estiércol frente a la casa de la ministra, y bloquearon con estiércol la entrada de la casa del ministro de Medio Ambiente, Henk Staghouwer, quien ideó la “Ley de Nitrógeno”.

Los agricultores denuncian que las leyes verdes no solo los dejarán sin trabajo si no que tendrán un impacto sin precedentes en la producción de alimentos para el país. Estiman que el país sufriría una hambruna generalizada pocos meses después de que se empiece a aplicar el plan de Van der Wal.

El 22 y 28 de junio se celebraron las protestas más grandes de la historia del país, en el municipo de Stroe y frente al Parlamento, con tractores, autos y cientos de miles ciudadanos que acompañan a los agricultores.

Los manifestantes han sido atacados por la policía en múltiples ocasiones, pero hasta el momento la protesta se mantiene firme. Una reciente encuesta de la consultora I&O Research, publicó que el 45% de la población apoya las protestas, el 29% se mantiene neutral y el 26% las rechaza.

El pasado lunes, el gobierno anunció multas económicas a los agricultores que sean identificados en las protestas, a lo que los manifestantes han reaccionado con más bloqueos de las principales rutas del país, inclusive la ruta de acceso a Alemania, cortando la comunicación terrestre entre los dos países que son enormes socios comerciales.

El portavoz de las protestas, un productor rural del nombre Bart Kemp, ha lamentado que Holanda se haya declarado en guerra con “la república de los agricultores” y pide en cada manifestación que Van der Wal dé marcha atrás con el plan, pero el gobierno se mantiene decidido a arruinarle la vida a la población.


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Noruega

Noruega: Ataque terrorista islámico en un bar gay deja 2 muertos, 21 heridos y el gobierno cancela la Marcha del Orgullo

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Un refugiado de origen iraní con ciudadanía noruega abrió fuego contra un restaurante, un club de jazz y un bar gay en la calle Rosenkratz, que estaba celebrando el Oslo Pride.

Este sábado, en plenas festividades por el Mes del Orgullo gay, un terrorista de origen iraní entró a un bar gay en Oslo, capital de Noruega, y comenzó a los disparos. El brutal atentado dejó 2 muertos y 21 heridos de bala, diez de ellos de gravedad.

La Policía de Oslo ha informado este sábado que una persona ha sido arrestada cerca del lugar de los hechos, contra quien se han presentado cargos ahora por homicidio, intento de homicidio y acto terrorista, precisó en rueda de prensa el jefe de la investigación, Christian Hatlo.

En una declaración posterior, se definió el ataque como “un acto de terrorismo islamista“, y se confirmó que el detenido “tiene un largo historial de violencias y amenazas“. El sujeto ingresó al país en 2015, como refugiado, y rápidamente obtuvo la ciudadanía noruega.

No solo es un nuevo fracaso de la política de fronteras abiertas, si no que fue un fracaso de inteligencia. La NIS, la agencia de inteligencia noruega, admitió este lunes que lo tiene en su radar “desde 2015 por preocupaciones respecto a su radicalización” y su pertenencia “a una red islamista”, pero que falló en armar un caso para detenerlo.

El terrorista primero atacó un restaurante de comida rápida en la calle Rosenkrantz, en el centro de Oslo, dónde se especula que estaba comiendo. Tras herir a algunas personas allí, se dirigió al club de jazz Herr Nilsen, que estaba decorado con banderas LGBT, y luego de herir un par de personas más, se dirigió al bar gay London Pub, donde desató una verdadera masacre.

El festival Oslo Pride, que estaba patrocinando varios de los bares en la zona donde ocurrió el atentado, ha comunicado las condolencias hacia los familiares y heridos, y aclaró que se cancelan todos los desfiles que quedaban en agenda en los últimos días del Mes del Orgullo Gay, por recomendación del gobierno.

Oslo Pride les pide a todos los que han planeado participar o ver el desfile que no asistan. Todos los eventos relacionados con Oslo Pride están cancelados“, comunicaron.

Pronto estaremos orgullosos y visibles nuevamente, pero hoy celebraremos y compartiremos las celebraciones del Orgullo desde casa“, completa el mensaje escrito por Inger Haugsevje, responsable de Oslo Pride e Alexander Gjestvang, líder de FRI, la Asociación para la Diversidad de Género y Sexualidad de Noruega.

Estas organizaciones son en parte responsable del atentado, ya que, excediéndose de su objetivo que es promocionar la diversidad de género, también se han sumado al lobby para promover políticas de fronteras abiertas, la causa número uno de este brutal ataque contra personas homosexuales.

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Economía

Insólito: El Gobierno de Sánchez prepara un impuestazo a las eléctricas en medio de la histórica suba de la energía

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El presidente español prepara el lanzamiento de un nuevo gravamen para los “beneficios extraordinarios” de las empresas de energía. El impuesto será trasladado a la espalda del consumidor final y sumará otro costo más, en medio de la dramática suba de precios.

El presidente Pedro Sánchez pretende aprobar un nuevo impuesto a los beneficios no distribuidos de las empresas eléctricas en España. La iniciativa cuenta con el amplio respaldo del PSOE, el núcleo del oficialismo, y de la extrema izquierda representada por Podemos.

En un primer momento el impuesto se perfiló como un recargo adicional de 10 puntos porcentuales sobre la alícuota máxima del impuesto a las rentas corporativas no distribuidas, pero finalmente se resolvió aplicar un impuesto independiente con una perspectiva idéntica a la adoptada por Martín Guzmán y Alberto Fernández en Argentina.

La nueva iniciativa de Sánchez quiere gravar la “renta extraordinaria” que supone para las empresas eléctricas esta histórca suba de precios, a pesar de que la suba de precios no está generando rentas extraordinarias, si no que tiene que ver con una escasez de combustbles a lo largo del globo y la alta inflación. Este impuesto entrará en vigor formalmente a partir del primero de enero de 2023.

El Gobierno socialista ya había intentado tomar medidas a estos efectos por medio del impuesto a la generación de energía eléctrica, pero el tributo se trasladó sistemáticamente a los consumidores finales y la iniciativa fue suspendida por el propio Gobierno. En esta misma línea, se dispuso de una rebaja del IVA para la energía del 21% al 15%.

Nuevamente, el Presidente socialista volverá a insistir con el mismo camino, pero esta vez con un impuesto que no se aplica a la producción sino que aplica a las ganancias no distribuidas por dividendos. Sin embargo, se espera que se vuelva a repetir el mismo efecto que producía el tributo anterior y, una vez más, los consumidores deberán hacerse cargo del impuesto.

Del mismo modo que otros países europeos, el Gobierno español aplicará impuestos para financiar un nuevo aumento del gasto público. Entre otras aplicaciones presupuestarias, el socialismo anunció un nuevo bono por 200 euros para asalariados, autónomos y desocupados con ingresos catalogados como bajos. Además, se incrementarán los subsidios al transporte público y se aumentarán un 15% las pensiones por invalidez y jubilaciones no contributivas.

Sánchez prometió que sus medidas tendrán un efecto inmediato sobre la inflación, y aseguró que bajará 3 puntos porcentuales. Pero la verdadera causa de la inflación, el desequilibrio monetario y fiscal en la economía, sigue sin ser atendida por las autoridades.

La presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no fue capaz de responder cómo hará la autoridad monetaria para volver a normalizar la hoja de balance. Lagarde prometió eliminar el exceso de liquidez producida desde 2020, pero no dio ninguna precisión sobre cómo será posible hacerlo.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Sánchez se negó a cualquier ajuste no gradualista del déficit fiscal. El sector público cerró el año 2021 con un fuerte déficit financiero de 6,9% del PBI, mientras que el gasto público consolidado representaba el 50,6% de la economía en el último trimestre del año pasado. 

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