La postura de Washington representa una ampliación significativa de la retórica y las políticas de Trump contra el crimen organizado en la región. En los últimos meses, la Casa Blanca incrementó su campaña contra el narcotráfico con bombardeos a presuntas “narcolanchas” en alta mar y otras operaciones que, según informes oficiales, han resultado en la muerte de más de un centenar de personas ligadas a redes de tráfico de drogas.
Analistas internacionales advierten que un eventual despliegue de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano sería una seria escalada militar, con importantes implicancias para las relaciones bilaterales entre ambos países y la estabilidad regional.
A diferencia de las operaciones en aguas internacionales, que cuentan con cierto respaldo en legislación de interdicción marítima, las acciones terrestres en México requerirían consentimiento explícito del gobierno mexicano o un marco jurídico extraordinario, algo que hasta ahora no ha sido concedido por Ciudad de México.
Por su parte, la Casa Blanca defendió las declaraciones de Trump, con la secretaria de prensa Karoline Leavitt respaldando la descripción del mandatario sobre la influencia de los cárteles en México y enfatizando que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad de seguridad nacional.
