La comisionada argentina y actual vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la kirchnerista Andrea Pochak, quedó envuelta en un grave escándalo, por el que fue denunciada penalmente por presuntos hechos de corrupción administrativa, en un contexto marcado por acusaciones de conflicto de intereses y actuaciones contra el propio Estado argentino.
La presentación judicial fue realizada el pasado viernes ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, donde se solicita investigar a la funcionaria por posible abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, prevaricato, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El caso tomó mayor relevancia luego de que se difundieran declaraciones realizadas durante una audiencia de la CIDH el pasado 12 de marzo en Guatemala.
Andrea Pochak.
En ese marco, un entonces subsecretario de Derechos Humanos advirtió que la Argentina había permanecido “durante años en una situación de absoluta indefensión” durante la gestión kirchnerista de Alberto Fernández, quien impulsó a Pochak.
Las acusaciones se centran particularmente en su intervención en el denominado “caso Catella”, actualmente en trámite ante el sistema interamericano, donde se habrían configurado incompatibilidades entre sus funciones públicas y su actuación previa como integrante de organizaciones peticionarias.
Según detalló el exfuncionario, el área estatal encargada de responder ante la CIDH estaba bajo la órbita de “una funcionaria que había intervenido previamente en este mismo caso, pero como representante de la peticionaria y miembro de la organización que promovió la denuncia”. La entidad mencionada es el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Por otro lado, subrayó además que no existía constancia de excusación o apartamiento de dicha funcionaria, pese al “evidente conflicto de intereses”, y denunció una “inacción absoluta e inexplicable” en la defensa del Estado.
En ese sentido, afirmó que durante ese período se omitió enviar documentación clave a la CIDH para la defensa del Estado, incluyendo treinta kilos de expedientes, lo que perjudicó gravemente la posición argentina.
Andrea Pochak.
El exfuncionario también remarcó que la persona señalada ocupa actualmente “un cargo de altísima responsabilidad dentro del propio sistema interamericano de derechos humanos”, en alusión directa a Pochak.
Pochak se desempeñó como Directora Adjunta del CELS entre 2002 y 2011, período en el que la organización impulsó denuncias ante organismos internacionales. Posteriormente, ocupó el cargo de Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos entre 2019 y 2023, etapa en la que la CIDH dio curso a diversos casos contra la Argentina. En la actualidad, ejerce la vicepresidencia del organismo.
La denuncia también pone el foco en la presunta comisión del delito de prevaricato, al haber intervenido desde el Estado en causas vinculadas con organizaciones en las que había trabajado previamente, así como en la eventual administración fraudulenta por el daño económico causado.
El episodio salió a la luz públicamente tras una entrevista del politólogo Agustín Laje a Neydy Casillas, integrante de Global Center for Human Rights, una ONG con sede en Washington DC dedicada al monitoreo del funcionamiento de organismos internacionales.
Las críticas se extienden a otros exfuncionarios del área de Derechos Humanos durante la gestión de Alberto Fernández, entre ellos Horacio Pietragalla Corti y Gabriela Kletzel, quienes tuvieron responsabilidades en la estrategia jurídica del Estado argentino ante organismos internacionales.
La investigación adquiere especial relevancia debido a que los funcionarios involucrados participaron en causas emblemáticas como las de Maldonado, Milagro Sala y Virgen Abortera, en las que también intervinieron organizaciones que podrían haber sido beneficiadas.
