Washington pidió datos a España sobre Bono y su papel en la conexión socialista-chavista.
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Estados Unidos ha solicitado formalmente a España información sobre las actividades del exministro socialista José Bono, considerado por la Administración Trump como una pieza clave en el entramado que unió al zapaterismo con el chavismo. El pedido se produce en el marco del endurecimiento de la política estadounidense contra Nicolás Maduro, tras su reciente designación como organización terrorista.
De acuerdo con fuentes judiciales vinculadas a la causa de Hugo “El Pollo” Carvajal, Washington investiga a Bono desde hace meses como posible “introductor” de José Luis Rodríguez Zapatero ante la cúpula bolivariana. Para los fiscales norteamericanos, el exministro habría sido el “nexo inicial” que abrió a los socialistas españoles las puertas de Miraflores. José Bono junto a José Luis Zapatero.
La ofensiva judicial no se limita al terreno político. Estados Unidos pidió a España información detallada sobre operaciones comerciales y decisiones adoptadas durante la gestión de Bono al frente del Ministerio de Defensa. Varias de esas actuaciones —incluidas actividades privadas, empresariales y societarias en República Dominicana— se encuentran bajo sospecha. Ese país caribeño también aparece en las pesquisas, ampliando el alcance de la investigación más allá de Venezuela y España.
El periodo crítico, según los investigadores, coincide con los años en los que “El Pollo” Carvajal dirigió la inteligencia venezolana (2004–2011) y Bono ocupaba la cartera de Defensa. Allí se inserta uno de los episodios más sensibles: la venta en 2005 de aviones de transporte y patrulleras españolas a la Armada venezolana. El contrato, supervisado por el embajador Raúl Morodo y el propio Carvajal, generó un fuerte conflicto diplomático entre Washington y el Gobierno de Zapatero, aunque supuso un beneficio económico para los astilleros españoles. Hoy, esa operación vuelve al centro del escenario por posibles pagos y comisiones relacionadas. José Bono junto a José Luis Zapatero.
A lo anterior se suma la documentación entregada años atrás por la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, actualmente exiliada, que incluía referencias a supuestos actos de corrupción y a comisiones ligadas a Navantia. La deriva judicial de Morodo —condenado en España por cobrar millones de PDVSA tras abandonar la embajada— termina de reforzar el cuadro de sospechas sobre la red de lobby prochavista construida por antiguos dirigentes socialistas.
La Administración Trump avanza con una estrategia cada vez más agresiva contra las estructuras del chavismo y quienes colaboraron políticamente con ellas. El desplazamiento del foco hacia Bono —figura históricamente blindada en España— abre un escenario de alto riesgo para el exministro, ahora bajo escrutinio internacional en un caso que expone la profundidad de las conexiones entre el socialismo español y un régimen catalogado como terrorista.
