Tanto el PP como VOX han criticado duramente esta medida fascista impulsada por la izquierda española
El PP, aunque inicialmente estaba a favor de la reforma, ha expresado su rechazo a las enmiendas transaccionales que se han incluido en el texto, especialmente la introducción de una posible acción penal y la capacidad de las asociaciones para iniciar procedimientos judiciales.
María Jesús Moro, portavoz de Justicia del PP, ha criticado la creación de una "suerte de acusación popular en el ámbito civil" y ha señalado que el mandato al Ministerio Fiscal resulta innecesario.
También ha manifestado que tanto la Ley de Memoria Democrática como la reforma de la Ley de Asociación refuerzan una "Constitución militante", lo que podría significar la imposición de una ideología oficial del Estado, asociada al estalinismo y al marxismo, el movimiento más asesino de la historia de la humanidad.
La ley aplicará para cualquier organización que destaque algún aspecto positivo del gobierno de Franco
En una enmienda transaccional negociada por el PSOE y sus aliados (Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG), se ha incorporado una nueva vía para la disolución de estas asociaciones: la vía penal.
De acuerdo con esta enmienda, el Ministerio Fiscal podrá valorar la posibilidad de iniciar acciones penales para disolver entidades por delitos relacionados con ''derechos fundamentales', en particular en lo que respecta al delito de asociación ilícita, si se detecta incitación al odio o a la violencia.
Además, la reforma abre la puerta a que asociaciones y entidades defensoras de la ''memoria democrática'' puedan ejercer "legitimación activa" en este tipo de procesos judiciales. Este paso ha sido apoyado por partidos como el comunista y antidemocrático PSOE y sus aliados, pero ha sido fuertemente criticado por partidos de la oposición como el PP y Vox.
Por su parte, Vox ha sido el único partido que ha votado en contra del texto en la Comisión Constitucional, coincidiendo en sus críticas con el PP sobre la evidente politización de la justicia.
VOX ha sido el único partido que ha votado en contra de la Comisión Constitucional
En general, los partidos izquierdistas que apoyan la reforma consideran que la disolución de asociaciones que promuevan el franquismo es una medida necesaria para garantizar los derechos de las víctimas del gobierno de Franco.
La reforma de la Ley de Asociaciones se prevé que se someta a votación en el Pleno del Congreso en la segunda semana de abril.
Al tratarse de una ley orgánica, necesitará el respaldo de al menos 176 diputados para su aprobación y posterior remisión al Senado. La normativa solo afecta a las asociaciones, ya que en el caso de las fundaciones, como la Fundación Franco, la disolución sigue otro camino tutelado por el Ministerio de Cultura.
El comunismo español también busca desintegrar la histórica Fundación Franco
Este proyecto de reforma efectuado por el PSOE, tiene como principal objetivo la disolución de la organización ''HazteOír'', alegando que es una asociación franquista que debe ser desintegrada.
Esta organización es parte del brazo legal del partido de derecha ''VOX'', y además resultan ser los denunciantes de varios casos de corrupción del PSOE como el de José Luis Abalos y Begoña Gómez. Este factor pone en evidencia que la prohibición que busca llevar a cabo el comunismo español es una clara venganza política contra esta y VOX en general.
La prohibición llevada a cabo por el PSOE es una venganza política contra organizaciones de derecha que denunciaron serios actos de corrupción por parte de los izueirdistas
La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados está a punto de aprobar una lunática reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, impulsada por el PSOE, que tiene como objetivo permitir la disolución de asociaciones ''franquistas'' y de derecha.
Esta reforma, que se enmarca dentro de la Ley de Memoria Democrática de 2022, tiene como propósito garantizar el cumplimiento de la disposición adicional séptima de esa ley, la cual ya preveía la modificación de la legislación relacionada con el derecho de asociación para abordar este tipo de entidades.
La reforma propuesta incluye una disposición adicional a la Ley de Asociaciones que establece como causa de disolución la "realización de actividades que constituyan apología del franquismo".
El PSOE quiere establecer como motivo de disolución aquellas asociaciones que hagan ''apología al franquismo''
Este concepto de apología abarca tanto las menciones de la llegada al poder en 1936 como la exaltación del posterior gobierno del General Franco, así como la apología de sus dirigentes.
Además, se especifica que este tipo de actividades deben implicar un menosprecio y humillación hacia las víctimas de la guerra civil, o bien incitar directa o indirectamente al odio o la violencia contra estas víctimas por su condición de tales.
El texto también subraya que la disolución de estas asociaciones se podrá llevar a cabo con independencia de los fines teóricos y actividades especificadas en sus estatutos, y sin tener en cuenta si la asociación ha cumplido o no con la obligación de inscripción registral, mostrando una clara violación a la libertad de expresión.
La modificación de la ley establece que la disolución deberá ser realizada mediante una resolución judicial, con el Ministerio Fiscal ejerciendo la acción en estos casos.
