Uno de los pilares de la demanda es la prohibición a las agencias federales de acceder a datos del DMV
La demanda se presenta tras una acción similar contra el estado de Illinois y la ciudad de Chicago, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos también solicitó que se anularan políticas de santuario.
La gobernadora Hochul respondió a la demanda calificándola de "sin valor" y motivada por la "publicidad". En una extensa declaración, Hochul defendió las leyes de Nueva York, señalando erróneamente que las políticas estatales permiten a las autoridades federales acceder a las bases de datos del DMV con una orden judicial.
Además, defendió el enfoque inclusivo de su estado hacia los inmigrantes, recordando que su familia también emigró en busca del sueño americano y que Nueva York acoge a los inmigrantes que cumplen con la ley.
Hochul defendió el estatus de ''estado santuario'' de Nueva York
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también respondió, destacando que las leyes estatales, incluida la Ley de Luz Verde, protegen los derechos de todos los neoyorquinos y mantienen a las comunidades ''seguras''. Aseguró estar lista para defender estas leyes, como lo había hecho en ocasiones anteriores.
Durante la conferencia de prensa, Bondi estuvo acompañada por Tammy Nobles, una madre cuya hija de 20 años, Kayla Hamilton, fue asesinada y violada por un inmigrante indocumentado miembro de la pandilla MS-13 en 2022.
Nobles compartió su dolorosa historia, culpando a la falta de control sobre los antecedentes del sospechoso por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante la administración Biden.
El asesino, Walter Martínez, un miembro de MS-13 originario de El Salvador, había ingresado al país como menor no acompañado en 2022, fue detenido por la Patrulla Fronteriza y luego enviado a vivir con un patrocinador en Maryland. Cuatro meses después, fue acusado de asesinar a Hamilton.
En sintonía con Hochul la fiscal general de Nueva York defendió las leyes en favor de los indocumentados
Bondi utilizó esta tragedia como ejemplo para instar a otros estados con políticas de santuario a cumplir con la ley federal. Aseguró que no querían demandar a los estados ni procesar a las personas, sino simplemente que cumplieran con las leyes federales.
Enfatizó que un solo caso como el de Nobles era demasiado, y que las "madres ángeles" que han perdido a sus hijos debido a la violencia de los inmigrantes indocumentados son una realidad demasiado frecuente en el país.
Bondi hizo un llamado a la acción, advirtiendo que, si los estados no cumplen con la ley, la administración federal tomará medidas, como ya lo hizo con Illinois y ahora con Nueva York.
La demanda de la administración Trump contra Nueva York se centra en las leyes estatales que permiten a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir y que limitan el acceso de las agencias federales a los registros de estos conductores.
Bondi se mostró junto a la madre de una joven asesinada por un inmigrante ilegal durante la administración Biden
La administración Trump presentó una demanda contra el estado de Nueva York, su gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James, alegando que están incumpliendo con la ley federal al proteger a los inmigrantes indocumentados.
La fiscal general Pam Bondi anunció la demanda el miércoles, acusando al estado de priorizar a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses.
Bondi también incluyó en la demanda a Mark Schroeder, comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV), citando las leyes de "luz verde" de Nueva York, que permiten a los inmigrantes indocumentados obtener una licencia de conducir.
La demanda se extiende a la gobernadora Hochul y a la fiscal general Letitia James
Estas leyes, también conocidas como la Ley de Licencias de Conducir, prohíben a las agencias federales acceder a la información de las licencias de conducir de Nueva York.
Bondi expresó su gran preocupación por el hecho de que los oficiales de policía no puedan acceder al historial de antecedentes de los conductores durante una parada.
Esto podría poner en riesgo la seguridad de los agentes al no saber con quién están tratando. Según Bondi, esta situación pone en peligro la vida de los oficiales de la ley y viola las leyes federales.
