Las acusaciones se centran particularmente en su intervención en el denominado “caso Catella”, actualmente en trámite ante el sistema interamericano, donde se habrían configurado incompatibilidades entre sus funciones públicas y su actuación previa como integrante de organizaciones peticionarias.
Según detalló el exfuncionario, el área estatal encargada de responder ante la CIDH estaba bajo la órbita de “una funcionaria que había intervenido previamente en este mismo caso, pero como representante de la peticionaria y miembro de la organización que promovió la denuncia”. La entidad mencionada es el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Por otro lado, subrayó además que no existía constancia de excusación o apartamiento de dicha funcionaria, pese al “evidente conflicto de intereses”, y denunció una “inacción absoluta e inexplicable” en la defensa del Estado.
