El juez-dictador Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, le dio 48 horas a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se pronuncie sobre el supuesto incumplimiento de las medidas cautelares por parte del expresidente y perseguido político, Jair Bolsonaro.
La PGR deberá determinar si existen pruebas suficientes de estas violaciones e incluso podría solicitar el arresto en una carcel común y de régimen cerrado para el exmandatario, actualmente en prisión domiciliaria. Además, el Procurador General de la República, Paulo Gonet, tiene la facultad de solicitar investigaciones adicionales dentro del mismo caso.
La Fiscalía General de la República fue notificada la mañana de este lunes y tiene con 48 horas para emitir su dictamen ante el STF, plazo que coincide con el otorgado a la defensa de Bolsonaro para presentar sus descargos. Los abogados del expresidente sostienen que no se violó ninguna de las restricciones impuestas por el tribunal.
El juez-dictador Alexandre de Moraes.
Según la Policía Federal, Bolsonaro habría utilizado redes sociales, cuyo uso le había sido prohibido por el juez-dictador Alexandre de Moraes, y se habría comunicado con el general Walter Braga Netto, pese a la prohibición de contacto entre los acusados en la investigación del supuesto complot golpista. Ambos enfrentan cargos relacionados con el “núcleo crucial” de dicha conspiración.
La investigación también indica que Bolsonaro representa un riesgo de fuga tras la supuesta carta encontrada por la Policía Federal brasileña, en donde el expresidente le pedía asilo político "urgente" al mandatario argentino Javier Milei y la presunta posibilidad de una fuga del país a través de la Embajada de Estados Unidos en Brasil.
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.
El juez de Moraes espera la opinión de la PGR antes de decidir si procede a un arresto más estricto del expresidente, en vísperas de su juicio. La Procuraduría también fue requerida la semana pasada para pronunciarse sobre las acusaciones contra Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por supuestos intentos de interferir en el proceso judicial del complot golpista.
La Policía Federal los acusa falsamente de coacción durante el juicio y de atentar contra el Estado democrático de derecho. Será la Fiscalía General de la República la que determine si presenta cargos formales.
El inicio del juicio a Bolsonaro por el supuesto "intento de golpe de Estado" está programado para la próxima semana en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal.
