El desempleo se desplomó al 7,3% en el mes de agosto, marcando el registro más bajo observado desde diciembre de 2008. La caída es cada vez más fuerte desde el lanzamiento de la reforma laboral, y solamente en agosto se crearon 59.000 puestos de trabajo formales.

La economía italiana sigue mostrando indicios de un sólido mercado laboral, potenciado por las políticas de liberalización regulatoria impulsadas desde el Gobierno de Giorgia Meloni. De hecho, aunque el país todavía no logra recuperar el nivel de actividad previo a la crisis de 2008, el mercado laboral muestra los mejores resultados desde aquel entonces.

Solamente en agosto se crearon un total de 59.000 puestos de trabajo formales, y en lo que va de la administración de la derecha italiana totalizan 523.000. La tasa de ocupación batió un nuevo récord y llegó hasta el 61,5% de la población de referencia en el mes de agosto, el registro más alto de la historia desde el comienzo de las mediciones estadísticas a partir del 2004.

La tasa de desocupación cayó al 7,28% al término de agosto, y es oficialmente la cifra más baja observada desde diciembre de 2008. La creación de puestos de trabajo fue tan importante, que la tasa de desempleo logró bajar incluso en un contexto en donde aumenta la población económicamente activa (que llegó al 66,4% de la población total en agosto de 2023).

La tasa de desempleo juvenil retrocedió al 22%, nuevamente marcando el registro más percudido en 14 años. Italia se acerca cada vez más a los parámetros de la zona Euro, que mantiene una tasa de desocupación en torno al 6,4% respectivamente.

Para poder lograr estos resultados Meloni llevó a cabo una serie de reformas, entre las más importantes la reforma del sistema tributario (desde finales del año pasado) y la reforma laboral, decretada a partir de mayo de 2023.

Tras la aprobación de la reforma laboral de Meloni, se profundizaron los recortes impositivos que habían sido anunciados hace un año: un recorte de la carga fiscal del 7% para ingresos de hasta 25.000 euros anuales, y del 6% para ingresos de entre 25.000 y 35.000. Esto permitió incentivar el crecimiento de la oferta laboral (la población activa) para favorecer el crecimiento.

Por otra parte, la reforma laboral avanzó fuertemente con la flexibilización de la legislación italiana. Se ampliaron las posibilidades legales para prorrogar todos los contratos de índole temporal hasta un año adicional de lo que regía anteriormente, y se establecieron incentivos fiscales para la contratación de personas menores de 30 años.

También se anunció una alícuota diferencial y reducida del 15%, que será percibida por un cierto tiempo, para las empresas que declaren una ampliación de su planta permanente de personal.

El tercer pilar de la reforma es la eliminación progresiva del programa “Renta Ciudadana” para todas las personas que están en condiciones de trabajar. La medida apunta, otra vez, a dinamizar la oferta laboral de Italia y reducir el gasto público elefantiásico. Este programa será finalmente liquidado a partir de 2024, y pasará a sustituirse por el “Cheque de Inclusión” con un carácter mucho más selectivo.

El balance financiero del Gobierno general registró un rojo equivalente al 3,4% del PBI en el segundo trimestre del año, sobrepasando los criterios de convergencia de Maastricht. Se trata del cuarto aumento trimestral consecutivo del déficit, principalmente impulsado por el paquete de subsidios energéticos.

El Gobierno “semáforo” de Alemania, presidido por el Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz, rompió con la tradicional disciplina fiscal que caracterizó al país en las últimas dos décadas cuando la excanciller Ángela Merkel estaba a la cabeza del poder ejecutivo.

El resultado financiero del Gobierno general marcó un déficit equivalente al 3,36% del PBI en el segundo trimestre del año, según las más recientes publicaciones de la Oficina Federal de Estadística de Alemania.

No solamente es el cuarto aumento trimestral consecutivo del déficit, sino que además constituye una ruptura con los criterios de convergencia de Maastricht, los cuales establecen un tope de 3 puntos del PBI para el déficit financiero en “circunstancias normales”, excluyendo la emergencia por la pandemia y la crisis internacional de 2008.

El stock de deuda pública también rompe con las normativas de Maastricht, ya que aún permanece cómodamente por encima del límite fijado en 60 puntos del PBI (alcanzó el 65% del producto en el primer trimestre del año).

Tras haberse recuperado del impacto en 2020, Alemania se había comprometido a volver a converger hacia el equilibrio fiscal primario y financiero, pero nada de esto ocurrió. El Gobierno de Scholz optó por desplegar un masivo paquete de “estímulo” fiscal orientado al subsidio de las tarifas energéticas, en respuesta al shock de precios relativos que provocó el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Las medidas no fueron compensadas por una mayor recaudación o por recortes alternativos en otras áreas del presupuesto, sino más bien todo lo contrario. Por otra parte, el Gobierno se negó a replantear su política energética como una herramienta para combatir el encarecimiento de los precios de la energía, y avanzó dogmáticamente hacia el cierre de todas las centrales nucleares del país, elevando los costos para los ciudadanos en miles de millones de euros al año.

El FMI sugiere que el déficit alemán seguirá aumentando y finalizará el año 2023 en torno al 3,7% del PBI, mientras que el resultado fiscal primario (sin intereses de deuda) marcará un rojo de por lo menos 3 puntos del PBI.

El programa fiscal preparado por el Ministro de Finanzas Christian Lindner entrará en vigencia a partir del año fiscal 2024, esta vez sí incluyendo un amplio paquete de recortes presupuestarios. Pero en lo que resta del 2023 las finanzas públicas de Alemania seguirán deteriorándose por iniciativa del sector socialdemócrata e izquierdista de la coalición.

La actividad acumula 5 trimestres de estancamiento secular, de los cuáles los últimos tres denotaron el inicio de una recesión técnica. Todo esto incrementará la presión para las finanzas públicas desde el punto de vista de la pérdida de ingresos por parte del fisco. 

Un vuelo MT522, operado por la aerolínea libia Medsky Airways, partió del Aeropuerto Internacional de Mitiga en Trípoli hacia el Aeropuerto Leonardo da Vinci-Fiumicino de Roma. Un vuelo de regreso estaba programado para aterrizar en Trípoli el sábado por la tarde.

Italia y Libia, país devastado por la guerra, reanudaron el sábado los vuelos comerciales por primera vez en una década, confirmaron las autoridades de la capital libia. Habrá un vuelo de ida y vuelta entre las capitales libia e italiana los sábados y miércoles, según el anuncio del aeropuerto de Mitiga.

El vuelo MT522, operado por la aerolínea libia Medsky Airways, partió del Aeropuerto Internacional de Mitiga en Trípoli hacia el Aeropuerto Leonardo da Vinci-Fiumicino de Roma. Un vuelo de regreso estaba programado para aterrizar en Trípoli el sábado por la tarde, según el Aeropuerto Internacional de Mitiga.

El gobierno del primer ministro Abdul-Hamid Dbeibah en Trípoli elogió la reanudación de los vuelos, teniendo en cuenta que Italia y otras naciones occidentales prohibieron los vuelos desde el país norafricano en un contexto en el que Libia se sumió en levantamientos populares en el marco de la Primavera Árabe en 2011, lo cual dio pie a una intervención militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que acabó con la vida del dictador Muammar Gadafi.

En este tiempo, Libia sólo ha tenido vuelos directos a destinos limitados, incluidas ciudades en Egipto, Túnez y Jordania.

Todo terminaría en una guerra civil entre el Este y el Oeste del país que, en uno u otro sentido, continúa hoy en día. Cada bando está respaldado por milicias armadas y gobiernos extranjeros. Desde entonces, Libia está dividida entre dos gobiernos rivales.

Uno de ellos tiene su sede en el este del país y está respaldado por Khalifa Haftar. En el oeste, el gobierno liderado por el empresario Abdel Hamid Dbeibah se estableció en 2021 bajo un acuerdo mediado por las Naciones Unidas (ONU).

Esta última administración debió celebrar elecciones presidenciales y legislativas, supuestamente para reunir a todas las instituciones libias, que han estado divididas desde la caída de Gadafi en octubre de 2011. Aunque planeadas para diciembre de 2021 y enero de 2022, las elecciones se retrasaron indefinidamente debido a los desacuerdos entre las facciones occidental y oriental.

En este contexto, en marzo de 2022, el parlamento con sede en el este de Libia nombró a un nuevo gobierno y un nuevo primer ministro, Fathi Bashagha, quien posteriormente fue suspendido de su cargo en mayo de 2023. Así las cosas, el país sigue estancado.

Se supone que una nueva iniciativa de la ONU permitirá la celebración de elecciones simultáneas antes de finales de 2023. Sin embargo, Jalel Harchaoui, investigador de RUSI, un think tank británico especializado en defensa y seguridad, advierte que las elecciones podrían retrasarse por la tragedia en Derna, al este del país.

El paso de la Tormenta Daniel, la cual generó una serie de inundaciones en el este de Libia, ha hecho aún más compleja la vida diaria de los civiles libios y ha provocado grandes cuestionamientos sobre la infraestructura del país devastado por la guerra.

Las represas en Derna, en el este de Libia, no se han mantenido durante más de dos décadas, ha afirmado Ahmed Madroud, vicealcalde de la ciudad; quien también agregó que la destrucción de la tormenta Daniel en Derna será difícil de reparar.

La tormenta Daniel “es ilustrativa del tipo de inundación devastadora que podemos esperar cada vez más en el futuro” a medida que el mundo se calienta, dijo Lizzie Kendon, profesora de ciencias del clima en la Universidad de Bristol.

El servicio de monitoreo climático de la Unión Europea, Copernicus, aseguró que el aumento de las temperaturas globales de la superficie del mar estaba impulsando niveles récord de calor en todo el mundo.