El chavismo ordenó detenciones masivas tras la captura de Maduro

Uno de los ejes centrales del texto es la orden directa de búsqueda y captura. El decreto instruye a los cuerpos policiales nacionales, estadales y municipales a detener en todo el territorio a cualquier persona que haya “promovido o apoyado” la operación estadounidense. La redacción amplia y ambigua habilita persecuciones discrecionales y criminaliza expresiones políticas, opiniones públicas y presuntos vínculos con actores externos.

La norma también dispone la militarización de sectores estratégicos: servicios públicos, industria petrolera y otras industrias básicas del Estado. El personal civil que opera en estas áreas queda temporalmente sometido al régimen militar, consolidando la presencia de las Fuerzas Armadas en la economía y en la vida cotidiana. Además, el Ejecutivo queda facultado para requisar bienes y servicios considerados necesarios para la defensa nacional.

En materia de derechos, el decreto suspende garantías como la reunión y la manifestación pública, y habilita al Gobierno a adoptar “cualquier otra medida” que considere necesaria para la protección de la población. Aunque el texto afirma preservar derechos intangibles —vida, libertad personal, debido proceso—, la experiencia reciente del régimen chavista vuelve meramente declarativas esas salvaguardas.

El régimen chavista oficializó este lunes la entrada en vigor del Estado de Conmoción Exterior, una figura excepcional prevista en la Constitución venezolana, que otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo, habilita la suspensión de derechos y ordena detenciones contra quienes el oficialismo considere vinculados o favorables a la ofensiva militar de Estados Unidos. La medida fue publicada en la Gaceta Oficial y marca una nueva escalada autoritaria tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

El decreto, fechado el sábado y refrendado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tiene rango de ley y establece una vigencia inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga por un período idéntico. En los hechos, abre la puerta a medio año de régimen excepcional sin controles efectivos, en un país donde los poderes Legislativo y Judicial permanecen alineados con el chavismo.

Desde el punto de vista institucional, se trata de la primera activación del estado de conmoción exterior desde la Constitución de 1999, un dato que subraya la excepcionalidad del momento. El marco se apoya, además, en legislación previa que castiga el apoyo a sanciones internacionales o acciones que generen “daño extranjero”, con penas que incluyen inhabilitación política de por vida y confiscación de bienes.

Mientras el oficialismo moviliza a sus bases bajo una narrativa de “agresión imperialista”, se registran despliegues militares en Caracas, controles reforzados y vigilancia sobre infraestructura crítica. En paralelo, distintos reportes señalan movimientos en la frontera con Colombia, en un contexto de tensión regional creciente.

En los papeles, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo podrían revisar o revocar el decreto. En la práctica, ambos órganos responden al chavismo. El resultado es un cierre aún mayor del sistema político, con detenciones, militarización y restricciones que profundizan la crisis venezolana en un escenario ya marcado por la caída del liderazgo de Maduro y el endurecimiento del régimen.