La gobernadora de Nueva York aprobó una demencial ley contra el 'cambio climático'

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aprobó una lunática ley que obligará a las empresas de petróleo, gas natural y carbón a pagar una cifra monumental de USD 75 mil millones al estado por las emisiones de carbono y su presunta contribución al cambio climático.

La nueva legislación, denominada ''New York Climate Superfund'', está inspirada en una ley federal que responsabiliza a los contaminadores por los sitios de desechos tóxicos abandonados.

Según los defensores de la medida, los fondos recaudados se destinarán a proyectos de ''resiliencia'', como la protección costera y la mitigación de inundaciones, durante un período de 24 años, mientras el estado sufre un gran nivel de pobreza y desempleo.

Hochul justificó la ley, señalando que las empresas energéticas son responsables de la emisión de mil millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero en la atmósfera de Nueva York.

La gobernadora argumentó que los neoyorquinos han soportado los ''costos del cambio climático'', que ha afectado a todo el estado, con fenómenos climáticos extremos como tormentas devastadoras.

Por lo tanto, consideró que las empresas de petróleo deben hacerse responsables de estos daños y financiar los esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático. 

Un análisis realizado para los patrocinadores de la ley, la senadora estatal Liz Krueger (D-Manhattan) y el asambleísta Jeffrey Dinowitz (D-Bronx), indicó que las empresas extranjeras y estadounidenses pagarían un total de alrededor de USD 3 mil millones al año durante más de dos décadas y media, una cifra totalmente demencial. 

Entre las empresas más afectadas se encuentran gigantes del petróleo como Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, que podría enfrentar la mayor evaluación anual, con USD 640 millones al año. Otras compañías internacionales que podrían enfrentar sanciones incluyen a la mexicana Pemex, la rusa Lukoil, la británica BP, la francesa Total Energies, y la estadounidense Exxon, entre otras.

La nueva ley ha sido correctamente objeto de fuertísimas críticas. Los opositores, incluidos más de 30 empresas energéticas y grupos empresariales, advirtieron que la medida resulta inviable, podría enfrentar desafíos legales y, en última instancia, aumentaría los costos para los consumidores.

Ken Pokalsky, vicepresidente del New York State Business Council, cuestionó la viabilidad de la ley, sugiriendo que, en lugar de dejar de vender combustibles en Nueva York, las empresas podrían transferir los costos a los consumidores, lo que resultaría en precios más altos para las empresas y los hogares.

Los críticos también destacaron que esta ley se suma a otros costos recientes, como el nuevo peaje de congestión de USD 9 para acceder a Manhattan, así como futuras regulaciones ambientales, lo que podría generar un impacto económico negativo significativo en una amplia gama de consumidores y empresas.

Según ellos, el costo total de la ley podría ser de USD 75 mil millones, lo que podría llevar a consecuencias no deseadas y aumentar exponencialmente los costos para los neoyorquinos.

Por otro lado, algunos expertos en energía cuestionaron si la ley resistirá un desafío legal. John Howard, expresidente de la Comisión de Servicios Públicos del estado de Nueva York, sugirió que las empresas podrían encontrar apoyo en los tribunales federales para impugnar la medida, lo que podría retrasar su implementación o incluso anularla.

Aunque la ley busca responsabilizar a las grandes empresas energéticas por disparatados alegatos demócratas acerca de contribución al cambio climático y financiar proyectos para mitigar sus efectos, esta enfrenta una fuerte oposición por sus implicaciones económicas y legales.

Las empresas de energía y los grupos empresariales advierten que esta medida podría resultar en mayores costos para los consumidores y desencadenar disputas legales que podrían obstaculizar su aplicación efectiva.