El Gobierno de España, liderado por el socialista Pedro Sánchez, ha puesto en marcha uno de los mayores procesos de regularización migratoria de los últimos años en Europa, con el objetivo de otorgar permisos de residencia y trabajo a cientos de miles de inmigrantes indocumentados. La medida, presentada por el Ejecutivo como una estrategia para sostener el crecimiento económico y garantizar el futuro del sistema de pensiones, ha desatado una fuerte polémica política y social tanto dentro como fuera del país.
Según cifras difundidas por la televisión pública española, cerca de 550.000 personas solicitaron acogerse al programa durante su primer mes de funcionamiento, superando incluso las previsiones iniciales del Gobierno. De acuerdo con esos datos, ya se habrían concedido más de 90.000 permisos temporales de trabajo.
Aunque el Ministerio de Migraciones evitó confirmar oficialmente las cifras, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, aseguró que España tiene capacidad administrativa para gestionar hasta un millón de solicitudes.
La iniciativa contempla no solo la regularización documental, sino también un sistema para conectar a los migrantes con empleos formales en sectores donde existe una importante falta de mano de obra. El Gobierno comunista mantiene acuerdos con empresas y organizaciones empresariales de áreas como la construcción, la hostelería, el transporte y los cuidados personales para facilitar la incorporación laboral de los nuevos regularizados.
