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Europa

La Unión Europea anuncia una "intervención de emergencia" de los mercados eléctricos de sus países miembro

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Precios máximos, más regulaciones y un desacople del precio del gas. Las propuestas socialistas de las autoridades europeas para frenar la escalada inflacionaria.

En un avance sin precedentes a la autonomía de los países miembro de la Unión Europea, la Comisión Europea, comandada por Ursula Von der Leyen, anunció que intervendría por la fuerza los mercados eléctricos de las distintas naciones.

Von der Leyen anticipó que se establecerán precios máximos que todos los países de la Unión Europea deberán cumplir o someterse a peligrosas multas. Además, se prohibirá que cualquier empresa radicada en Europa determine su precio marginal de la electricidad en base al costo de la generación por gas.

Según Bruselas, la escalada de precios de los últimos meses no se debe a la incipiente inflación generada por la emisión sin respaldo del euro, ni a la fallida matriz energética de países como Alemania o España que en su intento por hacer la transición verde se quedaron sin producción rentable.

Por el contrario, se debe, según los burócratas europeos, a una "chantaje energético" por parte de Rusia para que la Unión Europea deje de apoyar a Ucrania con miles de millones de transferencias económicas para sostener la guerra.

Es cierto que Putin ha cerrado el gasoducto Nord Stream 1 y ha frenado la construcción del Nord Stream 2, lo cual deja sin acceso al gas ruso a toda Europa. Es cierto también que la situación de guerra genera incertidumbre y los precios de la energía, como siempre ocurre, son los primeros en subir.

Pero la escalada sin precedentes de precios solo es posible gracias a la convalidación monetaria que se generó con la duplicación de la base monetaria en euros que emitió el Banco Central Europeo desde 2020.

Además, la construcción del Nord Stream y la decisión política de entregarle todo el poder a Rusia provino de la misma Unión Europea, cuando en 2011 Angela Merkel (Alemania), Francois Fillon (Francia) y Mark Rutte (Holanda) firmaron con el entonces delfín político de Putin, Dimitri Medvedev, el acuerdo que hoy le permite a Rusia explotar la dependencia energética a su beneficio.

La Unión Europea celebró cuando le entregó su destino energético a Rusia a cambio de energía barata que permitiera subsidiar los masivos planes de transición verde. Hoy, el Kremlin les pasa factura por tan mala decisión política.

En los últimos meses, los distintos gobiernos de la Unión estuvieron aprobando planes de compra de gas licuado a países árabes, pero su transporte debe hacerse en barco y esto ha encarecido enormemente los precios.

A todo esto se suma el problema de España, que cada vez ve más reducidas sus importaciones de Argelia, luego de que el presidente socialista Pedro Sánchez decidiera romper con décadas de neutralidad y dar su apoyo al Reino de Marruecos en su disputa territorial histórica con los argelinos.

Sin gas ruso ni gas argelino, importando miles de metros cúbicos desde el lejano oriente, con una inflación histórica que las autoridades no quieren reconocer, Europa atraviesa tal vez la peor crisis energética desde la pos guerra, y todo por el afán de un puñado de ecologistas que prefirieron entregarle su soberanía a Rusia antes que seguir explotando los recursos naturales en su propio suelo.

Francia

Una niña de 12 años fue violada por tres árabes menores de edad, quienes la quemaron y llamaron "judía asquerosa"

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La justicia francesa imputó el martes por la noche a dos adolescentes de 13 años por violar en grupo y amenazar de muerte a una menor de orígen judío en París. Este caso se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por el antisemitismo árabe en todo Europa.

El periódico francés Le Parisien informó sobre la investigación de la violación de una niña de 12 años que tiene relación con el antisemitismo. Los sospechosos en este caso también son menores de edad. Según la información proporcionada por el diario, la niña llegó a la comisaría de Courbevoie, un suburbio al noroeste de París, acompañada por sus padres, y presentó una denuncia por violación.

De acuerdo con la información oficial, la niña estaba en una plaza cerca de su casa en compañía de una amiga cuando tres adolescentes de 12, 13 y 14 años, todos inmigrantes árabes, la secuestraron y llevaron a un hangar abandonado.

Allí, los tres agresores la golpearon, la insultaron por ser judía y luego cometieron el delito de violación, para luego intentar quemarla. Los tres jóvenes violadores fueron arrestados y llevados ante un juez de instrucción antes de que se presentaran cargos formales.

Uno de ellos sería un exnovio, de 12 años, quien supuestamente estaba "enojado" con ella por no haberle dicho que era judía. Además, en el teléfono del agresor, los investigadores encontraron imágenes antisemitas, incluida una bandera israelí quemada y banderas palestinas. Otro de los violadores acusó a la niña de haber hecho “comentarios inapropiados sobre Palestina”.

Los menores comparecerán hoy ante un juez de instrucción, enfrentando varios delitos graves incluyendo violación con agravantes, agresión sexual con agravantes, intento de extorsión mediante amenazas, invasión de la privacidad, amenazas de muerte, violencia e insultos, estos dos últimos delitos considerados agravados. A pesar de su corta edad, debido a la seriedad de los cargos, la fiscalía francesa solicitará la detención preventiva de los menores incluso antes del juicio.

En los últimos dos meses, se han registrado una serie de incidentes antisemitas en Europa por parte de inmigrantes árabes. En Suecia se escucharon disparos cerca de la embajada de Israel, en Bélgica un ciudadano israelí fue atacado por partidarios de los palestinos después de retirar una pegatina antisemita, y en Francia, una sinagoga fue incendiada en la región de Normandía.

La líder de derecha, Marine Le Pen, quien obtuvo una contundente victoria en las últimas elecciones europeas, conectó directamente ese incidente con lo que describió como "la estigmatización de los judíos por la extrema izquierda", en un comunicado publicado en su cuenta de redes sociales.

Le Pen enfatizó que "el aumento explosivo de los actos antisemitas, con un incremento del 300% respecto a los primeros tres meses de 2023, debe ser una señal de alerta para todos los franceses: la estigmatización continua de los judíos durante meses por parte de la extrema izquierda, utilizando el conflicto entre israelíes y palestinos, representa una verdadera amenaza para la paz social".

"Todos deben ser conscientes el 30 de junio y el 7 de julio", añadió, refiriéndose a las fechas de las elecciones legislativas donde su partido, la Agrupación Nacional (RN), lidera según las encuestas.

Ella apuntó específicamente hacia La Francia Insumisa (LFI), un partido político de extrema izquierda que defiende la inmigración masiva, que defiende a los palestinos de la Franja de Gaza y que rechazan clasificar a Hamás como un grupo terrorista.

Le Pen está enfocada en presentar esta campaña como un contraste entre su agenda centrada en seguridad y control de la inmigración ilegal, frente al bloque del nuevo Frente Popular de extrema izquierda, dominado por LFI.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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España

Locura socialista: El Gobierno de Pedro Sánchez quiere reducir la jornada laboral, sin reducción de sueldos y sin un acuerdo con las empresas

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Sumar, una coalición de partidos de extrema izquierda que forma parte del gobierno de Pedro Sánchez, llevará al Congreso un proyecto para la reducción de la jornada laboral para "trabajar menos".

El portavoz del partido Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, anunció este martes que presentarán un proyecto de ley para impulsar la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial, algo que harán con o sin el apoyo del sector privado, como el propio presidente Pedro Sánchez había prometido previamente.

"Si no se logra mediante el diálogo social, lo llevaremos al Congreso de los Diputados", dijo en una forma de amenaza hacia los empresarios Errejon, que forma parte de la coalición de gobierno socialista junto con el PSOE y Podemos.

De esta manera, el Gobierno ahora busca reducir la jornada laboral de 40 a 38,5 horas semanales este año y a 37,5 horas en 2025. Esta iniciativa es impulsada por la líder de Sumar, Yolanda Díaz, actual vicepresidente de España y quien además encabeza el Ministerio de Trabajo, posición desde la cual está liderando las negociaciones entre sindicatos y patronal sobre esta medida.

"Estamos hablando de una discusión política que tiene un impacto directo e inmediato en la vida cotidiana de los españoles", resaltó Errejón, un joven dirigente que se acostumbró a cobrar sin trabajar, durante la rueda de prensa en el Congreso. Con datos falsos, afirmó que esta medida cuenta con el respaldo de "más de dos tercios de la ciudadanía española".

Por otro lado, el portavoz del grupo plurinacional celebró que finalmente se vaya a someter a votación esta semana el decreto que incluye la reforma del subsidio por desempleo. Esta medida tiene como objetivo aumentar la cantidad y la cobertura de esta prestación, "beneficiando" a más de 700,000 personas, y perjudicando a millones de trabajadores españoles que deberán financiar estas medidas con su propio bolsillo.

"No solo es una política social absolutamente necesaria para quienes más lo necesitan, sino que también continúa con la fórmula exitosa que está impulsando las tasas de crecimiento económico en España", destacó Íñigo Errejón, quien parece vivir en una realidad paralela, negando el aumento de la pobreza, la indigencia, y de la inflación que estas medidas de izquierda están logrando.

"La gente quiere trabajar menos para vivir mejor, manteniendo los salarios. Esta es la clave de la reforma que vamos a impulsar, asegurando que los salarios se mantengan, al igual que hacemos con el salario mínimo, lo que contribuirá a elevar todos los salarios", destacó Díaz, quien a su vez afirmó que su intención es tener listo el acuerdo "antes del verano".

Para la izquierda, resulta muy fácil ser solidarios con el bolsillo ajeno, además de no darse cuenta de la destrucción económica que estas medidas generarán, sobre todo con las pequeñas y medianas empresas, quienes no cuentan con el capital suficiente para sostener esta demagogia populista, y que probablemente terminen cerrando y echando a sus trabajadores.

En la misma línea, esta mañana el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, expresó su posición a favor y especialmente instó a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a aceptar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Álvarez subrayó que este paso es fundamental para luego negociar las condiciones que harán efectiva la reducción del tiempo de trabajo, incluyendo el aumento de las horas extraordinarias.

Por su parte, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido que solicitará revertir cualquier modificación en la jornada laboral si no se llega a un acuerdo al respecto con las empresas y posteriormente hay un cambio de Gobierno.

"No puedo negarle al Gobierno, en este caso a la ministra, la facultad que pueda tener de cambiar las normas si el Parlamento así lo aprueba. Pero tengo la libertad de decir que no considero eso como diálogo social", señaló Garamendi durante su intervención en el seminario organizado esta semana por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

"Si tienen muy claro qué ley quieren hacer, que la hagan, pero no estaremos de acuerdo. Y cuando haya un cambio de Gobierno, pediremos que se modifique", advirtió el presidente de la patronal, subrayando que "estas decisiones a medio y largo plazo tienen consecuencias".

Durante su intervención, Garamendi ha caracterizado la relación actual con el Ministerio dirigido por Yolanda Díaz como un "monólogo social", criticando que el Gobierno les acuse de no saber dialogar si no aceptan la primera propuesta que se les presenta.

En cuanto a la propuesta de reducción de la jornada laboral que promueve Yolanda Díaz, Garamendi ha afirmado que "nunca se ha discutido en un convenio colectivo sobre la semana laboral, siempre se ha tratado en términos anuales, lo que demuestra que estamos frente a un planteamiento ideológico y no pragmático".

El presidente de la CEOE también ha subrayado que se presta poca atención al comercio minorista cuando se aborda la reforma laboral. "Ya no es solo una cuestión de salario, sino también de la propia organización del trabajo (…). Para estas pequeñas empresas que tienen un promedio de cinco empleados, realmente no creo que esto les vaya a gustar si no está acordado en las mesas de negociación de cada convenio", añadió.

El representante de las empresas españolas enfatizó la necesidad de reducir la ideología para mejorar el funcionamiento de las cosas. Además, hizo un llamado a la "responsabilidad, tranquilidad, prudencia y moderación", así como a la estabilidad política, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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España

Pedro Sánchez se desespera y anuncia un plan para "acabar con la impunidad" de los medios independientes

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El presidente español busca asegurarse el control total sobre los medios de comunicación y la narrativa pública, silenciando a las voces opositoras y poniendo fin a la libertad de prensa.

El presidente español, Pedro Sánchez, ha anunciado que tomará medidas contra lo que él llama "pseudomedios", refiriéndose a los medios de comunicación independientes que aún no se han alineado con sus ambiciones de poder, en lo que podrían ser leyes represivas similares a las de la dictadura venezolana.

Hace unos meses, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó una controvertida normativa llamada "Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares", con el objetivo de imponer su ideología comunista en los medios de comunicación y redes sociales.

En menos de 60 días, Sánchez ha seguido esta línea chavista y ahora está pensando en su propia versión de esta legislación para combatir lo que denomina "bulos y desinformación", argumentando que es para "salvaguardar la convivencia pacífica y la democracia", la típica excusa de un potencial dictador.

La reacción de Sánchez surge tras la publicación de informaciones relacionadas con los casos de corrupción que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Azagra. El presidente considera urgente "acabar con la impunidad" y planea modificar la ley orgánica sobre el derecho al honor y a la rectificación.

Sánchez basa su razonamiento en afirmaciones falsas, como la supuesta victoria electoral cuando en realidad ha perdido todas las elecciones. Según él, su investidura cediendo a los chantajes de partidos proetarras, golpistas, separatistas y comunistas le otorga una especie de representación de la soberanía popular que justifica su autoridad casi tiránica.

Cualquier crítica a sus políticas es tildada de negar su victoria electoral, y quienes defienden la democracia son vistos como parte de la "máquina del fango". En la cúspide de esta "máquina" estarían Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Santiago Abascal, líder de Vox.

El artículo 20 de la Constitución española establece que el ejercicio de los derechos de expresión, difusión de pensamientos e ideas, así como el acceso a información veraz, no puede ser objeto de censura previa. La prensa libre tiene la responsabilidad moral de denunciar públicamente los abusos de poder, incluso cuando estos involucran a figuras tan prominentes como el presidente del Gobierno.

Las informaciones sobre los casos de corrupción que afectan a la esposa y al hermano de Sánchez son verídicas, como lo demuestra su imputación y la investigación judicial en curso. Incluso en ausencia de estas imputaciones, la prensa tiene el deber de señalar conductas moralmente censurables, como el aprovechamiento de la posición de poder para beneficio personal de familiares.

El prefijo "pseudo" que Sánchez utiliza para referirse a los medios de comunicación independientes sugiere falsedad, siendo sus antónimos genuino, auténtico o verdadero. De esta forma, el mandatario español busca descalificar a las voces disidentes, para que no cuenten verdades como las de que Sánchez obtuvo su doctorado con fraude, que fue un ganador ficticio en las elecciones de julio, y que sus promesas electorales carecen de credibilidad.

Intentar suprimir la difusión de abusos de poder es antidemocrático, al igual que negociar con grupos terroristas, otorgar indultos a golpistas o colaborar con auténticos comunistas.

Todas estas acciones han sido posibles debido a que, en realidad, Sánchez muestra una conducta pseudo-democrática, respaldada aún por votantes que podrían considerarse pseudo-inteligentes.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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