La Corte Suprema, dominada por el magistrado Alexandre de Moraes, dejó definitivamente firme la condena de 27 años y 3 meses de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro, cerrando toda vía de apelación y ordenando que cumpla su pena en las instalaciones de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. El fallo, que llegó a su “tránsito en juzgado”, convierte la sentencia en inapelable y profundiza la percepción de una justicia instrumentalizada al servicio del proyecto dictatorial de Lula da Silva.
La narrativa oficial sostiene que Bolsonaro lideró una “trama golpista” para impedir que Lula asumiera tras las elecciones de 2022. Sin embargo, la realidad histórica es completamente distinta. Bolsonaro transfirió el poder en paz el 31 de diciembre de 2022, viajó a Orlando, alquiló una casa y planificó llevar a sus nietos a Disney World, mientras Lula asumía el 1 de enero el control absoluto de todas las fuerzas de seguridad. Ocho días después, y con Bolsonaro fuera del país, se denunció un “golpe” basado en la irrupción de manifestantes en edificios vacíos un domingo por la tarde. Lejos de promover la protesta, Bolsonaro la condenó en tiempo real.
La acusación —un “golpe sin armas, sin cadena de mando, sin posibilidad de éxito”— fue convertida en dogma judicial por Moraes. Ningún jurista serio podría calificar ese episodio como intento de toma del poder, pero el tribunal avanzó implacablemente. En septiembre, la Primera Sala condenó a Bolsonaro y a siete colaboradores por supuestamente organizar una estructura destinada a revertir el resultado electoral e incluso evaluar acciones violentas. La sentencia: 27 años para Bolsonaro, 24 para el exministro de Justicia Anderson Torres, y 16 para el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia Alexandre Ramagem.
La decisión no sólo borra cualquier presunción de inocencia: también inhabilita a Bolsonaro de por vida, eliminando al principal rival de Lula para 2026. La Corte aclaró que no existen recursos posibles cuando no hay votos favorables a la absolución, como ocurrió en este juicio. La línea es clara: el sistema judicial ha decidido suprimir al mayor opositor político del país.
