La dictadura brasileña busca adquirir hasta $150.000 millones de reales en deudas morosas con descuentos de al menos 90%; un programa anunciado a días de las elecciones presidenciales.
Brasil planea destinar 15.000 millones de reales, unos USD 2.800 millones, para comprar hasta 150.000 millones de reales, equivalentes a unos USD 28.000 millones, en deudas morosas de personas físicas acumuladas en el sistema bancario privado. El objetivo declarado del Ejecutivo es absorber los pasivos incobrables de las familias mediante una intervención estatal directa y, posteriormente, refinanciar esas obligaciones de forma centralizada con los propios consumidores. La maniobra económica del dictador Luiz Inácio Lula da Silva se enmarca en una estrategia desplegada para aliviar la asfixia financiera de los hogares a expensas del Tesoro Nacional, en su intento por consolidar la estructura política que le permita competir por un cuarto mandato.
En términos macroeconómicos, el panorama del crédito en Brasil registra un stock total de deudas en mora que ronda los 300.000 millones de reales, aproximadamente US$ 56.000 millones. Este abultado volumen de impagos está compuesto fundamentalmente por saldos vencidos en tarjetas de crédito y préstamos personales no descontados de forma directa en las nóminas salariales. Con la puesta en marcha de este plan de salvataje, la meta del régimen es que el Estado brasileño intervenga de manera agresiva en el mercado financiero hasta absorber el 50% de todo el volumen moroso del país.
El dictador brasileño, Lula da Silva.
En cuanto al diseño operativo detallado por el ministro de Planificación, Bruno Moretti, la adquisición de los portafolios de morosidad se ejecutará mediante una subasta competitiva programada para el mes de noviembre. Las carteras bancarias elegibles deberán corresponder exclusivamente a deudas de personas físicas con montos individuales de hasta 10.000 reales, unos US$ 1.866. Asimismo, las obligaciones deberán presentar una antigüedad de entre dos años y cuatro años y medio, rango previo a que opere la prescripción legal del cobro, fijada por la normativa vigente a los cinco años.
Las condiciones comerciales proyectadas contemplan que los bancos privados compitan entre sí ofreciendo las mayores quitas posibles para desprenderse de sus activos tóxicos. El plan estatal prevé obtener descuentos de hasta el 90% o incluso superiores al 90% y 95%, margen de condonación que luego se trasladará de forma íntegra a los deudores. Bajo estas estimaciones, la absorción del bloque de 150.000 millones de reales en morosidad requerirá un costo fiscal estimado en 15.000 millones de reales.
El dictador brasileño, Lula da Silva.
Mientras que las transacciones privadas de este tipo mueven habitualmente cerca de 50.000 millones de reales por año, la intervención estatal busca triplicar de golpe la escala operativa del mercado.
El engranaje financiero reemplazará el esquema de mercado tradicional donde “cada persona va al banco a intentar renegociar su propia deuda” por una estructura centralizada en manos del Estado. Según las declaraciones oficiales de Bruno Moretti, "Esa reducción se transfiere de forma directa a los hogares". La ejecución técnica de la operación quedará a cargo del Tesoro Nacional o de entidades bancarias bajo control estatal, como el Banco do Brasil o la Caixa Economica Federal.
A la par del salvataje crediticio, la medida provisoria incluirá directivas específicas para los órganos reguladores, con especial énfasis en el Banco Central, dirigidas a frenar los excesos en la concesión de créditos y evitar que los usuarios incurran en sobreendeudamiento.
El dictador brasileño, Lula da Silva.
El paquete normativo redactado por Lula da Silva se articulará con la firma de un decreto para prohibir las apuestas deportivas y los casinos en línea, dos problemáticas que las autoridades consideran vinculadas con la crisis financiera familiar.
El despliegue de estos millonarios recursos fiscales coincide con un escenario político altamente polarizado a pocos días de las elecciones, donde las encuestas reflejan un empate técnico entre el oficialismo y el senador conservador Flávio Bolsonaro. Esta medida se suma a una serie de desembolsos populistas recientes, tales como el incremento de las transferencias directas del programa Bolsa Família y las intervenciones estatales para reducir artificialmente los costos de los combustibles.
