Bolsonaro pierde su última apelación: se confirma la pena de 27 años y ordena su encarcelamiento inmediato

La acusación —un “golpe sin armas, sin cadena de mando, sin posibilidad de éxito”— fue convertida en dogma judicial por Moraes. Ningún jurista serio podría calificar ese episodio como intento de toma del poder, pero el tribunal avanzó implacablemente. En septiembre, la Primera Sala condenó a Bolsonaro y a siete colaboradores por supuestamente organizar una estructura destinada a revertir el resultado electoral e incluso evaluar acciones violentas. La sentencia: 27 años para Bolsonaro, 24 para el exministro de Justicia Anderson Torres, y 16 para el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia Alexandre Ramagem.

La decisión no sólo borra cualquier presunción de inocencia: también inhabilita a Bolsonaro de por vida, eliminando al principal rival de Lula para 2026. La Corte aclaró que no existen recursos posibles cuando no hay votos favorables a la absolución, como ocurrió en este juicio. La línea es clara: el sistema judicial ha decidido suprimir al mayor opositor político del país.

La situación se agravó el sábado, cuando Bolsonaro fue detenido preventivamente en la sede de la Policía Federal. Esta detención, no vinculada a la causa del supuesto golpe, se basó en la sospecha de que había intentado manipular su monitor electrónico con una herramienta térmica. El propio Bolsonaro alegó un estado de “confusión mental por la medicación” administrada para tratar sus episodios persistentes de hipo, consecuencia de secuelas del atentado con cuchillo de 2018.

Negó cualquier tentativa de fuga, pero Moraes utilizó incluso una vigilia religiosa organizada por su hijo, Flávio Bolsonaro, como argumento para mantenerlo preso, alegando riesgo de obstrucción. También mencionó la cercanía de su domicilio con la embajada de Estados Unidos, insinuación que roza lo absurdo.

El tribunal aún no evaluó el pedido de la defensa para que cumpla la condena en prisión domiciliaria por razones de salud, aunque Bolsonaro ya había pasado más de cien días bajo vigilancia electrónica por otra causa que lo investiga por contactos políticos en Estados Unidos tras la derrota electoral. Aun así, la Primera Sala ratificó la prisión preventiva, insistiendo en que Bolsonaro “actuó de manera consciente” al alterar el monitor.

Lo que emerge es un patrón: mientras Lula, condenado en el pasado por recibir sobornos, fue,  liberado tras 580 días y vio sus condenas anuladas, Bolsonaro enfrenta la máxima severidad en cada instancia. Las instituciones no están juzgando hechos; están destruyendo a un adversario. Como ocurre en toda democracia desnaturalizada, la línea entre justicia y persecución se ha desdibujado.

La Corte Suprema, dominada por el magistrado Alexandre de Moraes, dejó definitivamente firme la condena de 27 años y 3 meses de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro, cerrando toda vía de apelación y ordenando que cumpla su pena en las instalaciones de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. El fallo, que llegó a su “tránsito en juzgado”, convierte la sentencia en inapelable y profundiza la percepción de una justicia instrumentalizada al servicio del proyecto dictatorial de Lula da Silva.

La narrativa oficial sostiene que Bolsonaro lideró una “trama golpista” para impedir que Lula asumiera tras las elecciones de 2022. Sin embargo, la realidad histórica es completamente distinta. Bolsonaro transfirió el poder en paz el 31 de diciembre de 2022, viajó a Orlando, alquiló una casa y planificó llevar a sus nietos a Disney World, mientras Lula asumía el 1 de enero el control absoluto de todas las fuerzas de seguridad. Ocho días después, y con Bolsonaro fuera del país, se denunció un “golpe” basado en la irrupción de manifestantes en edificios vacíos un domingo por la tarde. Lejos de promover la protesta, Bolsonaro la condenó en tiempo real.