El dictador socialista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enviará al Congreso un proyecto de ley destinado a regular el funcionamiento de las grandes compañías tecnológicas de redes sociales, conocidas como “big techs”, y crear un marco jurídico que permita censurar a los usuarios y opositores.
“El Gobierno brasileño apoya la regulación y la supervisión de estas empresas, que acumulan miles de millones en ganancias, a menudo a costa del bienestar físico y psicológico de las personas”, declaró el jefe de Gabinete, Rui Costa, en una entrevista con la emisora Radio Alvorada FM, en el estado de Bahía (noreste).
Lula da Silva, dictador de Brasil.
Costa también manifestó la preocupación del régimen de Lula da Silva con los empresarios y cuestionó la escasa cooperación de las “big techs” con las autoridades brasileñas. “Los más ricos del mundo son dueños de empresas como Facebook, Instagram y X”, señaló.
Según el funcionario, estas plataformas digitales generan ingresos por miles de millones de dólares a nivel global, “patrocinando, fomentando y permitiendo delitos atroces como la pederastia, la trata de menores, la prostitución, el narcotráfico y el fraude bancario”.
También remarcó que la “libertad de expresión no es autorización para cometer crímenes” y justificó esa declaración autoritaria con la excusa de que la ley debe sancionar tanto a quienes producen "contenido ilegal" como a quienes "facilitan su difusión".
Lula da Silva y Alexandre de Moraes.
“Estamos hablando de algo muy peligroso. Más que nunca, necesitamos regular, vigilar y sancionar no solo a quienes publican, sino también a quienes facilitan la difusión de este contenido. Es necesario mejorar la legislación para disuadir y sancionar eficazmente estas actividades delictivas”, concluyó.
La censura a X
El pasado 30 de agosto de 2024, el juez-dictador Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó prohibir el acceso a la red social X por no acatar las ordenes de censura y no bloquear cuentas de usuarios opositores de Lula. La resolución incluía multas de 50.000 reales diarios para quienes accedieran mediante VPN y la prohibición de que las tiendas digitales ofrecieran la aplicación.
Sin embargo, tras duras criticas a Lula por parte de los brasileños, actualmente X opera con normalidad en el país, aunque el debate sobre su regulación sigue abierto.
