La candidata correísta, Luisa González, actuó deliberadamente en contra de los intereses de los ciudadanos ecuatorianos en el año 2017, tan solo unos días antes de que el condenado exmandatario abandone su cargo, dificultando el acceso a las jubilaciones de quienes poseían el derecho de percibirla.
González, quien en ese momento se desempeñaba como ministro de trabajo suscribió al escrito en el cual imposibilitaba que aquellos beneficiarios de las jubilaciones menores a los 70 años de edad tuvieran un correcto acceso a las mismas. Dichos impedimentos fueron efectuados tan solo dos días antes de que Rafael Correa le cediera el poder a Lenin Moreno.
Si bien la comunista González no eliminó el derecho a las jubilaciones, la medida fue ampliamente criticada en su momento debido a que ponía grandes trabas a quienes cumplían con los 30 años de aportes requeridos por ley y tenían menos de 70 años de edad.
La correísta mediante el acuerdo ministerial 094 estableció requisitos absurdos para cobrar las jubilaciones
La medida criminal efectuada por la correísta establecía en su artículo noveno que los procesos de desvinculación no obligatorios, referidos a aquellos menores de 70 años de edad, se encontraban sujetos a restricciones presupuestarias fiscales existentes al momento del acuerdo ministerial 094.
El requisito que establecía el escrito presentado por González demandaba que aquellos trabajadores que buscaran acceder a la jubilación no obligatoria, era la necesidad de entregar solicitudes previas al 31 de marzo de cada año para que en caso de que el presupuesto sea suficiente ser tratadas recién al 30 de abril.
La locura no se detenía ahí, sino que en el caso de presentar la solicitud para jubilación posterior al 31 de marzo o en caso de que no existiese el presupuesto necesario para tal cobro, las jubilaciones recién serían percibidas el próximo período fiscal.
En paralelo, la medida establecía que estas demoras podrían verse subsanadas si el funcionario público renunciaba en forma voluntaria, pero esta opción permitía al estado correísta prescindir de la obligación de abonar la jubilación correspondiente por ley, convirtiéndose en ese en el artículo más criticado por la ciudadanía.
Si bien la demencial medida fue abolida en el año 2018 por parte del ministro de trabajo de Lenín Moreno, Raúl Ledesma, el terror por parte de la ciudadanía subsiste debido a la actual candidatura por parte de González a la presidencia como un títere del criminal condenado Rafael Correa, quien escapó cobardemente a Bélgica.
Como funcionaria del Ministerio de Trabajo, González estableció el decreto tan solo 2 días previo a la entrega del poder a Lenín Moreno
