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Europa

Parlamento Europeo aprueba clasificar la energía nuclear y el gas como "energía verde", en un intento desesperado por justificar su uso

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En un baño de realidad para los ecologistas, a la Unión Europea no le quedó otra opción que considerar como "verdes" a las plantas nucleares y de gas para terminar con la crisis energética.

El Parlamento Europeo votó este miércoles a favor de una propuesta para clasificar las plantas de energía nuclear y de gas natural como "inversiones verdes que protegen el medio ambiente".

La propuesta provino de la Comisión Europea en diciembre y tiene como objetivo promover su uso en el continente, ya que las energías que no están clasificadas como verdes tienen mayores cargas impositivas y menos inversión de capital.

La guerra entre Rusia y Ucrania expuso los graves problemas con las energías verdes convencionales, y ahora muchos países de Europa están sufriendo haber dependido por tanto tiempo del gaso importado de Moscú.

A lo largo de los últimos 20 años, la gran mayoría de los países europeos movió su producción nacional de energía del gas a otros combustibles más ecologistas, pero la tecnología de las energías verdes nunca estuvo a la altura de la demanda de la población, por lo que países como Alemania, España o Italia nunca dejaron de utilizar gas, solo movieron su matriz a utilizar hidrocarburos importados.

Esto generó buenos números en términos de cuidado de medio ambiente para los países europeos, pero la contaminación seguía ocurriendo, solo que en otros países.

Esta hipocresía no terminó ahí, ya que también generó una dependencia energética de estos países con Rusia (el principal exportador de gas a Europa) mientras lo sancionaban primero en 2014 por la anexión de Crimea y ahora por la invasión a Ucrania.

Una moción para bloquear la propuesta recibió 278 votos a favor y 328 en contra, mientras que 33 legisladores se abstuvieron, por lo que fue aprobada en el Parlamento. A menos que 20 de los 27 estados miembros de la UE se opongan a la propuesta, se convertirá en ley.

La ley introducirá a la lista de actividades económicas que los inversores pueden etiquetar y comercializar como verdes a la energía nuclear y al gas, lo cual implicará menos impuestos y más incentivos a la inversión. Además, ahora estas energías podrán recibir fondos públicos.

La propuesta fue promovida principalmente por Francia, que nunca cayó en la hipocresía previamente mencionada y siempre respaldó firmemente la etiqueta verde para el gas natural y la energía nuclear. Casi el 70% de su producción interna de energía es en plantas nucleares. Mientras tanto, Alemania, que ha estado eliminando gradualmente sus plantas de energía nuclear, se había opuesto al plan

Austria y Luxemburgo incluso han amenazado con demandar a la UE si el plan se convierte en ley. Mientras que algunos grupos ecologistas y legisladores europeos también han criticado el plan de "lavado verde" de los combustibles fósiles y la energía nuclear. 

La propuesta terminó contando con el respaldo de la mayoría del Partido Popular Europeo, el mayor grupo de legisladores del Parlamento Europeo, liderado por el Partido Popular español, la Democracia Cristiana (Merkel) de Alemania, Los Republicanos de Francia y Forza (Berlusconi) de Italia.

Los legisladores del grupo centrista Renovar Europa, liderado por Emmanuel Macron y Ciudadanos de España, estuvieron en gran medida a favor de la propuesta, junto con los partidos de derecha Identidad Europa y Conservadores & Reformistas, mientras que los Verdes y los socialdemócratas se opusieron en su mayoría.

Finlandia

Finlandia aprobó una ley para deportar a miles de inmigrantes ilegales africanos enviados por Rusia, utilizados como "arma de guerra"

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El año pasado, Finlandia cerró todos los pasos terrestres con Rusia, acusando a Moscú de intentar utilizar la migración como un arma. Las autoridades finlandesas han afirmado que Rusia está fomentando y facilitando un flujo de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera.

El pasado viernes, en su aumento de tensiones con Rusia, Finlandia aprobó un proyecto de ley que permitirá a los agentes fronterizos rechazar a los inmigrantes ilegales que soliciten asilo en las fronteras.

Las relaciones entre Finlandia y Rusia, que comparten una frontera de 1.340 kilómetros, se han deteriorado drásticamente desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú. A finales del año pasado, Finlandia cerró todos los pasos terrestres con su vecino, acusando a Rusia de intentar usar la migración como un arma. Las autoridades rusas han calificado estas acusaciones de "infundadas".

El Parlamento votó 167 a favor y 31 en contra para aprobar el proyecto de ley, que estará en vigor durante un año. Como se trata de una enmienda constitucional acelerada, se necesitó una mayoría cualificada mayor a la habitual para su aprobación.

La nueva legislación otorga a las autoridades el poder de rechazar la aceptación de solicitudes de asilo en la frontera por un máximo de un mes y de expulsar a los inmigrantes que ya hayan ingresado al país con la intención de solicitar asilo. La práctica de obligar a los ilegales a cruzar de vuelta la frontera, conocida como “devoluciones forzadas”, es "ilegal" según el derecho europeo e internacional.

"Espero que esta ley nunca tenga que aplicarse, pero estamos preparados", afirmó el primer ministro Petteri Orpo tras la votación. "Esto envía un mensaje claro a Rusia y a nuestros aliados: Finlandia se preocupa por su seguridad nacional y por la seguridad de las fronteras de la Unión Europea".

Preocupados por las "responsabilidades" de Finlandia en materia de derechos humanos, los legisladores de izquierda de dicho país negociaron intensamente el lenguaje de la ley, incluyendo los "medios para que los solicitantes de asilo pudieran apelar", con el objetivo de que los inmigrantes ilegales puedan ingresar al país.

El proyecto de ley cuenta con un amplio respaldo del pueblo de Finlandia. Según una encuesta encargada por un importante periódico finlandés a finales de junio, alrededor del 65 por ciento de los finlandeses apoyaba la ley, mientras que solo el 19 por ciento se manifestó en contra.

Finlandia y Rusia tienen un pasado complicado y han librado varias guerras a lo largo de la historia. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Finlandia rompió con décadas de no alineamiento militar para unirse a la OTAN el año pasado, una medida que Moscú advirtió sería respondida con “contramedidas”.

Desde entonces, las autoridades finlandesas han afirmado que Moscú está fomentando y facilitando un flujo de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera, con la intención de avivar la polarización dentro del país. Más de 1.300 indocumentados han cruzado la frontera ruso-finlandesa en busca de asilo desde el verano pasado, según las autoridades fronterizas, en su mayoría provenientes de Oriente Medio y África. Sin embargo, Rusia ha negado que esté trasladando deliberadamente migrantes a la frontera con Finlandia.

Los cierres de fronteras implementados por Finlandia han sido efectivos: desde diciembre, solo unos 35 inmigrantes han cruzado ilegalmente al país desde Rusia, según la emisora finlandesa Yle.

Pero las autoridades finlandesas afirman que los inmigrantes están esperando en las ciudades fronterizas y que intentarán cruzar si se vuelven a abrir los puestos de control fronterizos.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, acusó a Rusia de intentar “destruir la unidad en Finlandia”, según los medios de comunicación locales, y defendió la legislación aprobada el viernes como necesaria para combatir futuras amenazas a la seguridad nacional.

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España

VOX rompe todos sus gobiernos de coalición con el PP en el interior de España luego de que aceptara el ingreso de inmigrantes ilegales

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Abascal confirmó la ruptura de Vox en los cinco gobiernos autonómicos que mantiene con el PP: “Si Feijóo quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá el. Nosotros no vamos a hacerlo”.

El partido de derecha de España, VOX, ha establecido su línea roja con el centroderechista Partido Popular (PP) y ha decidido romper las coaliciones en los cinco gobiernos autonómicos que compartían: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Extremadura.

Los funcionarios que responden a Santiago Abascal, lider de VOX, tomaron esta decisión después de que el líder del PP Nacional, Alberto Núñez Feijóo, aceptara una propuesta de Pedro Sánchez de repartir cerca de 400 inmigrantes ilegales entre las comunidades autónomas.

La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo Nacional de VOX, para romper "inmediatamente" las coaliciones autonómicas con el PP y retirar el apoyo parlamentario a los populares en las cinco comunidades autónomas donde gobernaban juntos. La reunión tuvo lugar a las 18:30 horas en la sede nacional de VOX en Madrid.

De esta forma, VOX se retira de estos gobiernos con la renuncia de los 5 vicegobernadores y la dimisión de decenas de ministros que estaban cumpliendo funciones en esas regiones. "Anunciarán su dimisión y VOX pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España", declaró Abascal ante los medios.

La razón de la ruptura fue la decisión de las comunidades autónomas de acoger a 400 inmigrantes ilegales que estaban en Canarias y Ceuta debido al colapso de recursos para atenderlos. El PP acordó con el PSOE la "distribución por comunidades" en una reunión celebrada el miércoles en Tenerife.

"Es imposible pactar con quien no quiere hacerlo", argumentó Abascal, acusando a Feijóo de intentar "imponer políticas de fronteras abiertas" y advirtiendo que "nadie ha votado" a VOX ni al PP para mantener la "invasión" de inmigrantes ilegales en España.

Tras el anuncio, la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, manifestó que el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, anunciará este viernes "la nueva reestructuración del Gobierno de Aragón", redistribuyendo las competencias. Además, la también vicepresidente segunda aseguró que el PP "seguirá gobernando" y resaltó que pronto harán "un balance de estos meses de gobierno con proyectos y logros positivos".

Por otro lado, el presidente popular de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, calificó la decisión de VOX como "injustificada e incomprensible", y se justificó diciendo que su comunidad autónoma ha cumplido con el pacto con los de Abascal y ha garantizado "estabilidad".

Mañueco formó gobierno con el derechista Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta, hace dos años y medio. "Es una decisión injustificada e incomprensible, enmarcada en la estrategia nacional de VOX, que ha antepuesto sus intereses electorales a los de los castellanos y leoneses", afirma erróneamente el Ejecutivo en un comunicado que confirma la comparecencia de Fernández Mañueco este viernes.

Tras el anuncio de la ruptura entre la formación de centroderecha y la derecha, el diputado de VOX, Javier Ortega Smith, defendió que su partido está "unido". "Somos un partido unido y cada vez más fuerte", afirmó al salir de la reunión de urgencia.

Según la propuesta del Ejecutivo, las autonomías en las que PP y VOX gobernaban en coalición acogerían un total de 110 migrantes ilegales: Aragón, 20; Castilla y León, 21; Comunidad Valenciana, 23; Extremadura, 30; y Murcia, 30. Baleares, donde los populares gobiernan en minoría gracias al apoyo externo de VOX por un acuerdo de investidura sin formar parte del gobierno, acogería 10.

El jueves por la mañana, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, lamentó la "deriva" de VOX y acusó al partido de "buscar excusas" para "romper" sus pactos con el PP en las comunidades autónomas. De esa manera, niega los errores de su partido y le echa la culpa a VOX, el único partido que cumplió con las promesas electorales.


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España

Contra las cuerdas: El juez le avisa a la esposa de Pedro Sánchez que será detenida si no acude a declarar

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La declaración del empresario relacionado con Begoña Gómez se llevará a cabo el próximo 15 de julio mediante videoconferencia desde el hospital donde actualmente se encuentra internado.

La siguiente comparecencia clave en el caso Begoña Gómez será la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés, cuya relación con la esposa del presidente del Gobierno está siendo investigada por el juez.

El magistrado Juan Carlos Peinado advirtió a Gómez que deberá asistir presencialmente a esa citación, que se realizará por videoconferencia desde el hospital donde se encuentra ingresado el testigo. Si no asiste, se podría dictar una orden de detención contra ella.

La declaración de Barrabés está programada para el próximo 15 de julio. El empresario testificará desde el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde permanece internado por motivos de salud. Tanto el juez como las partes implicadas seguirán la vista desde las instalaciones del Juzgado de Instrucción número 41, en los juzgados de Plaza de Castilla.

La testifical de Barrabés se incorporará al caso como prueba preconstituida, lo que requiere la presencia de la persona investigada, en este caso, la esposa del presidente español, Begoña Gómez.

Por esta razón, según confirman fuentes jurídicas, el juez Juan Carlos Peinado dictó una resolución en la que avisa a la esposa de Pedro Sánchez que tiene el “deber de comparecer” junto a su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. En el documento, se menciona que “de no hacerlo, ni alegar causa justa que se lo impida, podrá convertirse esta citación en orden de detención”. El documento fue redactado antes de la comparecencia de Begoña Gómez en el juzgado el pasado viernes y aparece firmado por la investigada.

En caso de que, tal como está previsto, Gómez acuda a Plaza de Castilla el próximo lunes, tendrá que presentarse en el juzgado hasta tres veces en un lapso de apenas 15 días. La primera vez fue el pasado viernes, cuando su declaración como investigada fue suspendida y aplazada al próximo 19 de julio. El juez instructor tomó esta decisión debido a que la investigada no había sido notificada de una segunda querella incorporada al procedimiento, presentada por la asociación Hazte Oír.

A preguntas de los periodistas, el abogado Antonio Camacho aseguró que Begoña Gómez acudió al juzgado “dispuesta a declarar si el juez aclaraba cuáles eran los hechos objeto de investigación”. También explicó que el magistrado les informó sobre la existencia de una segunda querella que no había sido notificada a la defensa. “Por lo tanto, hemos solicitado que no declarara”, lo que, según el letrado, era “la mejor decisión no solo para el derecho de defensa de la investigada, sino para la defensa del Estado de Derecho y una sociedad avanzada democráticamente”.

En uno de sus autos, el juez instructor aclaró ante el recurso de la defensa de Gómez que la investiga por “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España, contenidos en la denuncia inicial de Manos Limpias, con exclusión de los hechos relativos a los contratos adjudicados a la UTE de Juan Carlos Barrabés por Red.es, que están en manos de la Fiscalía Europea”.

Ante una gran concentración de personas que protestaban contra Pedro Sánchez y su esposa, el presidente español ordenó a la Policía Nacional desplegar un fuerte "dispositivo de seguridad" con una veintena de furgones de las Unidades de Intervención Policial (UIP), cuyos agentes, junto con los de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), controlaron el entorno de la sede judicial. Este despliegue obligó a cortar parcialmente el tráfico y el tránsito de ciudadanos.

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