
La Corte Suprema aprobó las deportaciones masivas de Trump
El máximo órgano de justicia estadounidense falló a favor de la aplicación de una ley que permite a la administración Trump deportar delincuentes peligrosos
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la administración de Trump reanudara las deportaciones de miembros de pandillas venezolanas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, después de que un tribunal inferior bloqueara temporalmente el uso de esta ley.
El juez jefe del Tribunal de Distrito de DC, James Boasberg, había emitido una orden que impedía al presidente Trump invocar esta ley poco utilizada, que permite la deportación rápida de personas consideradas como una amenaza durante tiempos de guerra, en este caso, miembros del Tren de Aragua.
La administración Trump solicitó una revisión urgente de esta decisión y, tras un rechazo de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC, llevó el caso a la Corte Suprema el 28 de marzo.

La Corte Suprema levantó la suspensión de la orden de deportación, permitiendo que la administración Trump continúe con el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros mientras el litigio sobre su aplicación sigue su curso en los tribunales inferiores.
Esta victoria representa un avance significativo para la Casa Blanca, ya que permitirá a las autoridades de inmigración utilizar esta amplia autoridad en tiempos de guerra para deportar rápidamente a los miembros de pandillas, como los acusados de pertenecer al Tren de Aragua, a El Salvador, donde podrían ser encarcelados en prisiones de alta seguridad.
En su apelación de emergencia, Trump enmarcó el caso como una lucha sobre el poder judicial, argumentando correctamente que la decisión del juez Boasberg de bloquear la aplicación de la ley socavaba su capacidad para proteger a Estados Unidos de amenazas extranjeras, como las pandillas. La Corte Suprema aceptó la solicitud de la administración, anulando las órdenes de Boasberg.

Sin embargo, la corte dejó en claro que las personas sujetas a deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros deben recibir un aviso adecuado de que están siendo deportadas bajo esta autoridad y se les debe dar la oportunidad de impugnar su expulsión.
La decisión subraya que los migrantes deberán recibir el aviso con el tiempo suficiente para presentar una solicitud de habeas corpus e impugnar su deportación antes de que esta se lleve a cabo.
Los abogados de los migrantes habían expresado su preocupación de que la rapidez del proceso de deportación dejara a sus clientes sin tiempo para presentar quejas legales.
La decisión fue acompañada de una disidencia de los tres jueces liberales de la Corte Suprema, mientras que la jueza Amy Coney Barrett, miembro de la corriente conservadora, presentó una disidencia parcial.

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