China aprobó una profunda reforma de su Ley de Movilización de Defensa Nacional, una normativa que amplía de manera significativa las herramientas con las que el régimen de Xi Jinping podrá disponer de recursos civiles ante una situación de emergencia o conflicto.
La reforma fue aprobada el 28 de agosto de 2026 por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y entrará en vigencia el 1° de octubre. Se trata de la primera gran revisión de la legislación desde 2010 y comprende 14 capítulos y 82 artículos.
El cambio adquiere especial relevancia porque la nueva normativa busca acelerar la transición entre tiempos de paz y de guerra y convertir recursos económicos y sociales en capacidades de defensa nacional.
Hombres de hasta 60 años y mujeres de hasta 55
Uno de los puntos más llamativos de la reforma es la ampliación del universo de ciudadanos que pueden ser convocados para prestar servicios vinculados con la defensa nacional.
La ley establece que los hombres de entre 18 y 60 años y las mujeres de entre 18 y 55 años deberán asumir tareas de servicio de defensa nacional cuando el Estado decida implementar una movilización, aunque contempla determinadas excepciones.
La normativa también contempla una consideración especial para personas con determinadas capacidades técnicas, cuya participación puede quedar sujeta a necesidades específicas de la movilización.
Esto supone que la movilización no queda limitada exclusivamente a quienes integran las Fuerzas Armadas. El Estado puede recurrir a sectores de la población civil para sostener operaciones militares, responder ante desastres derivados de una guerra o colaborar en el mantenimiento del orden.
China podrá requisar vehículos, equipamiento, edificios y terrenos
La reforma también fortalece las facultades del Estado sobre los recursos civiles.
La legislación contempla mecanismos para la requisición y utilización de recursos civiles durante una movilización, incluyendo bienes materiales que puedan resultar necesarios para las operaciones de defensa. Las organizaciones y particulares quedan obligados a cumplir las disposiciones correspondientes y existen sanciones para quienes se nieguen a cooperar.
El alcance de estas medidas se extiende además a la infraestructura y a la capacidad productiva del país, con el objetivo de que la economía pueda ser rápidamente adaptada a las necesidades de una eventual situación bélica.
El Estado podrá intervenir sectores estratégicos
Otro de los aspectos centrales de la reforma es la posibilidad de establecer medidas especiales de control sobre sectores considerados estratégicos cuando se implemente una movilización.
Entre ellos aparecen las finanzas, el transporte, los servicios postales, las telecomunicaciones, las publicaciones, la radio y televisión, las redes de información, la energía, el suministro de agua, la salud y el abastecimiento de alimentos, entre otros.
China podrá requisar vehículos, equipamiento, edificios y terrenos
La normativa también permite establecer restricciones sobre los movimientos de personas y mercancías y aplicar regímenes laborales especiales en determinadas organizaciones y empresas.
En otras palabras, ante una movilización, Beijing tendría herramientas legales para subordinar buena parte de la actividad económica y de infraestructura a las necesidades de la defensa nacional.
Un nuevo concepto: los “intereses de desarrollo” de China
Uno de los cambios más relevantes aparece en la definición de las situaciones que pueden justificar la movilización.
La legislación establece que la movilización puede activarse cuando la soberanía, unidad, integridad territorial, seguridad o intereses de desarrollo de China se encuentren amenazados.
La incorporación explícita de los “intereses de desarrollo” amplía el lenguaje utilizado en el marco anterior y refleja la visión de Beijing sobre la seguridad nacional, que combina cada vez más las dimensiones militar, económica, tecnológica e industrial.
La propia legislación define la movilización como un mecanismo destinado a garantizar una rápida transición entre paz y guerra y a transformar la capacidad económica y social del país en capacidad de defensa.
La reforma llega mientras China continúa fortaleciendo su aparato militar y su preparación estratégica. Aunque la aprobación de la ley no significa que Beijing haya declarado una movilización ni que esté anunciando una guerra, sí representa una ampliación concreta de las herramientas legales disponibles para el régimen en caso de una crisis.
