La administración republicana presentó una demanda contra el estado demócrata por exigir a agentes federales a exponerse frente a peligrosos criminales.
Otra ley firmada por Newsom exige que todos los agentes lleven una identificación clara y visible que muestre la agencia correspondiente y su número de placa mientras están de servicio.
Además, obliga a las agencias federales a implementar una política oficial de uso de máscaras antes del 1 de julio de 2026, y una política de identificación visible antes del 1 de enero de ese mismo año.
Para la administración Trump, estas medidas cruzan una línea peligrosa. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó las leyes como ''anti-fuerzas del orden'' y acusó a California de discriminar a los agentes federales al imponer requisitos que, según el Departamento de Justicia, están diseñados para aumentar su vulnerabilidad.
La demanda del Departamento de Justicia documenta varios incidentes de hostigamiento contra agentes de inmigración. Entre ellos, cita un caso en Los Ángeles donde tres mujeres habían transmitido en vivo mientras seguían a un agente de ICE hasta su residencia y posteriormente publicaron la dirección en Instagram, poniendo en riesgo a su familia.
Ante situaciones como esa, el gobierno federal argumenta que permitir a los agentes usar máscaras es una medida de seguridad indispensable para proteger su identidad y evitar represalias.
El gobierno socialista de California, por su parte, ha defendido las nefastas leyes como necesarias para ''garantizar transparencia y responsabilidad'' en el uso de la fuerza. El gobernador Newsom calificó como ''distópica'' la imagen de agentes federales enmascarados haciendo arrestos en el estado, argumentando que la práctica genera temor y erosiona la confianza pública.
Múltiples casos de amenazas y agresiones se han registrado contra agentes del servicio migratorio en el estado demócrata
Sin embargo, la administración Trump sostiene que la prioridad debe ser la seguridad de los agentes, especialmente en un clima en el que se han multiplicado las amenazas y agresiones dirigidas a funcionarios federales y sus familias.
El gobierno argumenta que las leyes de California interfieren con la autoridad federal en materia de seguridad, obstaculizan las operaciones de inmigración y crean condiciones operativas más peligrosas.
La administración del presidente Donald Trumppresentó este lunes una demanda contra el estado de California en respuesta a dos lunáticas leyes recientemente aprobadas que restringen el uso de máscaras por parte de agentes federales y exigen que estos porten identificación visible mientras realizan operaciones en el estado.
El gobierno federal sostiene que las nuevas normativas ponen en riesgo directo la seguridad de los agentes, especialmente aquellos dedicados a tareas de inmigración que, según el Departamento de Justicia, enfrentan niveles ''sin precedentes'' de acoso, doxing y violencia.
Las leyes fueron firmadas en septiembre por el gobernador demócrata Gavin Newsom, convirtiendo a California en la primera entidad del país en prohibir que la mayoría de agentes policiales, incluidos los federales, cubran sus rostros durante operaciones oficiales.
La normativa veta el uso de pasamontañas, bufandas tipo ''neck gaiter'', máscaras de esquí u otras prendas que impidan identificar el rostro de los oficiales, aunque contempla excepciones para agentes encubiertos, equipos de protección como respiradores N95 y ciertos equipos tácticos. La ley no se aplica a la policía estatal, pero sí a agentes federales como los de ICE y CBP que operan en la entidad.
El comunista Newsom aprobó leyes que prohíben a los agentes federales protegerse los rostros en operativos
''Estas leyes no pueden mantenerse'', afirmó Bondi, reiterando que el gobierno federal no cumplirá con las disposiciones estatales que ponen en riesgo directo a los funcionarios.
La fiscal general de los Estados Unidos aclaró que las fuerzas federales no acatarán las leyes socialistas de California
