La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) estimó que cerca del 62% del territorio cubano permanece sin electricidad durante gran parte del día. Según las previsiones oficiales, de una demanda energética de aproximadamente 3.150 megavatios (MW), solo estarán disponibles unos 1.220 MW, una cifra que evidencia el profundo deterioro de la infraestructura energética de un país que es incapaz de proteger los servicios y derechos de su población.
El regimen cubano, que ha sufrido al menos seis apagones generales desde 2023, atraviesa una situación crítica que le impide garantizar incluso los servicios más básicos para la población. Las políticas económicas adoptadas en los últimos años por la dictadura comunista han agravado un sistema energético debilitado por décadas de falta de mantenimiento, inversión y modernización.
Entre los factores que agrandan esta crisis se encuentra la escasa renovación tecnológica de las plantas generadoras, muchas de ellas con varias décadas de antigüedad. A esto se suman los limitados recursos financieros del gobierno y persistentes denuncias de ineficiencia administrativa, burocracia y corrupción dentro de sectores clave del aparato estatal.
Las autoridades en La Habana han atribuido repetidamente la crisis energética al embargo económico impuesto por Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado planes concretos ni reformas estructurales que permitan revertir el colapso progresivo del sistema eléctrico.
