La administración del presidente Donald Trump presentó este lunes una demanda contra el estado de California en respuesta a dos lunáticas leyes recientemente aprobadas que restringen el uso de máscaras por parte de agentes federales y exigen que estos porten identificación visible mientras realizan operaciones en el estado.
El gobierno federal sostiene que las nuevas normativas ponen en riesgo directo la seguridad de los agentes, especialmente aquellos dedicados a tareas de inmigración que, según el Departamento de Justicia, enfrentan niveles ''sin precedentes'' de acoso, doxing y violencia.
Las leyes fueron firmadas en septiembre por el gobernador demócrata Gavin Newsom, convirtiendo a California en la primera entidad del país en prohibir que la mayoría de agentes policiales, incluidos los federales, cubran sus rostros durante operaciones oficiales.
La normativa veta el uso de pasamontañas, bufandas tipo ''neck gaiter'', máscaras de esquí u otras prendas que impidan identificar el rostro de los oficiales, aunque contempla excepciones para agentes encubiertos, equipos de protección como respiradores N95 y ciertos equipos tácticos. La ley no se aplica a la policía estatal, pero sí a agentes federales como los de ICE y CBP que operan en la entidad.
Otra ley firmada por Newsom exige que todos los agentes lleven una identificación clara y visible que muestre la agencia correspondiente y su número de placa mientras están de servicio.
Además, obliga a las agencias federales a implementar una política oficial de uso de máscaras antes del 1 de julio de 2026, y una política de identificación visible antes del 1 de enero de ese mismo año.
Para la administración Trump, estas medidas cruzan una línea peligrosa. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó las leyes como ''anti-fuerzas del orden'' y acusó a California de discriminar a los agentes federales al imponer requisitos que, según el Departamento de Justicia, están diseñados para aumentar su vulnerabilidad.
