El Gobierno de Javier Milei deportó a 18 inmigrantes ilegales tras una serie de operativos de control migratorio realizados en la provincia de Salta, en el marco de un despliegue coordinado entre fuerzas federales y organismos nacionales en zonas cercanas a la frontera con Bolivia.
Las acciones se llevaron adelante bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, con la participación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la colaboración de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
Los procedimientos se concentraron en puntos estratégicos del norte del país, con el objetivo de reforzar la seguridad en corredores fronterizos.











