El Departamento de Justicia citó alrededor de 20 médicos que proveían cirugías de cambio de género a niños menores de edad.
Compartir:
El Departamento de Justicia de Trump anunció esta semana que emitió más de 20 citaciones judiciales a médicos y clínicas que brindan atención médica relacionada con la transición de género a menores de edad.
El anuncio, realizado el miércoles pasado, no especifica quiénes fueron los destinatarios, pero representa la mayor ofensiva gubernamental registrada hasta el momento para restringir el acceso a tratamientos de cambio de género en los menores de edad.
La jefa de fiscales del gobierno, Pam Bondi, afirmó en un comunicado que ''los profesionales médicos y organizaciones que mutilaron a niños en nombre de una ideología perversa rendirán cuentas''.
Según el gobierno, las investigaciones abiertas incluyen posibles delitos de fraude en el cuidado de la salud, declaraciones falsas y demás cargos penales.
El Departamento de Justicia emitió citaciones judiciales a más de 20 médicos y clínicas que promueven estas prácticas
La derecha combate la degeneración demócrata
Aparte de las citaciones a proveedores médicos, el Departamento de Justicia confirmó que también ha citado a declarar a los grandes laboratorios que comercializan los medicamentos que se utilizan en los tratamientos de transición.
Estas acciones se producen tres meses después de que Bondi advirtiera públicamente que cualquiercaso sospechoso de ''mutilación genital'' practicada a menores sería investigado.
Aunque hasta ahora no se han presentado cargos formales, en junio el FBIsolicitó al público que reporten a hospitales o médicos que realicen cirugías de cambio de género a niños.
Ese mismo mes, los jueces que componen la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos avaló la constitucionalidad de la ley de Tennessee que prohíbe el uso de bloqueadores de pubertad y terapias hormonales.
Gracias a este fallo, más de la mitad de los estados del país que venían aprobando leyes similares desde el 2023 -algunas incluso tipificando como delito grave la provisión de estos servicios-, podrán expandir su política contra la agenda de género.
El Jefe de Gabinete del Departamento de Justicia afirmó que también se citó a grandes productores de medicamentos
El gobierno busca cortar con el financiamiento federal a la ideología de género
En paralelo, la Administración de Centros de Medicare y Medicaid (CMS) envió cartas a nueve hospitales en mayo solicitando información sobre intervenciones médicas para menores con ''disforia de género''.
Dichas cartas se basaron en un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el cual promueve la psicoterapia en lugar de intervenciones médicas para tratar la disforia en menores.
Este informe fue solicitado por una orden ejecutiva firmada por Trump en enero, la cual busca eliminar todo apoyo federal a la atención médica de transición para menores de hasta 19 años. Aunque dos tribunales federales bloquearon partes de la orden, esta sigue vigente.
La administración Trump ha puesto el foco en terminar con las prácticas barbáricas de cambio de sexo en menores de edad
Trump también le ha pedido al Congreso que prohíba permanentemente las cirugías de cambio de sexo en menores. Para ello, ha respaldado un proyecto de ley presentado por la diputada Marjorie Taylor Greene que criminalizaría estos tratamientos.
Desde que volvió a la Casa Blanca, Trump ha implementado políticas que recuperan el sentido común perdido durante la era Biden: reinstauró la prohibición a personas transexuales en el servicio militar, bloqueó la participación de estos atletas en deportes femeninos y estableció que los pasaportes solo muestren el género de nacimiento de los ciudadanos.
El decreto "Defendiendo a la mujer del extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica en el Gobierno Federal", firmado por Trump en enero, solo reconoce dos sexos inmutables: masculino y femenino, además de prohibir el uso de fondos públicos que promuevan algo contrario a esta verdad absoluta.
Trump respaldó un proyecto de la representante Greene que criminaliza estos tratamientos
