La comisionada argentina y actual vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la kirchnerista Andrea Pochak, quedó envuelta en un grave escándalo, por el que fue denunciada penalmente por presuntos hechos de corrupción administrativa, en un contexto marcado por acusaciones de conflicto de intereses y actuaciones contra el propio Estado argentino.
La presentación judicial fue realizada el pasado viernes ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, donde se solicita investigar a la funcionaria por posible abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, prevaricato, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El caso tomó mayor relevancia luego de que se difundieran declaraciones realizadas durante una audiencia de la CIDH el pasado 12 de marzo en Guatemala.
En ese marco, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Joaquín Mogaburu, advirtió que la Argentina había permanecido “durante años en una situación de absoluta indefensión” durante la gestión kirchnerista de Alberto Fernández, quien impulsó a Pochak.
Las acusaciones se centran particularmente en su intervención en el denominado “caso Catella”, actualmente en trámite ante el sistema interamericano, donde se habrían configurado incompatibilidades entre sus funciones públicas y su actuación previa como integrante de organizaciones peticionarias.
Según detalló el funcionario, el área estatal encargada de responder ante la CIDH estaba bajo la órbita de “una funcionaria que había intervenido previamente en este mismo caso, pero como representante de la peticionaria y miembro de la organización que promovió la denuncia”. La entidad mencionada es el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Mogaburu subrayó además que no existía constancia de excusación o apartamiento de dicha funcionaria, pese al “evidente conflicto de intereses”, y denunció una “inacción absoluta e inexplicable” en la defensa del Estado.
