Un docente de nivel primario en el Reino Unido fue suspendido, despedido e incluso investigado por la policía luego de afirmarle a un grupo de estudiantes musulmanes que el país mantiene una tradición histórica cristiana y que el Rey continúa siendo la cabeza de la Iglesia de Inglaterra.
El episodio se originó durante una situación cotidiana dentro de la institución educativa. Según el relato del propio docente, varios alumnos utilizaban los lavabos del establecimiento para lavarse los pies antes de la oración, una práctica habitual dentro del islam.
Ante esta situación, el profesor intervino para explicar que ese uso no estaba permitido y que la escuela era laica. En ese contexto, señaló también que, si las familias buscaban un entorno con orientación religiosa específica, existía “una escuela islámica a solo un kilómetro de distancia”. Como parte de su explicación mencionó un hecho histórico ampliamente conocido: el Reino Unido sigue siendo un país cristiano.
Menores musulmanes en el Reino Unido.
El comentario desató una reacción inesperada. Los estudiantes musulmanes manifestaron haberse sentido “asustados”, lo que motivó a la institución a tomar medidas contra el profesor.
En marzo de 2024, el maestro fue apartado de sus funciones y posteriormente despedido. El caso fue remitido tanto a la junta de protección infantil como a la Policía Metropolitana, que abrió una investigación por un supuesto "delito de odio". La causa, no obstante, fue archivada al no encontrarse ningún elemento que constituyera una infracción penal.
Pese a la decisión policial, las autoridades educativas locales resolvieron continuar con el proceso administrativo. De acuerdo con medios británicos, acusaron al docente de generar “daño emocional” en los estudiantes, aun cuando no existían pruebas de abuso o conducta inapropiada. La evaluación quedó en manos de un panel de protección infantil compuesto por nueve adultos, entre ellos un detective de policía y dos trabajadores sociales.
Musulmanes en el Reino Unido.
Finalmente, ese panel confirmó la denuncia, lo que derivó en una dura e injusta sanción, y el profesor quedó inhabilitado para trabajar con niños. La resolución implica que no podrá volver a ejercer en ámbitos educativos o en cualquier espacio que involucre contacto profesional con menores de edad.
El caso generó fuertes cuestionamientos sobre la creciente intervención del Estado en situaciones que no presentan evidencia de daño real, la persecución judicial afirmar verdades históricas y expresarse libremente, así como sobre la exageración del concepto de “delito de odio”.
