California anunció la revocación de 17.000 licencias de conducir comerciales (CDL) luego de semanas de presión directa de la administración de Donald Trump, que había exigido al estado corregir una violación grave de los estándares federales de seguridad vial.
La medida llega tras una serie de advertencias del Departamento de Transporte (DOT), que acusó al gobierno de Gavin Newsom de haber permitido la emisión de licencias sin cumplir requisitos federales esenciales.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, celebró públicamente la decisión y afirmó que el gobierno de Trump había logrado exponer un problema que California negaba.
''Después de semanas de afirmar que no habían hecho nada mal, Gavin Newsom y California han sido descubiertos con las manos en la masa. Ahora que expusimos sus mentiras, se revocan 17.000 licencias emitidas ilegalmente. Y esto es solo la punta del iceberg”, declaró Duffy, quien reiteró que la administración federal seguirá obligando al estado a garantizar que ningún conductor sin los estándares legales y de seguridad adecuados esté detrás del volante de vehículos de alto riesgo como camiones o autobuses escolares.
El secretario de Transporte estadounidense aclaró que se revocarán 17.000 licencias
Según el DOT, los conductores afectados ya fueron notificados de que sus licencias dejarán de ser válidas en 60 días debido a que no cumplen con los requerimientos federales actualizados.
Desde Washington, la medida se considera un paso importante para reforzar los controles y cerrar vacíos legales que California había tolerado durante años.
El gobierno estatal demócrata, sin embargo, reaccionó con dureza. A través de un mensaje en X, la oficina del gobernador Gavin Newsom acusó al DOT de mentir y defendió que los conductores poseían autorización laboral federal cuando recibieron las licencias. También negó haber admitido la emisión ilegal de CDLs y sostuvo que las revocaciones responden solo a ajustes normativos internos.
El demócrata Gavin Newsom intentó desligarse de la situación
No obstante, desde la administración Trump refutaron esos argumentos y calificaron la explicación de California como un intento de desviar responsabilidades. Duffy insistió en que la intervención federal era necesaria y recordó que su ''regla de emergencia'' se dictó precisamente por el nivel de incumplimiento detectado. ''Era así de grave'', subrayó.
La presión federal se intensificó tras casos recientes que encendieron alarmas de seguridad, como el de Harjinder Singh, quien ingresó ilegalmente al país en 2018 y enfrenta tres cargos de homicidio vehicular tras un accidente fatal en Florida.
Singh, quien contaba con una licencia comercial emitida por California, no aprobó pruebas básicas de inglés ni de señales de tránsito. El DOT reveló que solo identificó correctamente 1 de 4 señales y respondió bien apenas 2 de 12 preguntas verbales.
Otro caso señalado por autoridades federales es el de Jashanpreet Singh, también inmigrante ilegal, acusado de homicidio vehicular mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Había sido detenido por la Patrulla Fronteriza en 2022, pero liberado a la espera de una audiencia migratoria antes de obtener la CDL en California.
Una larga lista de inmigrantes ilegales han cometido delitos con sus licencias falsas
