El gobierno ecuatoriano anunció el despliegue de fuerzas militares y policiales en cuatro provincias con el objetivo de reforzar el orden público y combatir a las organizaciones vinculadas al narcotráfico y la violencia organizada. El operativo incluye controles vehiculares, patrullajes intensivos y la captura de líderes de grupos delictivos que operan en la zona.
La medida contempla un toque de queda que rige entre las 23:00 y las 5:00 en las provincias de El Oro, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos. Esta disposición forma parte de una serie de acciones impulsadas por el Ejecutivo para enfrentar el avance del crimen organizado. El toque de queda estará vigente hasta el 31 de marzo, y solo podrán circular trabajadores esenciales, como personal de seguridad, salud y fuerzas militares. Las autoridades advirtieron que cualquier civil que incumpla la restricción podrá ser detenido.
Miembros del ejercito ecuatoriano
El despliegue cuenta con la participación de unos 75.000 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas. Según datos oficiales, ya se logró la detención de al menos 72 presuntos integrantes de organizaciones criminales. Uno de los resultados más destacados, de acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, fue la desarticulación de un centro de acopio de armas y logística perteneciente al grupo conocido como “Los Choneros”.
El funcionario señaló además que, tras los primeros resultados, el gobierno evalúa extender este tipo de operativos a otras provincias, ante la posibilidad de que algunos líderes delictivos hayan intentado evadir los controles desplazándose a nuevas áreas. Reimberg también subrayó que estas acciones cuentan con respaldo internacional en materia de cooperación y asistencia técnica.
Ministro del interior ecuatoriano John Reimberg
Por otro lado, el gobierno llevó adelante intervenciones contra la minería ilegal en distintas regiones, una actividad que también alimenta redes criminales. Estas operaciones generaron tensiones con Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, expresó cuestionamientos por presuntos bombardeos en zonas fronterizas. Como resultado, ambos países acordaron la creación de una comisión investigadora conjunta.
El presidente Daniel Noboa calificó el despliegue como “un paso firme” en la lucha contra el narcotráfico y destacó la decisión de avanzar con medidas más estrictas para recuperar la seguridad en el país.
