Cinco gobiernos europeos anunciaron un plan conjunto para trasladar a Ruanda a inmigrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas definitivamente y que ya no dispongan de recursos legales para permanecer en la Unión Europea (UE). La iniciativa, que busca acelerar las deportaciones y frenar la inmigración irregular, representa un nuevo intento de externalizar el control migratorio mediante acuerdos con terceros países.
Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania y Países Bajos participan en las negociaciones con las autoridades de Kigali, la capital ruandesa, para establecer un centro de retorno al que serían enviados los extranjeros que hayan agotado todas las vías legales para permanecer en territorio europeo.
Según explicó el ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, las personas trasladadas tendrán tres alternativas: regresar voluntariamente a sus países de origen, establecerse en Ruanda o trasladarse a otro territorio donde tengan derecho legal de residencia.
Cinco países europeos elaboraron un importante plan para deportar a inmigrantes cuyas solicitudes migratorias hayan sido rechazadas a Ruanda
La primer ministro danesa, Mette Frederiksen, calificó la propuesta como un posible ''cambio radical'' en la política migratoria europea durante una conferencia de prensa celebrada el lunes en Viena, junto al canciller austríaco Christian Stocker y representantes de los demás gobiernos participantes.
Frederiksen sostuvo que el mecanismo permitirá a los países afrontar con mayores herramientas los desafíos asociados a la inmigración ilegal y responder a las preocupaciones de sus ciudadanos.
''Hoy marca un paso crucial hacia un nuevo sistema migratorio. Un sistema que proteja la cohesión de nuestras sociedades y responda a las preocupaciones de nuestros ciudadanos'', afirmó la mandataria danesa.
La primer ministro de Dinamarca destacó el cambio en la política migratoria de estos países y aseguró que brindará a Europa mayores herramientas
Por su parte, Stocker describió el acuerdo como un ''cambio de paradigma en la política migratoria'' y defendió que los estados europeos recuperen el control efectivo de sus fronteras y de las decisiones sobre quién puede permanecer en sus territorios.
''Porque si las personas que no tienen derecho a permanecer en la UE no pueden ser expulsadas del país, todo nuestro sistema de asilo se vuelve absurdo. No permitiremos que esto suceda'', declaró.
El canciller austríaco agregó que, cuando no sea posible devolver a una persona a su país de origen, los gobiernos podrán recurrir a terceros países como Ruanda para concretar su salida de Europa.
''Si el retorno al país de origen no es posible, las personas que no tengan derecho a permanecer serán devueltas en el futuro a un tercer país, como Ruanda'', explicó.
El canciller de Austria defendió el mayor control de las fronteras que esta medida otorgará a los países europeos
Biruta, en tanto, defendió la participación de su país como una contribución a la búsqueda de soluciones frente a un problema global. El funcionario estimó que la mayoría de los inmigrantes trasladados probablemente optará por regresar a sus países de origen.
Sin embargo, aclaró que quienes decidan permanecer en Ruanda no serán confinados en campamentos ni alojados en instalaciones separadas. Según explicó, serán incorporados a las comunidades locales mediante programas de integración que también beneficiarían a la sociedad ruandesa.
El gobierno de Dinamarca informó que el objetivo es comenzar los primeros traslados durante 2027. El proyecto todavía debe superar las negociaciones con las autoridades ruandesas y definir los mecanismos operativos para su implementación.
El ministro ruandés de Relaciones Exteriores defendió la participación del país africano en el programa impulsado por Europa
Los antecedentes del modelo de Ruanda
El proyecto europeo recuerda otros intentos de utilizar a Ruanda como destino para deportaciones. Estados Unidos comenzó a trasladar inmigrantes al país africano el año pasado, en virtud de un acuerdo separado que contempla la posibilidad de recibir hasta 250 personas.
Washington también alcanzó acuerdos con otros países africanos y latinoamericanos para deportar extranjeros cuando sus naciones de origen se niegan a recibirlos.
El antecedente más resonante fue el del Reino Unido, cuyo gobierno anunció en 2022 un plan para enviar solicitantes de asilo a Ruanda. Sin embargo, la iniciativa quedó paralizada por disputas judiciales y fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo británico debido a preocupaciones relacionadas con los derechos humanos. Finalmente, el gobierno laborista de Keir Starmer la abandonó después de su victoria electoral de 2024.
El nuevo proyecto europeo presenta una diferencia importante: únicamente alcanzaría a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas definitivamente y que ya no tengan recursos legales pendientes dentro de la UE. El plan británico, en cambio, también contemplaba trasladar a personas cuyos procedimientos de asilo todavía estaban en curso.
El gobierno de Donald Trump también implementó un programa similar para deportar a inmigrantes ilegales a terceros países